La subida de los costes enturbia el camino de los alimentos de la huerta a la mesa
El campo pide sanciones más contundentes para los que incumplan la ley de la cadena, con multas medias que ahora apenas superan los 3.000 euros.
Sequía, competencia desleal, avalancha regulatoria y medioambiental... son muchos los factores que estos días sustentan las protestas del campo y que confluyen en una conclusión final: los elevados costes que, además de mermar la rentabilidad de las explotaciones, llevan más de dos años tensionando los precios de los alimentos.
En este entorno, las reivindicaciones del sector han vuelto a sacar a la palestra la eficiencia de la ley de la cadena alimentaria, reformada recientemente para impedir que ningún eslabón venda por debajo de su coste de producción.
Es cierto que los precios del campo han subido en el último año. De hecho, y según datos de Eurostat, España es el cuarto país de la UE donde más lo han hecho. Pero eso no implica que haya márgenes positivos, pues hay que restar los costes y las mermas en la producción. Sí influye, no obstante, en el precio del producto que percibe el consumidor, al partir de una base más elevada. "El ciudadano debe saber que detrás de un alimento existe toda una cadena de valor que hace que ese producto esté a su disposición, con muchos agentes intermedios que son necesarios para ello", explica José Miguel Herrero, director general de alimentación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ese engranaje conlleva costes en cada paso, contribuyendo a que el kilo de limones por el que ahora se paga 1,96 euros en el supermercado, presente un precio en origen de apenas 0,20 euros. Los datos recogidos en el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos que mensualmente publica COAG (una de las tres organizaciones agrarias mayoritarias) son abrumadores. Por poner solo otro ejemplo, el ajo, que el agricultor vende a 1,18 euros, se dispara a 6,56 en los lineales.
La diferencia entre origen y destino no es el beneficio que saca el distribuidor, que también asume sus propios costes. Pero los agricultores advierten de malas prácticas en determinados eslabones de la cadena y reclaman mayor transparencia en ese proceso de formación de precios, castigando de forma más contundente a quien incumpla la norma que impide vender a pérdidas. "En general, la ley está funcionando, pero pedimos que se mejore su efectividad", explica Andoni García, responsable de organización de COAG.
Piden que se refuercen las inspecciones y las sanciones de una regulación que también obliga a registrar los contratos y a pagar en plazo al agricultor. Y es que según consta en los registros de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en todo 2023 y en lo que va de año solo se han impuesto 195 multas. "Y la media no supera los 3.000 euros", critican desde COAG. La mayoría, por no pagar en plazo. "Los frescos se deben abonar en 30 días y los no perecederos en 60 como máximo", indica José Antonio Latre, socio responsable de Estrategia para Retail y Consumo de EY, con el objetivo de que el ganadero o el agricultor pueda seguir produciendo sin ahogarse.
El problema es que ni la administración tiene personal suficiente para inspeccionar cientos de miles de operaciones, ni muchos se atreven a denunciar. "Es difícil porque aunque la ley garantiza el anonimato, hay miedo a que quien te compra se entere y luego te castigue sin contratos". Además, "en productos frescos y perecederos, no puedes permitirte encontrar a otro comprador si no te convence el precio que te dan en un principio", añaden desde el sector. Así que muchas veces no queda otra que vender a pérdidas.
"Con una capacidad tan limitada de la administración, sería más útil hacer un código de buenas prácticas que comprometa en sus relaciones comerciales a todos los eslabones", explica Felipe Medina, ingeniero agrónomo y secretario general de Asedas. Otras fuentes advierten que imponer precios superiores a los costes puede generar efectos adversos que habrá que vigilar. "Hay riesgo de dejar fuera del mercado a los productores más ineficientes, que suelen ser los más pequeños, e incluso de generar cierta tensión inflacionista", indican.
Equilibio casi imposible
Todas las partes coinciden en la complejidad de encontrar el equilibrio en la norma, clave en las protestas del sector tras varios años de subidas de costes que en 2022 rozaron el 32% (los precios subieron un 24% en ese periodo). Así que la bajada del 7% en 2023 no ha compensado un repunte que mantiene tensionados los precios de fertilizantes, semillas, piensos o carburantes. "Uno de los costes más importantes en origen se da en la recolección", indica Medina. Aunque no sea el que más influye en el precio final, los expertos coinciden en que "hay una interrelación enorme entre lo que pasa en el campo y lo que percibimos como consumidores al comprar, así que esta crisis nos afecta a todos".
