¿En qué países europeos continúa penalizado el aborto?

La reciente victoria del ‘sí’ en el referéndum celebrado en Irlanda sobre la despenalización del aborto pondrá fin a una las leyes más restrictivas de Europa en esta materia. La influencia que el catolicismo tiene en este país es uno de los factores que explican que las mujeres solo pudiesen interrumpir su embarazo en caso de que sus vidas corriesen peligro, sin que se contemplasen los casos de violación, incesto o malformaciones del feto. Con la reforma constitucional que el Gobierno pretende implementar, se establecerá una ley de plazos con aborto libre hasta la semana doce y la posibilidad de llevarlo a cabo si existe riesgo físico o mental para la mujer o para el feto hasta la semana 24.

En el viejo continente se ha ido avanzando en esta materia en los últimos años, y la gran mayoría de los países cuentan con una legislación abierta en este sentido. En el caso de España, donde la cifra de intervenciones no para de descender, tras varios años viéndose obligadas a viajar al extranjero o a hacerlo clandestinamente en el país (con el riesgo que ello conllevaba), las mujeres vieron por fin reconocido su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo el 5 de julio de 1985, con la aprobación de una ley orgánica que les permitía hacerlo en los supuestos de riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer, violación y malformaciones físicas o psíquicas en el feto. No sería hasta 2010 cuando se legalizaría el aborto libre.

No obstante, y a pesar el predominio de esta tendencia y las continuas protestas de numerosos movimientos sociales y organizaciones feministas, existen algunos países en Europa que siguen restringiendo este campo (que afecta también a las menores de edad) de una forma considerable. Aquí se detallan algunos de esos casos:

Irlanda del Norte: a diferencia del resto de países que conforman el Reino Unido, en Irlanda del Norte solo es posible abortar si peligra la salud física o mental de la madre. La victoria del ‘sí’ en la consulta irlandesa ha abierto un debate en la región, habiendo aumentado el número de voces críticas que piden a la primera ministra, Theresa May, una reforma en este sentido. No obstante, el Partido Unionista Democrático, que sostiene con sus votos al Gobierno en Londres, no quiere ningún avance a este respecto. Polonia: el Gobierno polaco, en manos del partido nacionalista de derechas Ley y Justicia, anunció recientemente que pretende reformar la ley del aborto para que este solo pueda realizarse en caso de violación o cuando la vida de la mujer esté en riesgo. Aún así, la normativa polaca ya es una de las que más coartan esta cuestión, pues la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en casos de violación o incesto, además de con un diagnóstico de anomalías severas del feto o si la vida de la madre corre peligro a causa del embarazo. Finlandia: a pesar de los avances en materia de derechos sociales que ha cosechado el país nórdico en las últimas décadas y de la calidad de vida de la que disfrutan la mayoría de sus ciudadanos, el aborto sigue siendo su tarea pendiente. La mujer no puede interrumpir su embarazo libremente, solo en los casos de violación, si existe riesgo físico o psíquico para ella, si alega razones socioeconómicas o si el feto presenta graves malformaciones. También está permitido si la gestante es menor de 17 años o mayor de 40 o si ya tiene cuatro hijos. Malta: el país de la Unión Europea con la ley más prohibitiva al respecto, castiga el aborto con penas que van de los 18 meses hasta los tres años de prisión. Malta no tenía ninguna norma en este ámbito hasta 2013, cuando se aprobó la primera ley llamada Protección de la Vida durante el Embarazo, por la que se permite interrumpir voluntariamente este cuando la vida de la madre corra un peligro "real y sustancial". El pasado mes de febrero, el entonces Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, señaló en un artículo de prensa que "el acceso al aborto seguro y legal representa una parte intrínseca de las obligaciones en Derechos Humanos de los estados miembros", lo que podría abrir la puerta a un cambio legal en este Estado.