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Teruel
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Condenan al cártel de los camiones a pagar 115.000 euros a un transportista de Teruel

La Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN.

edificio juzgados de Teruel. Foto Antonio Garcia/Bykofoto. 26/11/17 [[[FOTOGRAFOS]]]
Edificio juzgados de Teruel 
Antonio Garcia/Bykofoto

El juzgado de Instrucción número uno de Teruel ha condenado al fabricante de camiones Renault Trucks Sas a pagar a un transportista de Teruel 114.788,65 euros, al considerar que la empresa pactó con otras firmas los precios de venta de los vehículos elevando la cuantía y provocando un sobrecoste al cliente.

La demanda presentada por el transportista de Teruel es una de las muchas que se siguen en Aragón y en el país después de que la Comisión Europea impusiera a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN. 

La sanción responde a que, durante 14 años, entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos, y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normativas europeas, repercutiendo estos incrementos de gasto sobre los clientes. La sanción abrió la puerta a los compradores afectados para reclamar el sobrecoste asumido. En Teruel, se han dictado ya 9 sentencias que dan la razón a los perjudicados, con cantidades que oscilan entre los 35.000 y los 140.000 euros de indemnización.

El despacho de abogados demandante en este último proceso ha sido CCS Abogados. La sentencia del juzgado de Teruel condena al fabricante de camiones por infracción del derecho a la competencia, destacando que el informe pericial aportado por el transportista turolense parte de bases correctas -como es la existencia del cártel y la fijación concertada de precios por encima de los que hubieran resultado de libre competencia- y usa un método razonable para calcular los daños causados. Señala que, por el contrario, los argumentos de la demandada no son aceptables, al negar la existencia de sobreprecios por los que el cártel ya fue sancionado por la Comisión Europea.

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