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La Fiscalía pide que los CDR sigan en prisión mientras que su defensa quiere su traslado a Cataluña
"No existen motivos para mantener una prisión que consideran "injustificable e insostenible tanto jurídica como socialmente a día de hoy", ha dicho Eva Pous.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido mantener en la cárcel a los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados desde septiembre por terrorismo, cuya defensa ha avanzado que tramitan ya peticiones para su traslado a Cataluña en el caso de que continúen en prisión.
A puerta cerrada, la Sala Segunda de la Audiencia ha celebrado este miércoles cinco vistas de apelación para revisar la situación de prisión provisional de cinco de los siete detenidos el pasado 23 de septiembre como presuntos integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR.
Se trata de Ferrán Jolis, Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina. Los otros dos encarcelados, Jordi Ros y Germinal Tomás Abueso, también han pedido que se revise su situación, pero sus recursos se estudiarán previsiblemente más adelante.
Según han informado fuentes jurídicas, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia que confirme los autos por los que fueron enviados a prisión el día 26 de septiembre por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos.
Frente a su argumentación, las defensas de los cinco imputados han pedido a la Sala que les deje en libertad, al entender que no existe riesgo de fuga y tampoco de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas.
Según ha manifestado a los medios de comunicación tras concluir las vistas la letrada Eva Pous, que ha ejercido como portavoz de las defensas, no existen motivos para mantener una prisión que consideran "injustificable e insostenible tanto jurídica como socialmente a día de hoy".
"Como sociedad no nos podemos permitir que haya continuas vulneraciones de derechos humanos", ha añadido la abogada, que ha denunciado que algunos de los detenidos no contaron con asistencia letrada al ser arrestados y ha criticado su difícil acceso a documentación que creen indispensable para valorar la idoneidad de la prisión.
Su objetivo es que, si la Audiencia mantiene la prisión provisional, los imputados sean trasladados a centros penitenciarios catalanes, peticiones que ya han comenzado a tramitar mientras siguen reuniendo la documentación necesaria para apoyarlas.
En la vista han hecho hincapié en que el secreto de sumario les generó indefensión, pero la Fiscalía se ha opuesto también a ese argumento, han apuntado fuentes jurídicas.
Pous ha rebatido por su parte la existencia de riesgo de fuga subrayado el arraigo de los detenidos, que cuentan con domicilio conocido, familia y condiciones sociales y económicas concretas.
Ante los medios solo ha querido hablar en catalán y ha rechazado responder a las preguntas en castellano con el argumento de que estaban "muy cansados". "Pagad traductores", ha añadido.
Según la investigación, iniciada por la Guardia Civil en 2017 en el marco de la "operación Judas", los CDR encarcelados planeaban sabotajes y se encontraban en un "avanzado estadio" en el proceso de confección de explosivos, como termita, con técnicas y procedimientos "en clara similitud" con bandas terroristas como ETA o Terra Lliure.
Los detenidos constituían un grupo "fuertemente organizado y clandestino" dividido en un "núcleo productor", encargado de preparar los explosivos, y en otro "ejecutor".
Jolis, Duch y Garzón participaron en 2018 en una reunión con una hermana de Carles Puigdemont para entregarle "documentación sensible" y establecer "comunicaciones seguras", actuando ésta como supuesto enlace entre los CDR, el expresidente catalán y su sucesor Joaquim Torra.
Jolis, uno de los dos únicos detenidos que declararon ante la Guardia Civil, dijo que el área de Presidencia de la Generalitat encargó ayuda logística a los CDR para que Torra, al que apodaban Gandalf, se encerrara con ellos en el Parlament "el día D", en respuesta a la sentencia del 'procés', para declarar la independencia.
En conversaciones telefónicas que les fueron intervenidas, Duch mostró "de manera expresa su plena disposición a participar en el asalto al Parlamento", encargado de la mantener abiertas las comunicaciones durante el encierro en la cámara.
La pasada semana se levantó parte del secreto de sumario que pesa en este procedimiento, que cuenta también con una pieza separada, que permanece reservada.
