coronavirus
El Gobierno rectifica y permite ahora a los autónomos trabajar durante el nuevo cierre laboral
El Gobierno se ha visto obligado a aclarar en un BOE extraordianario que al no poder disfrutar del "permiso retribuido recuperable" los autónomos no se ven afectados por la nueva norma.
El Gobierno rectificó este lunes por la noche sin previo aviso y permite ahora a los autónomos seguir trabajando, al menos en la línea de las limitaciones que ya introdujo en el decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo. Únicamente en el caso de los que tengan trabajadores a su cargo, serían estos empleados los que sí deberían parar durante este período especial hasta el 9 de abril.
El Gobierno ha publicado este lunes a última hora de la noche en un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario que los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el resto de normas que lo desarrollan, pueden continuar prestando sus servicios normalmente.
Según el BOE, "conforme a lo establecido en el artículo 1.1 del Real Decreto-ley indicado, el permiso retribuido recuperable únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena. Por tanto, las personas trabajadoras por cuenta propia quedan fuera de su ámbito de aplicación, toda vez que no podría hacerse efectiva ni la contraprestación económica ni la recuperación de horas" que establecía el nuevo decreto aprobado este domingo por el Gobierno.
Nuevas ayudas para autónomos
Por otro lado, el Gobierno está estudiando el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses y ser aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19.
La moratoria de cotizaciones se estudiará en el Consejo de Ministros de este martes y podría aprobarse incluso con carácter de urgencia, según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes gubernamentales, que apuntan que se están estudiando diversas medidas para mitigar el impacto del Covid-19.
El aplazamiento de cuotas, reclamado especialmente por las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y también por las organizaciones empresariales, ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
De esta forma es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, el que se encargará de articular la posible medida y establecer las condiciones, requisitos y parámetros de la moratoria.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro como consecuencia del coronavirus, que consistiría en una ayuda extraordinaria que duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que las asociaciones del colectivo ven "insuficiente".
La prestación también podría dirigirse a desempleados que hayan agotado el paro y personas que cuiden de dependientes, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Ayudas al alquiler, sí; ingreso mínimo vital, no
Esta prestación extraordinaria podría ver la luz también en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se aprobará un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
La medida que finalmente parece haberse caído del orden del día del Consejo de Ministros es el ingreso mínimo vital. Se trata de una iniciativa ya pactada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que se contemplaba como una prestación de la Seguridad Social, concebida, según el propio acuerdo, como un "aumento decidido" de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables "en un primer momento", para después establecerlo como "mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o ingresos bajos".
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