Claves de la nueva Ley de Vivienda: del tope al alquiler al gran tenedor
El pacto firmado por el Gobierno y sus socios incluye límites de precios a las viviendas de alquiler en zonas tensionadas y la eliminación del IPC como índice de referencia para actualizar contratos.
Este viernes ERC y EH Bildu han anunciado un acuerdo con el Gobierno de PSOE y Podemos sobre la nueva Ley de Vivienda. La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, y de EH Bildu Oskar Matute han avanzado, en una rueda de prensa, los detalles de esta nueva norma que pondrá tope a los alquileres en las zonas más tensionadas.
La política vivienda va a ser uno de los ejes principales del programa electoral del PSOE para las elecciones municipales por lo que se ha puesto especial interés en la resolución de este acuerdo desde el grupo mayoritario del Gobierno.
Condiciones para declarar un área como tensionada
La primera medida que han anunciado desde ERC y EH Bildu es que las consideradas áreas tensionadas de contención de alquileres se declararán a petición de las administraciones según dos condiciones que no es necesario que se cumplan a la vez:
- Que la carga media del coste del alquiler más gastos supera el 30% de la renta.
- El precio ha aumentado 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Las rentas de los nuevos contratos que se suscriban en estas áreas tensionadas estarán limitadas a un índice de referencia que establecerá el Gobierno a través del Ministerio de Transportes. Es decir, la comunidad autónoma tendrá que declarar un área tensionada y, entonces, aplicar la limitación. Este aspecto no cambia respecto al proyecto de ley aprobado en consejo de ministros.
Nueva definición de gran tenedor
Se rebaja la consideración de grandes tenedores a los propietarios de 10 a 5 inmuebles en las zonas tensionadas. Serán las comunidades autónomas, en función de sus competencias y dependiendo de sus realidades, las que determinarán esta condición.
Tope a los alquileres en zonas tensionadas
Una de las novedades de la norma es que los gastos del alquiler de un inmueble correrán a cargo del propietario. El servicio inmobiliario deberá abonarlo el propietario. Además, se elimina el IPC como referencia para actualizar los contratos porque la inflación "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes". De esta forma en 2023 el límite será del 2% en vigor, y en 2024 el índice será de 3% y a partir de ahí se volverá a negociar con un nuevo cálculo.
Serán regulados y topados todos los alquileres en áreas tensionadas "en todos los casos". Esto será efectivo tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos contratos. Los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
Límites a los desahucios
Se endurece la legislación sobre los desahucios y se introducen nuevas prórrogas a los procedimientos de lanzamiento:
- Se pone fin a los desahucios sin fecha y hora predeterminada.
- Se incluyen prórrogas a los procesos de lanzamiento a más de dos años y a las personas vulnerables se les podrá establecer un proceso de conciliación extrajudicial.
- Las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
- Además, las comunidades autónomas podrán usar sus recursos habitacionales para dar solución a la vivienda de los desahuciados.
Protección a los inquilinos
El acuerdo conocido también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.
Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.
