economía
Playas reducidas a una fila de sombrillas: "Cada año está peor y hay menos trozo de arena"
Somos Mediterrania, plataforma ciudadana surgida hace dos años entre residentes y propietarios de segundas viviendas, algunos aragoneses, mantiene las movilizaciones este verano.
Este verano se vuelven a ver movilizaciones en municipios costeros en los que los efectos de la regresión de las playas han dejado a algunas casi sin arena. La plataforma ciudadana Somos Mediterrania, formada hace dos años por residentes y propietarios de segundas viviendas, acaba de reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica para insistir en la necesidad de que hacen falta acciones urgentes. Este sábado hay protestas en Oropesa (Castellón), entre los afectados de la playa Morro de Gos, que ya salieron a la calle hace una semana.
Hace tres años las violentas tormentas que azotaron España, desde Gloria a Filomena, dejaron su huella en el litoral mediterráneo 'tragándose' casi literalmente metros de arena, ahondando en un problema medioambiental, legal y social que se viene arrastrando desde hace décadas por diversos motivos. Grupos de vecinos empezaron a reunirse y después a organizar concentraciones de protesta para pedir medidas más ágiles a la Administración. Ese fue el origen de la plataforma Somos Mediterrania.
Reunión en Madrid
La competencia de las costas corresponde al Gobierno central y de ahí que el objetivo de la citada organización haya sido convertirse en interlocutor con el Ministerio, algo que ha conseguido tras la reunión del pasado miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general de Costas, Ana Oñoro, en Madrid.
La reunión ha supuesto el reconocimiento de la plataforma como movimiento social representativo. A ella acudieron la aragonesa Belén López, una de las impulsoras de la citada organización, Manuel López y Javier Cremades, otros dos portavoces. "Cada año está peor y hay menos trozo de arena", apunta la aragonesa, que procede de la asociación de afectados de Morro de Gos (Oropesa). "La nuestra está peor que el año pasado", reconoce sobre la citada playa castellonense, aunque este invierno no ha habido borrascas fuertes. A la agrupación pertenece también la del poblado marinero cercano de Torre la Sal. Sin embargo, se encuentran en buen estado la playa de La Concha de Oropesa pueblo o la de Marina d'Or.
Los flujos de las corrientes y otros problemas
Dentro de un municipio puede haber playas afectadas y beneficiadas por los mismos fenómenos. "Hay problemas del flujo del transporte de la arena. Las corrientes van de norte a sur en esta parte del Mediterráneo y cuando hay corrientes fuertes el desplazamiento de arena va de norte a sur", explica Cremades. Él procede de la zona de Gandía, donde la playa de esta localidad recibe sedimentos del resto y no tiene problemas de falta de arena, pero se van quedado en peor situación las de localidades del sur como Daimuz, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Oliva y Piles, integradas en la plataforma. Su familia cuenta con una vivienda en Bellreguard.
"Todo se construyó dentro de la legalidad y hemos pagado impuestos estos años", apunta. Su padre levantó su casa en los años sesenta, antes incluso del 'boom' del turismo, recuerda. Ahora estaría amenazada como otras por el avance del mar.
"Si las playas y deltas tuvieran su aportación natural de arena, no se estarían hundiendo, el mar no avanzaría y tendríamos una mayor protección contra el previsible impacto del cambio climático", añade Cremades. La plataforma rechaza que el hecho de que haya playas reducidas a una línea de arena o únicamente con rocas se deba solo a fenómenos naturales. “Siempre han mirado para otro lado, achacando todos los males al cambio climático, señalando a las víctimas y privándolas de derechos fundamentales", critica sobre la actuación del Estado.
Desde la asociación denuncian que para conservar las playas no se debe permitir "que se sigan reteniendo miles de millones de metros cúbicos de arena en las presas, puertos y espigones", exigen.
La plataforma ha logrado sumar desde su creación casi medio centenar de asociaciones de distintos municipios españoles que comparten el problema común de la regresión de sus costas, aunque los motivos resulten diferentes y cada una se encuentre en una situación de riesgo distinta. Se trata de zonas de Castellón, Alicante, Valencia, Murcia, Islas Baleares y Huelva, además de alguna en Cantabria y Galicia.
Reclaman medidas urgentes "para evitar que la degradación del litoral español prosiga su camino inexorable". Son conscientes de que la cita de la semana pasada en Madrid solo supuso un paso más en su lucha, en la que han visto pocos avances en este tiempo, pero al menos el primer encuentro con el ministerio supone que "se han abierto puertas". Hasta ahí han llegado después de movilizaciones tanto en sus municipios como a las puertas del ministerio.
y acaban en los cajones o se eternizan”
Entre las actuaciones, que vienen reclamando sin éxito figura el mantenimiento y regeneración de playas, resolver problemas ambientales, de las concesiones, deslindes que se han producido ya y solicitar una reforma legal amplia, que incluye derogar la actual ley de costas y su reglamento. En todos estos años lamentan los pocos avances que se han conseguido para dar una solución. “Nos prometen la ejecución de proyectos y acaban en los cajones o se eternizan”, reprochó Manuel López a la Administración.
La ley tiene 35 años y algunas asociaciones vienen luchando todo ese tiempo. Lamentan que "no vino a solucionar nada". “Es una ley muy ambigua, que ha provocado indefensión jurídica", afirmó Manuel López tras la reunión. Cremades cree que pudo tener un buen objetivo en su día de "proteger" y reparar, pero en la práctica denuncia que no se ha cumplido y solo se ha actuado cuando ya ha llegado el agua a las propiedades para decretar que pasen a manos del Estado. Estas se convierten en "dominio público" y los anteriores dueños tienen solo una servidumbre de protección que les permite el uso durante 75 años, pero que les impide, por ejemplo, hipotecarla. "Si vas a venderla cada año vale menos", reconoce Cremades.
“Llevamos años con litigios costosos”, comentó Manuel, que viene de una zona donde ya se han decretado deslindes de viviendas, en Guardamar del Segura (Alicante). “Los ciudadanos estamos siendo señalados como los culpables de un daño que provocan otros. Eres el propietario o concesionario de una vivienda inscrita, construida con todos los requisitos legales y un día te levantas con una orden de desalojo y destrucción y solo tienes 10 días para destruir tu vivienda o recurrir la orden. Es inhumano, no hay sensibilidad, somos personas, te están arrancado de tus propias raíces, hay miles de personas padeciendo un hostigamiento brutal del Estado”.
"El Estado debe proteger la costa de la erosión", afirma Belén López, ya que considera que "no es justo que, como consecuencia de no haberla protegido, los que vivimos en las playas tengamos que entregar nuestras propiedades al Estado para que el Estado aumente desmesuradamente la superficie de dominio público".
"En nuestra playa temen que un día pueda llegar el agua a las casas y afectarles", confiesa la portavoz de Somos Mediterrania, en referencia a la de Morro de Gos.
Movilizaciones en julio y agosto en la costa
Por todo ello, la plataforma continúa con su calendario de movilizaciones en varios municipios, organizadas por la asociación de cada zona, que habían comenzado antes de la reunión con el ministerio en Madrid. La organización alerta que más del 60% de las playas de la costa española se están extinguiendo, y con ellas los derechos de los ciudadanos.
La próxima protesta convocada se celebrará en Oropesa, este sábado, 29 de julio, a las 19.30, recorriendo el paseo marítimo de la localidad en varios puntos.
