ECONOMÍA
"El desperdicio alimentario en los hogares es la mitad del total y no se tiene en cuenta en la ley"
Tiendas de alimentación, restaurantes y hasta los comedores escolares y hospitales necesitarán un plan para eliminar los excedentes, según la ley que sancionará tirar comida.
En un mundo en el que cada vez se necesita producir más para mantener a la población, con personas todavía pasando hambre y la amenaza de una crisis alimentaria por la guerra en Ucrania, tirar comida a la basura se va a convertir en un gesto que conlleva no solo el reproche ético sino una sanción económica. Al menos, para tiendas, restaurantes e incluso comedores escolares y hospitales que no cuenten con un plan para reducir el excedente de alimentos, según el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que ha enviado el Consejo de Ministros al Parlamento.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen en el mundo, unos 1.300 millones de toneladas anuales.
Partiendo de estos datos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) prevé sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros. En la lista de infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se incluye la segunda o siguiente falta grave que se cometa en un plazo de dos años. El titular de esta cartera, Luis Planas, ha sido el encargado de presentar esta semana una norma considerada pionera ya que solo existe una regulación similar en Francia e Italia.
Las excepciones
De momento, la norma solo exige estas obligaciones a comercios con más de 1.300 metros cuadrados, por lo que deja fuera a los pequeños, y tampoco se aplicará en restauración a los bufés libres. Desde las cadenas de supermercados y grandes superficies han asegurado que llevan tiempo trabajando esta línea, tanto por cuestiones de responsabilidad social corporativa como de eficiencia.
La Asociación de Empresas del Gran Consumo (AECOC), ha recordado en un comunicado que el sector "trabaja de forma voluntaria desde 2012 en un proyecto de colaboración 'La Alimentación no tiene desperdicio' que ha conseguido reducir en más de un 50% el porcentaje de alimentos descartados". Coinciden con el espíritu de la ley, pero hubieran preferido "un modelo incentivador, al estilo italiano, puede resultar más eficaz que un modelo sancionador como el francés, dadas las dificultades que este último presenta para establecer mecanismos de control".
"Reducir el desperdicio alimentario es una prioridad desde hace mucho tiempo por el gran impacto social y medioambiental", han afirmado desde la cadena Alcampo en Aragón. El primer objetivo es "prevenir" el desperdicio, en línea con la norma que ahora se ha elaborado. La enseña cuenta con un "sistema de reducción de precios para productos que se acercan a su fecha de caducidad". Además, los lotes de productos se ofertan en la aplicación móvil Too Good To Go con rebajas. Son "packs sorpresa" explican, con "precios muy asequibles".
Si no pueden venderse estos productos se destinan a donaciones, dando prioridad al consumo humano, como contempla ahora la nueva ley en la jerarquía de acciones. Alcampo, del grupo Auchan, cuenta con un convenio con el Banco de Alimentos. Con los alimentos restantes, el último paso sería su "valorización", es decir, terminan siendo comida para animales o fuente de energía, entre otras vías. "No queremos que se pierda nada", afirman desde el grupo de distribución de origen francés.
Los hogares quedan fuera
La norma deja fuera la comida que se desperdicia en las casas. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el año 2020 las familias españolas tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona. "El desperdicio de los hogares es la mitad del total y no se tiene en cuenta en la ley. Se ha quedado corta", considera Gabriel Ramas, cofundador de Encantado de comerte, una aplicación móvil zaragozana para luchar contra el desperdicio. Esta app lleva implantada desde 2019 a nivel nacional y cuenta con unos 370 establecimientos, de los que 170 se encuentran en Zaragoza.
Coincide con las empresas de gran consumo en que será difícil controlar y medir los resultados porque la norma no incluye nada. "No hay una herramienta de medición, salvo que la desarrollen, y sin ella será complicado medir", apunta, y con ello, multar. Teme que no suponga un cambio práctico de calado. Pese a ello, valora de forma muy positiva que se regule el desperdicio alimentario, cuestión sobre la que compañías como la suya llevan años haciendo hincapié, y que vuelva a ser un tema de actualidad. "Se trata de un problema ético, se tira comida en buen estado y hay gente que no tiene qué comer", resume, además del coste medioambiental que supone.
El emprendedor cree que la norma tendría que haber dado "un paso más allá" para regular soluciones digitales en la lucha contra el excedente de comida en plataformas como la suya. Con ella se fomenta además "la compra de proximidad", ya que los clientes se desplazan a por el pedido. Esto les permite "captar nuevos clientes y dar a conocer su marca", afirma Ramas.
En cualquier caso, el proyecto de ley comienza ahora su andadura parlamentaria, con la previsión del Gobierno de que entre en vigor el 1 de enero de 2023.
