economía
Cinco años desde la caída del Popular: "A los accionistas nos han dejado con el culo al aire"
En el aniversario de la disolución del banco español ordenada por la UE y su venta por un euro al Santander, los inversores tratan de asimilar el último varapalo de la Justicia europea, que les niega recuperar su dinero.
Este martes se cumplen cinco años desde que el Banco Popular quebró en unos fatídicos días para sus accionistas, que con la crisis de la entidad y la disolución ordenada desde Europa perdieron todo su dinero. Unas 300.000 personas habían invertido en la entidad financiera española, que tradicionalmente se había considerado un banco mediano estable y que terminó vendida por un euro al Santander. La gestión de sus últimos años, antes de su quiebra, está siendo investigada por irregularidades de sus presidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, en la Audiencia Nacional, mientras los inversores han recibido un varapalo judicial con la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que les niega el derecho a recuperar su dinero.
El 7 de junio de 2017 el Banco Popular fue vendido al Banco Santander por un euro. La quiebra de la entidad financiera, la primera y la única hasta ahora intervenida por las autoridades de supervisión europeas, la recién estrenada entonces Junta Única de Resolución (JUR), trajo consigo el inicio de la batalla legal en los tribunales de quienes tenían acciones y obligaciones para intentar recuperar el dinero. Aún con disparidad de criterios entre juzgados, muchos lo habían conseguido hasta ahora, pero la última sentencia dictada desde Europa el pasado 5 de mayo ha cerrado la puerta a seguir reclamando al Santander por el dinero perdido con el Popular.
Pequeños ahorradores
"A los accionistas nos han dejado con el culo al aire", afirma, indignado, uno de los afectados aragoneses, que prefiere no aparecer con su nombre. Su caso se encuentra todavía en los tribunales por lo que tras la sentencia europea asume que "seguramente, lo perderé todo". En juego están los 12.000 euros que había invertido en la entidad en 2012, con la primera ampliación de capital, porque la consideraba un "valor seguro", y en la que confiaba para conseguir un complemento a su futura pensión de autónomo. Critica "la falta de unidad en el criterio de la Justicia" y con ironía dice que "por primera y única vez seremos europeos", sobre la aplicación de la resolución que deja sin alternativas a los accionistas.
"El perfil del cliente del Banco Popular y sus accionistas se trataba principalmente de pequeños ahorradores. A su vez era una de las entidades de referencia para pymes y autónomos. Analizando sus posiciones, la mayoría de estos habían llevado siempre una política de absoluta seguridad y liquidez de su dinero, lo que no obstaba a tratar de conseguir la mejor rentabilidad de sus ahorros", resume Alejandro Marín, abogado y delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Zaragoza.
En ello coincide Álvaro García-Graells, otro abogado zaragozano. De los exclientes del banco que han pasado por su despacho calcula que el 90% han sido consumidores, "accionistas que realmente eran ahorradores a los que la entidad llamó por teléfono al ser clientes de sucursal, recomendándoles la compra de acciones en la ampliación de capital del año 2016, siendo tan solo un 10% relativo a entidades mercantiles que adquirieron acciones como inversión especulativa".
Marín coincide en que "muchos de los afectados eran clientes de toda la vida de esta entidad, con un trato personal por los empleados del Popular que les aconsejaban y asesoraban en las distintas operaciones suscritas con la citada entidad. Primaban las relaciones de confianza", añade.
Ese trato de cercanía no impidió que desde OCU denuncien malas prácticas, como en otros casos de colocación de productos financieros en el sector. Se amplió capital en 2012 y en junio de 2016. Esta última operación de venta de acciones "se orquestó con una agresiva comercialización desde las sucursales, que se vio reforzada por una intensa campaña publicitaria protagonizada por el jugador de baloncesto Pau Gasol", explica Marín. El banco buscaba liquidez para mantenerse a flote, pero "se presentaba la entidad con una fortaleza y solvencia, obviando, falseando la información mostrada a los accionistas y encubriendo la cruda realidad: que Banco Popular necesitaba captar el dinero de los accionistas para tratar –sin éxito- de subvenir sus necesidades y enjugar sus pérdidas", cuenta el abogado sobre la situación de la entidad.
"Ha sido un mazazo", añade Nacho de Diego, del despacho zaragozano Aboga10. "El impacto de esta sentencia es brutal porque de entrada dice que prima la estabilidad financiera al interés del inversor", apunta.
Desde OCU consideran que la sentencia europea "no puede ser más nefasta" porque priva a los consumidores afectados de poder recuperar su inversión. Ello porque se les aplica una directiva europea que indica que "quienes adquirieron sus acciones antes del inicio de un procedimiento de resolución no pueden después presentar demandas de resarcimiento frente a la entidad emisora o a la entidad resultante de una fusión posterior".
El miedo a tener que pagar las costas
Estos cinco años dejan distintos finales para los accionistas. Hubo quienes se acogieron al canje ofrecido por el Santander en forma de "bonos de fidelización", por alrededor del 70% del valor invertido, perpetuos, que solo cubrían a quienes acudieron a la ampliación de 2016 y renunciaban a su derecho a reclamar luego en los tribunales.
Por otro lado, quienes decidieron seguir adelante en los juzgados y pidieron al Santander la devolución del dinero pudieron obtener una sentencia favorable en los tribunales españoles. En este sentido, la OCU recuerda que "la mayoría de los criterios de Audiencias Provinciales de nuestro país que estaban estimando la legitimación del Banco Santander para soportar las reclamaciones". La Audiencia de Zaragoza "tenía clarísima su postura y la ha tenido que cambiar totalmente", añade De Diego.
En peor situación se encuentran quienes obtuvieron una sentencia que les reconocía la devolución del dinero pero el Santander recurrió y todavía no habían obtenido una resolución firme. "Ya estamos recibiendo de los Juzgados de toda España donde teníamos procesos la petición de manifestarnos sobre el nuevo panorama tras la sentencia que ha sido dictada, otorgándonos el plazo de 10 días para hacerlo", explica García-Graells.
"Los que estamos pendientes de celebrar el juicio ofrecemos la alternativa. Si el cliente dice que adelante, vamos, si dice que prefiere salir tratamos de negociar las costas y nos retiramos", añade De Diego desde el despacho Aboga10. "A los que les ha cogido ahora son los que habían preferido esperar a que hubiera más sentencias", señala.
Los accionistas temen que ahora tengan que terminar pagando las costas del juicio. De ahí que desde la OCU esperen "que los tribunales españoles tengan en cuenta que esta circunstancia sobrevenida es ajena a la voluntad de los inversores de tal forma que el fin sobrevenido de estos procesos no suponga un daño añadido con la imposición de costas".
Seguir reclamando ahora resulta más complicado. OCU califica la situación como "expropiación de ahorros" que ve "intolerable" y analiza vías de resarcimiento, como la penal. Desde despachos como el de Gracía Graells defienden que en los procesos se exija comparar "en qué situación económica hubiera quedado el accionista en caso de llevarse a cabo una liquidación ordenada según la ley española que regula la insolvencia". La sentencia europea señala que el accionista debería ser indemnizado "si no hubiera recibido mejor trato" en caso de quiebra por la normativa nacional, en este caso, la ley concursal española.
"Nos van a mandar al olvido", lamenta el citado accionista aragonés, que denuncia que el final del banco fue una "estafa", de la que acusa a sus últimos gestores, como la última querella presentada ante la Audiencia Nacional por un grupo de accionistas.
