El fraude aflorado por Inspección de Trabajo en Aragón aumenta un 36% hasta alcanzar los 50 millones en 2023

Por infracciones en materia de seguridad y salud laboral, este organismo ha incrementado un 50% las sanciones alcanzando un total (no solo por este concepto) de 24,1 millones, a los que suma 25,9 millones más en liquidaciones a la Seguridad Social.

Reunión el pasado año en Zaragoza de la Inspección de Trabajo a nivel nacional.
Reunión el pasado año en Zaragoza de la Inspección de Trabajo a nivel nacional.
José Miguel Marco

El mayor control y vigilancia de las empresas para que cumplan con la ley de prevención centró la actividad de la Inspección de Trabajo en Aragón el pasado año y seguirá siendo su objetivo prioritario este 2024. 

Por infracciones detectadas, este organismo impuso en 2023 sanciones por más de 24,1 millones (frente a los 17,7 millones de 2022) y 25,9 millones (18,7 en 2022) más en concepto de liquidaciones a la Seguridad Social elevándose la cuantía total de las irregularidades detectadas a más de 50 millones, lo que supone un 36% más que el pasado año. 

Por importe de la infracciones, la mayor parte ha recalado en el sector del transporte y el almacenamiento, la construcción, la industria, la hostelería y el comercio. Hay que tener en cuenta que solo las liquidaciones a la Seguridad Social por parte de Glovo representan 13 millones.

Son datos extraídos de la memoria de actividad de este organismo que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Hemos incrementado las sanciones en prevención un 50%”, explica su máximo responsable en Aragón Román García Oliver. “No es que haya habido más denuncias. Son estables de año en año, pero ha sido en materia de seguridad y salud laboral donde más se ha actuado pasando de representar un 27% en 2022 a un 40% este pasado año”. 

Las razones, señaló, el incremento de los accidentes mortales en Aragón en un año trágico y que hubo que abrir muchos expedientes durante la campaña de calor por las condiciones no aptas en las que se trabajaba en distintos sectores”, indicó.

Un inspector por cada 7.289 trabajadores

El director territorial de la Inspección de Trabajo en Aragón hizo hincapié en que el millar de infracciones por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral se sancionaron con más de 5,8 millones , una cantidad que no se alcanzaba desde 2008, año de la burbuja inmobiliaria. “No vamos a bajar de ahí”, advirtió, al contar en la actualidad con inspectores dedicados exclusivamente a la prevención de riesgos laborales apoyados por 13 subinspectores. La ratio de trabajadores afiliados por inspector o subinspector se sitúa en 7.289.

En cuanto a los incumplimientos, nombró máquinas y equipos de trabajo que no cumplen con las medidas de seguridad, empresas que no tienen evaluación de riesgos, otras que no reúnen condiciones de seguridad, la falta de coordinación de actividades empresariales, los fallos en la formación e información a los trabajadores, la falta de medios de protección personal, etc.

En total, la Inspección trabajó en 21.234 expedientes (4.878 contra la economía irregular) frente a los 19.444 del año anterior, es un 9,3% más, y se realizaron 10.131 visitas a empresas (la mayoría en construcción, hostelería y servicios), parte de ellas en festivo y otras por la noche. Hubo más supervisión por la mayor siniestralidad laboral registrada y por haber contado con más medios

García Oliver subrayó que solo en tres meses han incorporado cinco inspectores más (el quinto se incorporará pronto). “La plantilla ha aumentado un 30% desde 2018. Entonces había 63 y en breve estaremos 85, anticipó. Y para este año, con el plan de choque contra los accidentes laborales mortales, tienen previsto incrementar en un millar más los expedientes que se realicen sobre todo en prevención de riesgos en el trabajo, relaciones laborales y empleo.

400 expedientes más este año en prevención

Lo que se va a reforzar son los expedientes en prevención en un 9% en unos 400, atendiendo sobre todo los puestos de trabajo en que se producen los accidentes más graves o mortales (en 2023 se inspeccionaron 686 de este tipo frente a los 465 de un año antes), una vez, explicó García Oliver, se han identificado las principales causas de la muerte tras investigar. 

Y son, enumeró, las “caídas en altura en cubierta, atrapamientos por vehículos automotores ya sean dúmpers, carretillas elevadoras o cosechadoras, caídas de cargas desde altura, atrapamiento en labores de mantenimiento, sepultamiento en excavaciones o zanjas, trabajos fuera de establecimiento fijo y contratas y deficiencias en la gestión de la prevención en los trabajos concretos y presencia de recursos preventivos en supuestos exigibles”.

"De todos los que nos hemos fijado como objetivo de prevención, que son 4.985 expedientes", precisó García Oliver, "un 24% constituyen el plan de choque (1.166)"

Aunque la vigilancia de la prevención fuese en 2023 y vaya a ser este año un objetivo transversal a toda la actividad inspectora, se seguirá trabajando en aflorar empleo irregular. Fueron 3.575 los detectados el pasado año frente a 2.711 en 2022.

Y en transformación de contratos, la Inspección intervino en 1.817 en Aragón frente a los 6.700 del ejercicio anterior cuando aún no estaba en vigor la reforma laboral que ha conseguido reducir bastante la temporalidad al acotarla por ley. Aún así las infracciones por irregularidades en cuanto a contratación han supuesto sanciones por importe de 1, 6 millones.

En materia de extranjeros, la labor inspectora impuso sanciones por importe de 2,3 millones, y en lo que son falsos autónomos detectó el pasado año a 1.509, y de ellos la mayoría 1.200 son repartidores o ‘riders’ que se corresponden a una actuación llevada a cabo por la Inspección contra Glovo hace 2 años y a la que está en desarrollo contra Uber Eats.

Del incumplimiento por parte de Glovo de la ley rider y de la sentencia que le obligaba a hacer a sus trabajadores asalariados y no falsos autónomos como siguen siendo, García Oliver manifestó que “está el Ministerio Fiscal en ello porque no dar de alta a estos trabajadores es un delito, igual que la subcontratación entre ellos”. Además, señaló, en relación a esta plataforma su opacidad y las trabas que ponen a la hora de aportar la relación y documentación de sus trabajadores. 

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