El Gobierno evita el compromiso de aplicar peajes a cambio de ofrecer a la UE más trenes de mercancías
Ultima un acuerdo con la Comisión para suprimir el pago por uso de autovías, un requisito incluido en el plan de recuperación a partir del próximo año.
El Gobierno está perfilando un acuerdo con la Comisión Europea para evitar la aplicación de los peajes en las autovías españolas, como se había comprometido en el plan de recuperación. La cuestión se encuentra en la última fase de la negociación, aunque desde el Ministerio de Transportes admiten que no tienen la respuesta oficial de Bruselas.
Lo que ha hecho España es solicitar a la Unión Europea la eliminación del compromiso adquirido para recibir los fondos a cambio de aplicar un sistema de peajes en las autovías. Es decir, el Ejecutivo ha revisado parte de ese plan, tal y como indican fuentes de la Comisión. La portavoz de Economía comunitaria, Veerle Nuytsde, confirmó que se está avanzando "de forma satisfactoria y se están manteniendo conversaciones constructivas con las autoridades españolas con vistas a finalizar la evaluación lo antes posible".
Al ir vinculada a la aprobación de la adenda de fondos pendientes -con otras muchas más medidas-, el Ejecutivo ha conseguido que la UE avale la desaparición de los peajes en la ley de Movilidad Sostenible que se tramitará en el Congreso. Y que su aprobación pueda postergarse hasta finales de 2024 en vez del primer trimestre, como estaba previsto inicialmente.
Financiación, al Presupuesto
Para lograr este cambio de criterio, el Ministerio de Transportes ha puesto sobre la mesa el impulso al transporte por ferrocarril, como alternativa al de carreteras. Aunque no aborda la cuestión de la financiación de las autovías, que seguirá dependiendo de las partidas de las que se doten en cada Presupuesto del Estado.
Lo que ha negociado España ante la Unión Europea para evitar la implantación de los peajes pasaría, entre otras medidas, por el desarrollo del transporte de mercancías a través de la red de ferrocarril o el impulso del transporte público. Se trata de una opción medioambientalmente mucho mejor vista por Bruselas y evita el impacto económico y social que tendría el pago por el uso de las autovías en España, un país poco acostumbrado en la mayor parte de las comunidades autónomas a utilizar los peajes, más aún después de que en los últimos años se hayan retirado algunos de los históricos, como los de la autovía de Burgos o Cádiz.
Entre esas acciones puede figurar el compromiso de desarrollar autopistas ferroviarias en los corredores de tren en los que resulte viable y haya interés empresarial privado. También una bonificación de los cánones (las cuotas que paga cada operador a Adif) en los trenes de mercancías durante al menos cinco años. O el impulso a un programa de apoyo de esta opción de transporte incentivándolo frente al de vehículos pesados por carreteras, que ahora mismo es el mayoritario en España.
Polémica en la campaña
La posibilidad de pagar por el uso de las autovías volvió a colarse en la campaña electoral del 23-J después de que el Gobierno negara su aplicación a partir del 1 de enero de 2024, como el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, le recordó al del PSOE, Pedro Sánchez, en el cara a cara electoral. La Comisión Europea llegó a corregir la posición del Ejecutivo sobre este asunto al confirmar que el plan de recuperación español incluía una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y el compromiso de introducir esos pagos.
En realidad, la polémica medida figura en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembros. Aunque el Ejecutivo español extrajo esta posibilidad de la Ley de Movilidad Sostenible alegando el impacto que tendría en la economía tras el inicio de la guerra en Ucrania y el alza de los combustibles. Aquel compromiso estaba ligado al desembolso del quinto tramo de los fondos, con más de 8.000 millones de euros.
Ese texto establecía que "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras" para poder mantener los 12.000 kilómetros de alta capacidad con un coste millonario.
