El Gobierno estudia una moratoria en las cuotas sociales para autónomos y pymes

El coronavirus no ha cambiado el calendario de los pagos de autónomos y empresas a la Seguridad Social, lo que ha suscitado numerosas quejas. Este lunes ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, trasladó su reivindicación de suspender el pago de las cuotas de marzo, abril y mayo. Fuentes gubernamentales, ante esa petición, señalaron a este periódico que si bien lo que se ha aprobado en términos socioeconómicos hasta el momento ha sido lo más urgente, no se descartaba tomar más medidas para aliviar a autónomos y pymes.

De hecho, el Consejo de Ministros prevé estudiar este martes -e incluso no se descarta que también aprobar- una moratoria en las cotizaciones a la Seguridad Social para los dos colectivos, a los que podría dar hasta seis meses de plazo para esos pagos. Pero aún no hay datos precisos respecto al tipo de compañías que se verían beneficiadas de la medida, ni sobre cómo se articularía, puesto que el departamento de José Luis Escrivá deberá analizar las posibilidades financieras que la Seguridad Social.

Último día para el pago

Pero el calendario sigue corriendo y también este martes es el último día para que los autónomos paguen los 1.000 millones de euros en cotizaciones que hacen cada mes a la Seguridad Social. Son cálculos de ATA que asume, para realizar esta estimación, el mínimo de cotización para quienes no se han acogido a la tarifa plana, 286 euros mensuales, y la multiplican por los 3,3 millones de autónomos.

Y no solo los autónomos. Todas las empresas, incluidas las pymes, tendrán que hacer frente al pago de las cuotas a la Seguridad Social en un momento de "hibernación" de la actividad económica. Tomando como referencia los pagos presupuestados por la Administración para los empleadores en el año 2019 (72.583 millones de euros), se estima que en un mes la factura por este concepto supera los 6.000 millones.

El Gobierno sí aprobó la posibilidad de aplazar el pago de impuestos seis meses, tres de ellos sin intereses, a pymes y a autónomos. Pese a eso, al estado de alarma y a la vuelta de tuerca que el Consejo de Ministros dio a la orden de confinamiento, hay compañías que tienen que hacer ahora frente a sus obligaciones con el fisco. El lunes vencía el plazo para pagar el IVA de febrero. En particular, para las compañías que no pueden diferir el impuesto: las que tienen volúmenes de facturación superiores a los seis millones -que tuvieron que acogerse al sistema inmediato de información con ese plazo-, las compañías con ingresos inferiores a dicha cifra que se apuntaran al sistema y las que optaron por la fórmula de devolución rápida.

Los autónomos y el resto de empresas pagan el impuesto sobre el valor añadido entre el 1 y el 20 de abril. Se trata, esencialmente, de las pequeñas compañías, las que con facturaciones por debajo de los seis millones de euros, sí pueden diferir el pago de este impuesto en hasta 30.000 euros. Pero hay mucho nerviosismo entre las compañías, que han desarrollado en las últimas semanas una actividad muy desigual. Y se prevé que haya muchos aplazamientos en el pago, lo que se traducirá en cambios de acreedores: igual algunas empresas pagan a un proveedor y, a cambio, contraen una deuda con Hacienda. Pero por ahora no ha habido incidencias en las últimas retenciones a cuenta de los rendimientos del trabajo efectuadas por las empresas, correspondientes al mes de febrero y cuyo plazo expiró el 20 de marzo.

Aunque el verdadero test sobre la capacidad de las compañías será el pago fraccionado de Sociedades, casi una especie de prueba de fuego para muchas. Si bien las empresas con facturación inferior a seis millones de euros pueden diferirlo, las que entre ellas no se hayan incorporado al sistema de bases pueden verse en dificultades, puesto que si bien contarán con tres o seis meses más para abonar el impuesto, cuando les llegue el momento tendrán que pagar el 18% de la cuota íntegra de 2019. Y eso a pesar de la probable fuerte caída de la actividad en la primera mitad de 2020, aunque lo que abonen de más las empresas lo recuperarían en 2021.

Desde el REAF se sugiere abrir un nuevo plazo para cambiar la opción del pago del impuesto al sistema de bases, al que están acogidas las grandes compañías, y que implica que si su base imponible baja en este primer trimestre también se vea mermada la factura fiscal. En el primer trimestre de 2019, las grandes firmas pagaron 4.146 millones de euros en los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades. Las pymes, 636 millones.