Queda apenas dos semanas para estrenar nuevo año. Y con 2023 llegará también la nueva Política Agraria Común (PAC), que regirá los destinos –y las ayudas– de la agricultura y ganadería europea hasta 2027. Ha sido largo el camino –cuatro años de intensas negociaciones– hasta llegar a la definición de una PAC que, en esta ocasión, –por primera vez– se aplicará "al gusto" de cada Estado miembro, responsable de diseñar su aplicación en el llamado Plan Estratégico Nacional, una hoja de ruta con la que España consiguió el visto bueno de la Comisión Europea ya el pasado mes de agosto, conformando así el pelotón de cabeza de los más aventajados en lograr el aprobado de Bruselas.

Llega con cambios y algunas novedades, pero no es ni mucho menos la reforma en profundidad que esperaba Aragón y que defendió con "insistencia y ambición" –y con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, CHA e IU, y las organizaciones agrarias UAGA-COAG y UPA–, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno del Aragón, Joaquín Olona. Una propuesta que decía adiós a los pagos por superficie o cabeza de ganado, a los derechos históricos y a la regionalización, ponía el foco en la explotación familiar profesional y se calculaba teniendo en cuenta la renta de los agricultores y ganaderos.

No será así. La PAC que desembarcará en el campo español el próximo 1 de enero llegará con ayudas que se llaman ahora a la renta (pero no se concede en función de la renta), con una condicionalidad a la que acompaña el apellido de reforzada, que eleva las exigencias medioambientales que deben cumplir los perceptores y, sobre todo, con una novedad que ha dado mucho que hablar, los llamados ecorregímenes que en un principio se dieron a conocer como ecoesquemas. Llegará además con el camino marcado a la llamada convergencia de las ayudas y con una pizca más de importe en las ayudas acopladas, con algunos avances para que la incorporación de los jóvenes sea menos gravosa para estos nuevos agricultores y con menos regiones de pago, aunque siguen siendo una veintena, una cifra muy superior todavía a las dos o una con la que se reparten las ayudas en otros países de la Europa comunitaria. Y seguirá siendo la PAC de la ayuda por hectárea o cabeza y en la que los pagos se calculan en función de unas referencia que se establecieron hace nada menos que veinte años.

Dice el ministro de Agricultura que se trata de una PAC "más justa, más sostenible y más social, que dispondrá del presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional".

Pero, ¿es así? De la nueva reforma, de sus principales detalles, de aquellas medidas que han generado mucha crítica y numerosas dudas entre los agricultores y ganaderos y de su aplicación en Aragón habla el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad, Joaquín Olona, que deja claro que esta nueva PAC no es la que él defendía, pero es la que hay y ahora lo que toca es aplicarla. Y hacerlo "con eficacia aunque haya cosas que no nos gusten", señala. De ello dependen los más de 400 millones de euros que reciben cada año los 37.000 perceptores que hay en Aragón (4.800 millones para 800.000 solicitantes en toda España), para los que estas ayudas supone hasta un 30% del total de los ingresos.

La nueva PAC ya está aquí y, aunque en Aragón nadie la recibirá con los brazos abiertos, se ha hecho esperar dos años. "Es verdad que se ha producido mucho retraso, pero creo realmente que ha sido así porque la Comisión Europea sí que se planteaba una reforma en profundidad de verdad, que al final no ha sido posible por esas posiciones europeas empeñadas en los criterios ambientales", señala Olona, que lamenta también que España no haya querido optar por esa necesaria profundidad en su plan estratégico. Insiste, sin embargo, en que la reforma era necesaria porque la PACvigente, aquella que se reformó en 2013, es, en su opinión "la peor que ha habido".

Olona no defiende la nueva norma, porque no es de su agrado. "Lo que defiendo es que debemos aplicar la PAC que tenemos. Sería una irresponsabilidad mayúscula que el consejero actuara de manera insumisa, porque lo único que conseguiría sería que los agricultores y ganaderos no cobrarán las ayudas", afirma.

Si no se suprimen los derechos históricos (como así sucede), en el fondo poco cambia la PAC. Así lo cree Olona que insiste en que esta forma de calcular los pagos continúa siendo la asignatura pendiente de España. De hecho, asegura, es el único Estado miembro que sigue aplicando estas referencias. "Lo que me gustaría es que nos convezcamos de que sin quitar los derechos históricos estamos hipotecados, estamos bloqueados y realmente es hacer variaciones sobre el mismo tema. Eso es un gran problema", dice.

Ayudas ¿a la renta?

Las ayudas llegan con alguna novedad, aunque parece más semántica que real. Ahora, los pagos directos se llaman ayuda básica a la renta y ayuda redistributiva a la renta. Olona le encuentra un matiz "conceptual". Al menos, dice, en esta PAC se habla de la renta. Pero ahí se acaba, porque "no se tiene en cuenta la renta" y continúa estando en función del valor de los derechos. "Así que mi gozo en un pozo", afirma.

DGA

El consejero prefiere ver "el lado positivo" cuando habla de las ayudas redistributivas, un pago destinado a las primeras hectáreas de las pequeñas y medianas explotaciones. "Lo que pretende este apoyo es acercarse a los que tienen problemas de renta". Pero de nuevo hay un matiz. "Se hace de una manera tan global y sin tener en cuenta la renta que vuelve a ser lo mismo", explica. Advierte, además, que los fondos a redistribuir proceden del ‘capping’ –un máximo de 100.000 euros por explotación que puede elevarse a 200.000 una vez descontados los costes laborales–, una limitación que, según distintos estudios, va a ser muy escasa, por lo que también lo serán los recursos a redistribuir.

Pocas modificaciones hay también en las llamadas ayudas acopladas, que en Aragón se dirigirán a ovino y caprino, vacuno de leche y carne, arroz y proteínas de origen vegetal. "Es verdad que aumenta un 18% el apoyo a la ganadería extensiva, pero en general esta medida no cambia mucho excepto en pequeños detalles de cantidades que siguen sin ser suficientes", explica el consejero.

Condicionalidad reforzada

La condicionalidad se apellida ahora "reforzada" y en ella se incluyen toda una serie de requisitos que los beneficiarios de ayudas tendrán que cumplir en relación con las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. "El nombre es autoexplicativo", asegura Olona, que reconoce que cuando los agricultores y ganaderos se quejan de que hay que hacer más para seguir cobrando lo mismo "es porque es así". Partiendo de la convicción de que la agricultura y la ganadería tiene que esforzarse en reducir los impactos ambientales y mejorar la integración ambiental y con la seguridad de que "a esto el sector no se opone", considera que "a lo mejor algunas medidas o exigencias no tiene mucho sentido y cabe poner en duda que haciendo eso haya una contribución ambiental positiva". Justifica su argumento con ejemplos. No están demostradas las bondades, dice, de dejar de cultivar en secano árido e insiste en que hoy por hoy no es posible eliminar y reducir la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes de manera sistemática y por decreto mientras no haya alternativas a esos productos, que además "tampoco está demostrado que sean perniciosos para la salud". Y recuerda, también, "un asunto que está estos días de plena de actualidad", como es la prohibición de realizar quemas agrícolas, una medida que en Aragón se ha excepcionado y se permitirá cuando exista un problema sanitario. "A la hora de plantear los objetivos ambientales hay que ser más serio y más riguroso y no exigir cosas que no se pueden hacer o que no está demostrado que vayan a tener un beneficios ambiental", reitera.

Ecorregímenes

Es la gran novedad de la nueva PAC. Se llamaron en un primer momento ecoesquemas, son la medida estrella de la reforma, siguen la estela del Pacto Verde europeo y se convirtieron en el principal escollo de las negociaciones. Se trata de pagos anuales directos (por hectárea o cabeza de ganado) a aquellos agricultores que acepten compromisos medioambientales que vayan más allá de la condicionalidad reforzada. Ha sido responsabilidad de los Estados decidir cuántos van a desarrollar, su contenido y el presupuesto que asignarán a cada uno. España ha optado por destinar el 23% del presupuesto de las ayudas directas para siete ecorregímenes, de los que tres se podrán aplicar en cultivos de extensivo (rotación con especies mejorantes, siembra directa e islas de biodiversidad), dos serán para ganadería (pastoreo extensivo y siega sostenible) y otros dos en leñosos (cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y restos de poda).

"Son la gran novedad, pero a mí no me lo parece tanto", afirma Olona, que destaca que algunas de estas medidas, como la siembra directa o la rotación de cultivos se vienen aplicando desde hace ya muchos años en las tierras aragonesas. Entiende que puede haber cierta dificultad en el "sudoku que a nivel individual resulta hacer la PAC y maximizar la ayuda", pero insiste en que, en todo caso, es una dificultad "estratégica", que, en su opinión, no es mayor que la que tiene el agricultor cuando toma decisiones de siembra en función de las expectativas de mercado, de la disponibilidad de agua o de la volatilidad de los precios.

Los ecorregímenes son voluntarios, pero ahí está la perversión porque no se trata de una ayuda adicional a la que se cobraba anteriormente, sino que forma parte de los pagos directos existentes. Eso significa que no aplicarlos supone, ya no dejar de sumar ayuda, sino cobrar menos. "Es verdad que esa voluntariedad no es tal porque prescindir de ellos lleva a perder el 23% de las ayudas y eso no se lo pueden permitir ni los agricultores ni la Comunidad", señala el consejero.

Con todo, para Olona estas exigencias tienen dos virtudes. Una, explica, que están pensados con un criterio agronómico. Y en segundo lugar, que se formulan con independencia de los derechos históricos. "Esto es un avance en la dirección que hemos impulsado desde Aragón", señala. Pero a renglón seguido, el consejero reconoce que "siguen teniendo otro problema fundamental". Y este es que los pagos son hectárea y por cabeza de ganado. "Eso no es eficaz". Hay además otro matiz. "Cuando se paga por hectárea, se está pagando por metro cuadrado y esto nos genera un problema que me da terror: los controles", señala Olona, que detalla que cuando un inspector hace la cuenta de la ayuda "por milímetro cuadrado" es razonable encontrar errores, y con ellos sanciones, en unos pocos metros cuadrados en un campo de decenas de miles de metros cuadrados. "Eso nos lleva a situaciones absurdas que solo conducen conducen a problemas y a una carga burocrática que hay que eliminar", insiste, para volver a justificar por qué su empeño en eliminar los derechos históricos y en defender una ayuda a la renta.

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La ganadería la gran perdedora

Preocupado especialmente por la ganadería extensiva, el consejero de Agricultura reconoce que este sector, y particularmente el ovino, "es el gran perdedor de la PAC". Y es que aunque hay dos ecorregímenes pensados para esta ganadería, el hecho de que el pago sea por hectárea resta mucho su utilidad para unos productores que no son propietarios de la tierra. "En España no hemos sido capaces de explicar y convencer a la Comisión Europea de que la ganadería extensiva, ya desde la Edad Media, está desligada de la agricultura, que lo normal es que los ganaderos de extensivo no tengan tierra, así que lo hagamos como lo hagamos vamos a seguir teniendo problemas", asegura Olona, que explica que así lo ha reconocido incluso ante los propios ganaderos a los que ha transmitido que "hay una esperanza y motivos para pensar que con los ecoesquemas la ganadería extensiva no tiene por qué salir perjudicada, pero no me atrevo a asegurar grandes avances sino que niego que esa sea la solución".

Excepcionalidad no flexibilidad

Uno de las destacadas novedades de esta reforma es que las instituciones europeas han trasladado una gran capacidad de decisión a los Estados miembros. Decisión que se han plasmado en los planes estratégicos de cada país y por la que son muchas las voces que han criticado que esta es la política agraria menos común y que no existe una sola PAC sino 27. "Lo que no es cierto en absoluto es que las comunidades autónomas tengamos capacidad de modificar lo que ya está aprobado. Esto está generando bastante confusión", advierte el consejero, que recuerda que la nueva PAC y su aplicación en España se aprobó el 30 de agosto cuando la Comisión Europea dio su visto bueno al Plan Estratégico Nacional. "Eso es lo que está escrito y lo que tenemos que aplicar", insiste Olona, que recuerda que ahora el Ministerio tiene que trasladar ese plan al BOE a través de una Ley y 18 reales decretos y así lo tienen que hacer después las Comunidades atendiendo a sus exigencias jurídico-administrativas. "Y tiene que quedar claro que en este proceso no se puede cambiar nada". Lo dice porque son varias las regiones españolas que han anunciado una flexibilización de los ecorregímenes. "Creo que se está utilizando mal el término flexibilidad, pero el sector está entiendo por flexibilidad lo que realmente el concepto quiere decir. El problema es que no podemos modificar nada, lo que podemos hacer es excepcionar, que no es exactamente lo mismo", añade.

Unas excepciones que podrán realizarse "por fuerza mayor", pero, según asegura Olona, "esto no es tan fácil e inmediato como parece porque hay que justificar esa situación excepcional y además asumir la responsabilidad, porque si luego hay controles veremos si eso es causa de sanciones o no, por lo que no hay que ser cauto pero si muy responsable".

La normativa no define qué es fuerza mayor, aunque el consejero confía en que se aplique el sentido común y se considere como tal, por ejemplo, la situación de sequía o los incendios y toda clase de incidencias climáticas, así como plagas y enfermedades que afecten de forma notable y a todo Aragón.

Por todo ello, Olona afirma que Aragón será "tan flexible como se pueda con esta PAC", pero siempre en el ámbito de la excepción. Y avanza que tan pronto como se publique la noramtiva se contemplarán las posibles excepciones, siempre por fuerza mayor, y de manera acotada. "No cabe pensar que se va a excepcionar hasta el año 2027 para todo aragon ‘urbi et orbi’ y con carácter general, porque eso es injustificable".