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"Pensamos que era una cosa segura, no que te ibas a levantar un día y todo el dinero habría desaparecido"

Se cumplen cuatro años de la quiebra del Banco Popular, que dejó sin valor sus acciones. Algunos afectados acudieron al canje que ofreció el Santander y otros siguen batallando en los tribunales.

Imagen de archivo de una oficina del Banco Popular en Zaragoza.
Imagen de archivo de una oficina del Banco Popular en Zaragoza, ahora del Santander.
Oliver Duch

Hace cuatro años era el sexto banco de España y contaba con la confianza de 300.000 accionistas, pequeños y grandes, que habían depositado su dinero en la entidad. De un día para otro todos vieron cómo sus títulos no valían nada. El Banco Popular fue intervenido por Bruselas por sus problemas de liquidez el 6 de junio de 2017, la primera vez que se tomaba una decisión de este calibre a nivel europeo, y el día 7 se vendía por un simbólico euro al Santander. Los afectados siguen luchando en los tribunales por recuperar su dinero, con varios frentes abiertos.

"En ningún momento pensamos que iba a pasar lo que pasó, por el prestigio que tenía", asegura uno de los pequeños accionistas aragoneses que confiaron en la entidad y compraron acciones en la ampliación de capital de 2016, meses antes de su quiebra. Entonces su imagen era la de un banco mediano de larga trayectoria que daba seguridad. "Pensamos que era una cosa segura, que no habría ningún problema, pero no que te ibas a levantar un día y todo el dinero habría desaparecido", añade. Prefiere no dar su nombre porque, como ocurre en muchas ocasiones, las personas que pierden su dinero por una inversión fallida temen los reproches por su decisión.

Desmintiendo rumores

Ni la imagen de la compañía ni la información pública que se tenía de ella hacían sospechar su final. Incluso cuando comenzaron a publicarse informaciones en las que se ponían en duda sus cuentas. "Te mandaban informes trimestrales desmintiendo continuamente los rumores, con comunicados oficiales, diciendo que era solvente", recuerda el cliente. "Veías los anuncios del banco con personajes famosos, de deportistas, y salía el ministro de Economía pidiendo tranquilidad", cuenta de los primeros  días en los que empezó a preocuparse.  

En su caso, le pesa que se trataba del dinero de su hermano, discapacitado, cuya tutora legal es su madre, jubilada. En la familia eran conscientes de que al tratarse de una inversión en bolsa se podían producir subidas y bajadas por las fluctuaciones del mercado, pero nunca la pérdida total en unas horas. Tenían unos 24.000 euros en acciones, por los que han luchado en los tribunales, que les han dado la razón tanto en los juzgados de Primera Instancia, como el pasado mes de mayo la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El Banco Santander, contra quien se dirigen los accionistas tras absorber al Popular, ha sido condenado a devolver el dinero. Todavía está en plazo para recurrir ante el Supremo, un paso que no ha dado hasta ahora pese al goteo de casos similares que se han ido llevando a juicio, apunta el abogado de la familia zaragozana, Álvaro García Graells.

El accionista no recuerda el día exacto de la compra, pero sí la mañana de junio en la que se despertaron con la noticia de que habían perdido su inversión. "Mi madre estaba dándole de desayunar a mi hermano. Él siempre coge el mando y pone la cadena que quiere. Entonces vimos la noticia en la televisión. Me costó asimilarlo. No reaccionaba", confiesa. Ese día tenía que acudir a la consulta del médico en la capital aragonesa desde el municipio en el que viven y reconoce que "no tengo conciencia de cómo fui y volví". Seguía en 'shock', con la sensación de no creérselo. 

En el año 2019, dos años después de la quiebra del banco, se decidió a presentar la demanda, pese a temer que era una "lucha contra gigantes", y en diciembre de 2020 obtuvo la primera sentencia favorable. El Santander recurrió y ahora la Audiencia Provincial le ha vuelto a dar la razón. En el recurso, el Santander alegó que "ni las cuentas ni el folleto de ampliación de capital contenían irregularidades y que la entidad sí refleja una imagen fiel de su patrimonio y cumplió sus deberes de información". Para ello, destacó que las cuentas fueron auditadas y que el problema de la entidad "no fue de solvencia sino de liquidez". Así, rechazó que se pueda atribuir la responsabilidad derivada del folleto en el que se informaba sobre la ampliación de capital ya que "goza de presunción de veracidad". El banco insistió en que "no hubo información falsa ni errónea y que no concurre daño ni negligencia ni relación causal".

Sin embargo, los magistrados zaragozanos recuerdan que hay "numerosa litigiosidad" sobre el tema en sentencias que vienen señalando que "el folleto informativo emitido en la ampliación de capital con oferta pública de suscripción de acciones no reflejaba una imagen fiel de la sociedad". Insisten en que ha quedado demostrada en otros casos la "falta de veracidad del folleto" y "el perjuicio de los adquirentes", ya que supuso la "pérdida total del valor de las acciones".

La Audiencia reconoce la responsabilidad del banco por la información contenida en el folleto, que es un elemento "decisivo" al tratarse de un inversor minorista que la imagen que tenía de la entidad era "la conocida de forma pública y generalizada en la fecha en que compró las acciones". El Santander argumentó que la fusión por absorción del Popular se produjo "sin asunción de cargas respecto a los accionistas", como han reconocido dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Asturias y Cantabria, con las que no coincide el tribunal zaragozano. Por ello, insiste en su sentencia del pasado mes de mayo en condenar al Santander a la devolución del dinero.

Pendientes de Bruselas

Además del goteo de sentencias de los clientes que han llegado a los tribunales, cuatro años después hay otras cuestiones pendientes en torno a la quiebra del banco. Falta por resolver la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de La Coruña al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para saber si tras la intervención por un órgano comunitario los accionistas tienen derecho a indemnización o deben asumir las pérdidas, según la normativa europea, ya que la resolución del banco fue ordenada por la recién estrenada entonces Junta Única de Resolución (JUR). 

Desde el despacho zaragozano García Graells Abogados avisan que el plazo para interponer algunas acciones finaliza en los próximos meses. La acción de nulidad por error o vicio en el consentimiento terminaría en agosto de 2021, apunta Álvaro García Graells. Por otra parte, la acción de responsabilidad "tiene un plazo de tres años, desde que finalizó la validez del folleto de un año, que se termina con el aniversario", explica el abogado, aunque matiza que se habría ampliado hasta septiembre por el parón en los juzgados durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 de 2020. Luego solo cabría la acción de daños y perjuicios, "que es más complicada", asegura.  

Algunos accionistas aceptaron después de la absorción la oferta del Santander de canjear las acciones de la ampliación por los llamados "bonos de fidelización", que eran de carácter perpetuo. El banco ha venido diciendo que los amortizará como tarde en 2024 o aumentará su rentabilidad. Siguen su curso también las demandas de quienes eran titulares de bonos del Popular, sobre los que se han dictado algunas sentencias favorables que les han permitido recuperar su dinero.

Otro frente abierto es la vía penal, que comenzó en octubre de 2017 tras admitirse a trámite varias querellas contra directivos del banco por presuntos delitos societarios. La Audiencia Nacional investiga la gestión de la entidad en los últimos años, para ver si sus dirigentes cometieron algún delito. Por el citado tribunal han pasado los últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron, y su sucesor, Emilio Saracho. El primero declaró el pasado 31 de mayo que fue el propio Saracho quien difundió la mala situación del banco propiciando la fuga de depósitos y posterior quiebra. En el proceso se trata de reconstruir la actuación de los bancos centrales, el español y el europeo, y los organismos encargados de las reestructuraciones bancarias como el FROB español y la JUR europea y demás que intervinieron en los últimos días de la entidad, que no olvidan sus accionistas.

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