El repunte del gas y del petróleo complica que el Gobierno retire las ayudas anticrisis

El Banco de España redobla la presión para que el Ejecutivo retire los apoyos energéticos y Calviño deja en el aire su prórroga para 2024.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño durante la reunión del Consejo en su formación de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España).
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño durante la reunión del Consejo en su formación de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), en Santiago de Compostela.
EP

El Gobierno se ha topado de lleno con un enemigo inesperado que podría complicar, y mucho, la decisión sobre la prórroga del último plan anticrisis que, entre otras, contiene medidas como la rebaja del IVA a los alimentos y la de los impuestos de la factura eléctrica de los consumidores. Aunque sobre la mesa del Ejecutivo estaba la posibilidad de eliminar o modificar algunas de las ayudas que vencen el próximo 31 de diciembre, el reciente repunte del precio de algunas materias primas como el petróleo o el gas natural han puesto en jaque la justificación para esa retirada.

El Gobierno ya ha dejado claro que la prórroga aún no está definida y que el plan presupuestario -del que también depende la subvención de la tarifa de último recurso del gas natural (TUR)- aún está en proceso de formulación. Así que todo dependerá de cómo evolucionen esos factores externos que pueden complicar aún más el día a día de los hogares españoles.

La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, relajó este lunes su discurso en torno al futuro de las medidas, indicando que "vamos a seguir en la misma línea que hasta ahora, tomando las decisiones adecuadas para amortiguar el impacto de la crisis de inflación". Eso sí, dejó claro que siempre se actuará "pensando en una política fiscal responsable y en el mejor uso de los recursos públicos". Tras el Consejo de Ministros, recordó que el Gobierno ya ha destinado más de 50.000 millones para apoyar a familias y empresas frente al alza de precios. Unos paquetes anticrisis que algunos organismos como la Autoridad Fiscal (Airef) o el Banco de España han abogado siempre por limitar, advirtiendo de su impacto en los objetivos de déficit.

Este mismo lunes, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, insistió en que los gobiernos de la zona euro "deben dar marcha atrás en sus medidas de apoyo". Algo que consideró "esencial" para evitar presiones adicionales sobre los precios "que de otro modo requerirían una respuesta de política monetaria aún más fuerte". Es decir, o las economías aceleran el ajuste del déficit mediante políticas fiscales más restrictivas -eliminando las ayudas, por ejemplo- o los tipos de interés seguirán altos o incluso subiendo para controlar la inflación.

Durante su intervención en el encuentro International Forum of Sovereign Wealth Funds organizada por Cofides, Hernández de Cos aseguró incluso que, si hubiese una nueva crisis energética, el apoyo fiscal debería ser "mucho más selectivo". Todo en este momento en el que la escalada de los precios del gas natural y del petróleo vuelven a presionar el bolsillo de los consumidores.

Evolución al alza

Es cierto que el gas natural cotiza por debajo de hace un año, pero en el mercado de futuros vuelve a superar los 43 euros por megavatio hora (MWh) que no se veían desde abril. Y los analistas prevén más subidas ante la decisión de Rusia de cortar las exportaciones de gasolina y diésel, además de la huelga iniciada en dos importantes instalaciones de gas natural licuado en Austria.

Del mismo modo, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, vuelve a rondar los 95 dólares. Y cada vez hay más voces que apuntan a que el oro negro recuperará con facilidad los 100 dólares, con el consiguiente impacto en los precios de los carburantes, entre otros.

Por eso, si esta situación se prolonga, al Gobierno le resultaría difícil justificar la retirada del conocido como 'escudo social'. Pero, por otro lado, la presión para hacerlo es cada vez mayor.

Ante esta disyuntiva, Calviño defendió la gestión fiscal del Ejecutivo, insistiendo en que "España liderará las negociaciones sobre las nuevas reglas fiscales en Europa". La vicepresidenta recordó que el PIB ya se sitúa un 2% por encima del nivel prepandemia, insistiendo en que el impacto de los planes anticrisis en las cuentas públicas no ha impedido que la deuda sobre PIB baje más de cinco puntos en un año, con la previsión de situar la ratio en el 110% del PIB este año, mientras que el déficit caerá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto.

STV no ha notificado su entrada en Telefónica

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reiteró ayer que el grupo saudí STC no ha notificado la compra del 9,9% de Telefónica -cuyo consejo de administración se reúne este miércoles 27 de septiembre- al Gobierno, que tiene que dar su visto bueno a la operación, según la normativa vigente. «Por eso no hemos iniciado ningún trámite específico pero, como no puede ser de otra manera, seguimos muy de cerca todos los desarrollos que se puedan producir en este contexto», explicó.

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