Coronavirus: Sánchez apunta ya a unos Presupuestos "de reconstrucción" para el año 2021

Tras varias horas reunido con el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez compareció este martes para anunciar las medidas económicas más extraordinarias tomadas por ningún presidente en la historia de la democracia española y para reconocer que el Ejecutivo ha podido cometer errores durante la crisis y, asimismo, pedir que estos se juzguen más adelante.

Que los problemas de liquidez o tesorería que puedan sufrir las empresas por las semanas de parón de la actividad que requiera la contención del coronavirus no se conviertan en problemas de solvencia, es decir, que no pongan en cuestión su supervivencia. Ése es el objetivo que persigue el Gobierno con la línea de avales que pondrá a disposición de las empresas y que estará dotado con 100.000 millones de euros (el 10% del PIB), el grueso del paquete de 117.000 millones de euros puramente públicos que movilizará el Estado de los entre 150.000 y 200.000 millones en que se calcula el programa total contando con la contribución privada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, afirmó que el sistema productivo español contará con "toda la liquidez" que necesite para mantenerse operativo. Un mensaje contundente tanto para las empresas como para los mercados financieros, que son los que en último término prestarán el dinero en operaciones que respaldará el Estado.

El real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros también contempla líneas de avales adicionales por valor de 2.000 millones de euros para las compañías exportadoras. Otras formas de respaldo del Estado al sector productivo pasa por la facilitación de procesos de reestructuración de créditos al sector agrario, afectado por la sequía.

Asimismo, prevé programas para apoyar la digitalización y la investigación y desarrollo para que las empresas puedan establecer sistemas de teletrabajo.

Agilización de los ERTE

El Gobierno, tal y como pedían patronal y sindicatos, agilizará los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los que tengan como causa directa las pérdidas de actividad derivadas de las distintas medidas adoptadas para atajar el virus, incluida la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de "provenientes de una situación de fuerza mayor". Y, de esta manera, la resolución de la autoridad laboral será expedida en un plazo de cinco días y no de quince, como establece la legislación para un ERTE ordinario.

La empresa deberá remitir a la autoridad laboral competente un informe sobre de qué manera su actividad se ha visto afectada, o que ésta no puede continuar con normalidad, por la cancelación de actividades, el cierre temporal de los locales, las restricciones en el transporte de personas y mercancías o la falta de suministros.

Las empresas que presenten un ERTE en estas condiciones no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores.

Contratos públicos

Las administraciones públicas también ayudarán a sus empresas contratistas con un régimen específico de suspensión de contratos públicos, y que consiste en la ampliación de plazos y compensación de salarios, y así evitar la resolución de los contratos y la consecuente potencial pérdida de empleo.

Presupuestos, para 2021

No lo dijo abiertamente, pero de las palabras pronunciadas este martes por Pedro Sánchez se deduce ya que la idea de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2020, a la que aún se aferraba la semana pasada, ha quedado muy superada por los acontecimientos. El presidente del Gobierno, que compareció tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada para aprobar un paquete de medidas de liquidez sin precedentes contra la crisis del Covid-19, admitió que cuando todo haya pasado y se haya "vencido al virus" será necesario presentar unas cuentas públicas "de reconstrucción social y económica".

Apenas el martes pasado, después de otra reunión en la que el Ejecutivo aprobó una primera batería de iniciativas para dar respuesta a los estragos que está causando la pandemia en la economía y en la sociedad, Sánchez reiteró que la situación hacía más "urgente" que nunca el respaldo de todas las fuerzas políticas al proyecto presupuestario que desde hace meses viene preparando el Ministerio de Hacienda. Este martes volvió a apelar a la colaboración de todos los grupos con representación en la Cámara baja sin excepción, pero con la mirada puesta más en el medio que en el corto plazo.

La tramitación de unos Presupuestos conlleva unos trámites que harían imposible actuar con agilidad frente a los desafíos que aún puedan plantearse como consecuencia de la enorme crisis sanitaria. Si en un escenario de normalidad, los cálculos del propio Ejecutivo pasaban por tener aprobados las cuentas de 2020, como pronto, antes de que acabara el verano, ahora que, entre otras cosas, el Parlamento está funcionando menos que a medio gas habría que irse aún más atrás. Sánchez está obligado, pues, a tirar de reales decretos ley como el aprobado este martes y, para los que el líder de la oposición, Pablo Casado, ya le han tendido la mano, pese a las acusaciones de tardanza y falta de contundencia que vertió hace solo cuatro días en su contra.

Reconocimiento de posibles errores en la gestión de la crisis

El jefe del Ejecutivo reconoció que quizá pecara de optimista a la hora de valorar cómo afectaría la llegada del coronavirus a España en la vida de los ciudadanos y en sus propios planes de legislatura, pero alegó que todos los países están "dando pasos en un camino de sombras y contando con muy pocas certezas" y evitó pedir perdón, como le exige parte de la oposición, por haber alentado, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo.

El presidente ha admitido que no hay un "manual infalible" y "caben errores" en la lucha contra el coronavirus, aunque ha subrayado que ahora es el momento de la unidad y ya habrá tiempo para evaluar la gestión de esta crisis.

"No existen certezas absolutas" ante esta emergencia, ha dicho el presidente en rueda de prensa tras el Consejo de ministros .

"Debemos actuar, y así lo estamos haciendo todas las administraciones en base al criterio de los científicos y a la buena fe", se excusó. "Tiempo habrá para examinar esta emergencia y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir".

También aprovechó para tratar de suavizar la imagen de división que se evidenció el sábado, durante el Consejo de Ministros extraordinario de siete horas que aprobó la declaración del estado de alarma. Así, adujo que lo delicado del asunto justificaba un debate prolijo. Paradójicamente, al tiempo que él hablaba en la Moncloa, desde la vicepresidenta segunda de Pablo Iglesias se emitía un comunicado para publicitar las medidas correspondientes solo a los ministerios que dirige Unidas Podemos. Un modo de reivindicar que la medalla del "escudo social" aprobado este martes les corresponde.