"Las empresas se instalan donde hay seguridad jurídica. Si en Cataluña no la tienen, se van ahí donde cuenten con ella". Con esta rotundidad se ha pronunciado este martes el director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez, ante la petición de Junts de que se sancione a las compañías que trasladaron fuera de Cataluña su sede social como condición para apoyar el decreto 'ómnibus' que llevará este miércoles el Gobierno a las Cortes Generales. En la misma línea se ha manifestado Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón: "La decisión de las empresas de decidir donde se instalan es privada; solo faltaría ahora que los partidos impongan decisiones de mercado".

Un buen número de empresas catalanas decidieron trasladar sus sedes a Aragón entre 2017 y 2018 ante la inestabilidad política y jurídica generada por la declaración unilateral de independencia de la entonces Generalitat de Cataluña. En esos años lo hicieron más de 300, muchas de ellas de menos tamaño, pero algunas especialmente destacadas como MGS Seguros, Argal, Laboratorios Ordesa, Pangaea Oncology, Proclinic y Daniel Aguiló Panisello (Dapsa).

"Lo primero que quieren las empresas es seguridad jurídica", ha insistido José Miguel Sánchez, que va más allá de Cataluña en su crítica a las condiciones en las que las empresas desarrollan su actividad en el conjunto de España. "Mientras no haya calma y no seamos capaces de garantizar estabilidad a las empresas, estas pueden irse a otros países con mejores condiciones, como Portugal", ha señalado a modo de ejemplo. El portavoz de la Cámara ha denunciado sin tapujos el "chantaje" de Junts para dar su visto bueno a los decretos del Gobierno.

"No se pueden imponer criterios políticos a un escenario como el de la actividad de las empresas, eso es de república bananera"", ha remachado por su parte Jesús Arnau. "Muchas empresas se fueron de Cataluña, a Aragón por ejemplo, por sentido común, por garantizar su futuro, vivimos con libertad de mercado", ha añadido. "Llevamos una temporada con modificaciones unilaterales de las reglas del juego que son insostenibles", ha incidido antes de recordar que son precisamente los partidos independistas catalanes los que provocaron una situación en la que "las empresas fueron víctimas". "Nadie va a cambiar su sede porque hay libertad de empresa y de capital", ha destacado.