economía
Un tercio de las más de 600 empresas que se trasladaron de Cataluña desde el 1-0 siguen en Aragón
Unas 200 compañías regresaron a la comunidad vecina y un número similar o se han ido a otras o han desaparecido.
Pese a que en materia fiscal Aragón no ha sido precisamente una de las comunidades autónomas más atractivas para las empresas de Cataluña que querían trasladar su sede social a otras regiones tras la inestabilidad política generada por la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017, más de 600 compañías han decidido ubicarse oficialmente en Zaragoza, Huesca o Teruel desde entonces.
De ellas, según datos con los que cuenta el Gobierno autonómico, un tercio de ellas (221) permanecen aquí, mientras que unas 200 han decidido volver a territorio catalán y 200 más o se han ido a otras comunidades o han desaparecido.
Las peticiones de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez de facilitar el regreso de compañías a Cataluña que se fueron por el ‘procès’ con incentivos fiscales e incluso sancionando a aquellas que no vuelvan ha generado un gran descontento en el mundo empresarial, que ha denunciado el "chantaje" con el que el partido de Carles Puigdemont somete al Ejecutivo PSOE-Sumar para mantenerle en el poder y ha reivindicado la libertad de los empresarios de ubicar sus negocios donde quieran.
"Declaraciones y actuaciones como estas generan una inestabilidad que es precisamente lo que no quieren las empresas. Si siguen así, muchas más querrán irse también", apuntó a este diario este sábado José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que cree que de esta manera otras compañías podrían venir ahora a Aragón. Según su punto de vista, hablar de sanciones "es un brindis al Sol", ya que las normas de la Unión Europea prohíben tal posibilidad, mientras insiste en que lo que las empresas reclaman siempre es seguridad jurídica.
"La decisión de donde se implanta una compañía es privada y no se puede imponer por cuestiones políticas", indicó asimismo en días pasados Jesús Arnau, director general de la patronal CEOE Aragón. Tras reivindicar también el valor de la seguridad jurídica y de la libertad de mercado, denunció que el Ejecutivo central "lleve una temporadas modificando unilateralmente las reglas del juego".
Las firmas catalanas que se han trasladado en estos años a Aragón suman un volumen de facturación anual cercano a los 2.400 millones de euros y generan casi 8.000 puestos de trabajo, según información con la que dispone la DGA. En 2022, último ejercicio con datos completos, pagaron en impuestos de sucesiones cerca de 33 millones de euros.
Reconocen en la Cámara de Comercio y en el Ejecutivo aragonés que el impacto de los traslados por la vía de los impuestos no es especialmente importante. El grueso de la fiscalidad sigue estando ahí donde se realiza la actividad, un argumento expresado también por el fabricante de automóviles Stellantis cuando decidió ubicar su sede social en España en Vigo y no en Zaragoza, donde cuenta con una fábrica. Esta firma sigue pagando tasas nada desdeñables en Aragón y en el municipio de Figueruelas.
"A corto plazo el tema de los impuestos no afecta, pero a la larga a lo mejor sí, por ejemplo si decide realizar una nueva inversión", señaló a este respecto José Miguel Sánchez. En el tema fiscal, en todo caso, la determinación del presidente aragonés, Jorge Azcón, de reducir impuestos a la actividad empresarial puede ayudar a que la Comunidad gane el atractivo que hoy tienen claramente Madrid o Andalucía.
Empresas que han venido
Entre las empresas que han venido a Aragón desde Cataluña en los últimos años destacan algunas con vinculación especial con Huesca o Zaragoza por sus orígenes o por sus accionistas, como Laboratorios Ordesa, Daniel Aguiló Panisello (Dapsa, del grupo Saica) o Pangea Oncology.
En la lista están también MGS Seguros, la agroalimentaria Argal (incluida siempre en el listado de las 100 firmas con sede en Aragón con más facturación) o Proclinic, proveedor de soluciones para el sector dental que tiene 100.000 referencia de producto y presencia en 31 países. Esta última, como ocurre con la distribuidora farmacéutica Alliance Healthcare (que siempre está en el top 5 del citado listado de empresas de la Comunidad con más ventas), realiza en Barcelona algunas de sus actividades ejecutivas más importantes, pero cuenta en Zaragoza con un centro logístico automatizado de 12.000 metros cuadrados.
El Gobierno central, mientras tanto, intenta justificar las posibles cesiones a Junts recordando que hay que "vigilar" si las empresas que se han ido de Cataluña están pagando sus impuestos donde marca la ley y no están haciendo "ingeniería fiscal", según palabras de la propia ministra portavoz, la aragonesa Pilar Alegría, apoyada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
La DGA, entre la perplejidad e ir a los tribunales
Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, reconoció el pasado viernes que en la DGA están "perplejos" con el posicionamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez en algunos temas, entre ellos el relacionado con la petición de Junts de facilitar el regreso de las empresas que trasladaron su sede social de Cataluña a otras comunidades autónomas.
El propio jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, anunció tras conocer el planteamiento de la formación política independentista que irá a los tribunales si el Gobierno central decide incentivar el retorno a Cataluña de las empresas que en su día se trasladaron por el ‘procés’. "Querer primar a unas comunidades sobre otras es ilegal", subrayó. Azcón señaló que si el Ejecutivo central "toma decisiones" encaminadas a que salgan negocios de Aragón, "los servicios jurídicos harán todo lo posible para que se cumpla la legalidad y que esas empresas pueda elegir libremente dónde se instalan".
"Nosotros estaremos al lado de las empresas, a las que aseguramos que aquí hay seguridad jurídica", apuntó el viernes Javier Martínez. El director general dijo que a esas compañías les ofrecerá las herramientas disponibles en la administración aragonesa para facilitarles acciones de financiación o de apoyo a la internacionalización, que se pueden materializar a través de Avalia, Sodiar, Arex o el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
