Economía

Convocan una huelga de las 4.000 empleadas de limpieza de edificios de Huesca

Los sindicatos UGT y CC. OO. han tomado la decisión al no llegar a un acuerdo con la patronal en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Concentración de los sindicatos para exigir la renovación del convenio de limpieza de la provincia de Huesca.
Rubén Darío Núñez

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una huelga indefinida en el sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Huesca, que afecta a 4.000 trabajadoras, después de no llegar a un acuerdo con la patronal en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Este jueves se celebró una concentración a las puertas de este organismo en la que la plantilla, la mayoría mujeres, volvió a reclamar la renovación del convenio, pendiente desde el año 2018, y criticó los salarios precarios. La comisión negociadora no ha podido llegar a un acuerdo, según los sindicatos, por la "cerrazón" de la patronal.

Por su parte, la Asociación Provincial de Empresarios (Apel-Afelin), en un comunicado, mostró su deseo firmar un convenio colectivo "razonable" para todas las partes que no ponga en peligro los empleos y la viabilidad de las empresas, debido al "elevado incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que desde el año 2016 hasta el presente será superior al 62%".

Los sindicatos CC. OO. y UGT habían salido a la calle varias veces para reclamar la renovación del convenio con el objetivo principal de actualizar los sueldos a la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 14.000 euros brutos al año ya que actualmente las trabajadoras cobran unos 11.000 euros. Y denunciaban que la patronal mantenía bloqueada la negociación después de un año y múltiples reuniones.

Los sindicatos piden incrementos "dignos" para los próximos años. Y es que además de adaptar el salario al SMI, proponían un aumento salarial del 12% repartido en tres años mientras que las empresas solo aceptaban un 8% "lo que condena al sector a la precariedad ya que supondría una importante pérdida de poder adquisitivo", criticaban. También plantean mejoras de jornadas, permisos, vacaciones... De las 4.000 trabajadoras afectadas, unas 3.000 pertenecen a contratas del sector público, la mayoría con contratos a tiempo parcial.