¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Vivienda?
El Congreso ha fijado un calendario con la idea de aprobar el texto tras catorce meses atascado en su tramitación parlamentaria.
El Congreso ha fijado un calendario con la idea de aprobar el texto de la nueva Ley de Vivienda este próximo jueves 20 de abril en Comisión de Transportes y en el pleno del día 27 de abril, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición con ERC y Bildu este martes. El último paso será la aprobación en el Senado con idea de que esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales que se celebran el próximo 28 de mayo.
Incluso, según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, el objetivo es que en la Cámara Alta se aceleren los trabajos con idea de que se apruebe en el primer Pleno de mayo para que la nueva ley esté en vigor antes incluso de la campaña del 28M.
Este calendario es posible gracias a que la ponencia de la Ley sobre el Derecho a la Vivienda ha dado luz verde este martes su informe con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con UP, ERC y Bildu.
En la reunión de la Mesa y portavoces de la ponencia los grupos de la oposición han manifestado su rechazo a las prisas de los grupos que sustentan al gobierno y sus socios parlamentarios.
Tras catorce meses atascada en su tramitación parlamentaria, la negociación de la Ley de Vivienda se desbloqueó el pasado viernes con un acuerdo político entre el PSOE, UP, ERC y Bildu, y ahora todo parece indicar que se va a aprobar en menos de 10 días.
Algunas novedades de la Ley de Vivienda
El acuerdo incluye que la subida de todos los alquileres de vivienda en la renovación anual de los contratos se limitará al 3% en 2024 y que, antes del 31 de diciembre de 2024, el INE definirá un nuevo índice de precios de referencia que no superará el IPC y que se aplicará a los grandes tenedores (personas físicas y jurídicas propietarias de cinco o más inmuebles) en las zonas que se declaren tensionadas.
Las comunidades autónomas podrán declarar un área tensionada si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30% de la renta media de los hogares o si el precio de compra o el alquiler de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
Para los pequeños propietarios la ley prevé que la primera vez que saquen su vivienda al mercado de arrendamiento tendrán que aplicar el índice de precios, mientras que en los nuevos contratos de inmuebles ya alquiladas con anterioridad no podrá superarse el precio del contrato anterior y los caseros recibirán bonificaciones fiscales si bajan el precio.
