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Hacienda vigila (y multa) lo que ingresas en efectivo en el banco: estos son los límites

Los bancos notifican a la Agencia Tributaria ingresos y retiradas de dinero en efectivo que superan determinadas cantidades. Las sanciones llegan cuando no se puede justificar ese movimiento económico.

Pensionistas
Dinero en efectivo.
Pixabay

Vigilar los movimientos de dinero negro para luchar contra el fraude fiscal. Este el objetivo de la Agencia Tributaria a aquellos que se saltan las normas, controlando muy de cerca transacciones y cuentas bancarias. Entre las operaciones que resultan sospechosas para Hacienda se encuentran los ingresos de dinero en efectivo, que tienen un límite impuesto por ley y superarlo puede implicar una multa. El objetivo es dar con cualquier indicio que pueda denotar irregularidades al respecto, casos en los que el departamento aplica sanciones especialmente duras.

Pero, ¿qué cantidad no se debe sobrepasar para evitar así que salten las alarmas? Son 3.000 euros. Según el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal, si un cliente hace un ingreso superior a esa cuantía, la entidad bancaria deberá notificarlo a la Agencia Tributaria, que solicitará, a su vez, una justificación del mismo al responsable de la transacción

En el caso de no poder probar el origen del dinero, Hacienda podría recurrir a incluirlo dentro del cobro del IRPF o aplicar sanciones de hasta el 150% de la cuota íntegra resultante en el IRPF correspondiente a dicha ganancia patrimonial, lo que supone, según ampara Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales, aplicar multas de entre 60.000 y 150.000 euros.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Hacienda ya reguló en 2021 el límite de dinero en efectivo con el que se pueden efectuar pagos, que rebajó a 1.000 euros. Así, cualquier cargo que supere esta cantidad también puede hacer saltar las alarmas, por lo que tanto al pagador como al que recibe la cantidad se le puede imponer una multa de un 25% de dicha base.

Sanciones muy elevadas que tienen como cometido mantener a raya el fraude fiscal y erradicar los movimientos de dinero que potencian la economía sumergida en España.

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