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Cómo reclamar al cártel de coches quienes compraron vehículo entre 2006 y 2013
Abogados y asociaciones se empiezan a movilizar para recoger la documentación de afectados por el acuerdo ilegal de precios entre el 91% de los fabricantes y una lista de concesionarios, también en Aragón.
Quienes compraron coche entre febrero de 2006 y agosto de 2013 pueden haberse visto perjudicados por el cártel de concesionarios a los que sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en toda España en 2015. El acuerdo ilegal para pactar precios se destapó entonces, pero no ha sido hasta ahora cuando se han empezado a movilizar los despachos de abogados y asociaciones, una vez que se han ido dictando las primeras sentencias en el Tribunal Supremo que confirman el proceder de las marcas.
"En los años 2015 y 2016, la CNMC multó a 21 fabricantes de automóviles, 130 concesionarios y dos consultoras", han recordado desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El supervisor castigó "prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el intercambio de información confidencial y sensible para la adopción de acuerdos de fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales en el mercado de distribución minorista de turismos", han añadido desde la citada asociación.
Precio superior en los coches
Dichos acuerdos dieron lugar a la acusación de actuación en forma de cártel, que fue "en exclusivo beneficio de las empresas fabricantes declaradas responsables", con los consiguientes "efectos perjudiciales para los consumidores". El principal daño a los compradores resultó que "adquirieron un vehículo por un importe superior al que podrían haberlo adquirido de no haber existido acuerdos sobre los descuentos a realizar".
Desde despachos de abogados como Cremades Calvo Sotelo han empezado a hacer las primeras estimaciones para la Plataforma de Afectados por el Cártel de Coches a la que asesoran. Los cálculos iniciales van de los 2.000 a los 9.000 euros por vehículo, aunque serían solo una previsión y variarían en cada caso, matizan. La indemnización supondría entre el 10% o el 15% de la valoración del coche.
"Había dos cárteles, el de los concesionarios y el de los fabricantes, y nos estamos centrando en este último, que son la mayor parte de las marcas conocidas", ha explicado Atilano Vázquez, socio del citado despacho. Se habría visto implicado el 91% del sector en un periodo de tiempo en el que se vendieron unos 10 millones de coches. "Son los fabricantes sobre los que se dirigiría la acción. El concesionario es más difícil porque hay que ir provincia por provincia", ha añadido sobre las futuras reclamaciones.
Desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) estudian también las posibles vías legales, que, en principio, plantearían también contra los concesionarios. Su presidente, José Ángel Oliván, pide "mucha prudencia" antes de dar el paso de reclamar ya que es necesario hacer un "análisis claro de la situación". Señala que "hay que demostrar cuál es la cantidad" de la indemnización, que se debe fijar con una prueba pericial. Habrá situaciones en las que el concesionario ya no existirá, después de los efectos de la crisis económica anterior, en la que se produjo el acuerdo de precios, y la actual. "Todos van a pleitear contra el concesionario y el fabricante", augura.
Documentación para reclamar si compraste un vehículo entre 2006 y 2013
En el caso de Cremades Calvo Sotelo, la semana pasada empezaron a recoger documentación de los afectados en una fase de "información y divulgación". Comprueban si la persona que compró el coche puede estar afectada, para lo que necesitan la marca, el modelo y el año de compra. A la hora de calcular la reclamación se necesita presentar la factura de compra, si se conserva, u otro documento que justifique la operación, además de la tarjeta técnica del vehículo. Vázquez señala que la localización de afectados se encuentra en fase "muy inicial".
![edificio juzgados de Teruel. Foto Antonio Garcia/Bykofoto. 26/11/17 [[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2020/12/11/edificio-juzgados-de-32987963.jpeg)
Desde la OCU se han iniciado los trámites para "solicitar información a la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Tributaria para determinar los afectados y que puedan reclamar aunque no conserven documentación", han señalado, aunque también reconocen que se encuentran dando los primeros pasos del proceso. Recuerdan que "no todas las marcas tenían acuerdos de precios ni durante todo el periodo del cártel", por lo que se dificulta señalar quiénes fueron afectados.
La siguiente fase será analizar las vías de reclamación. En Cremades Calvo Sotelo, de momento, creen que se generalizarán a través de demandas individuales, ya que "hay que ir a cada caso concreto", aunque espera que se puedan agrupar más adelante al menos en parte por "economía procesal". Antes de ello será necesario estudiar la viabilidad, de un proceso que se presenta largo, porque es de prever que los fabricantes recurran, como lo han hecho ahora. De momento, han pasado seis años desde la sanción de la CNMC y las sentencias del Supremo. Un precedente sería el cártel de camiones, en el que se han ido obteniendo sentencias de todo tipo y que ha precisado peritajes complejos para determinar la indemnización. En esos casos podía rondar los 10.000 euros, por el mayor valor de los vehículos.
