economía
La Ley 'rider', una regularización "por cumplir"
La norma fija la "presunción de laboralidad" para repartidores que operan a través de una plataforma digital, pero la mayoría denuncia que sigue igual, de autónomos, salvo los de Deliveroo.
Pocos resultados se ven un mes después de la entrada en vigor (12 de agosto) de la ley del ‘rider’ o Real Decreto 9/2021 que pretende garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Ni Inspección de Trabajo ni sindicatos saben todavía qué porcentaje de "falsos autónomos" repartidores han sido o van ser regularizados por las empresas. Por ahora, solo hay una de estas plataformas, Just Eat, dispuesta a negociar con UGT y CC. OO. un convenio colectivo que proteja a este tipo de trabajadores.
Es pronto todavía, según Román García Oliver, director territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en Aragón, para valorar los efectos. Lo que dice la ley, asegura es que "cualquier empresa que recurra a este tipo de actividad tendrá que contratar a sus trabajadores, aplicar el Estatuto y, en su caso, cumplir con lo dispuesto en los convenios colectivos que puedan negociarse". Y lo que toca hacer ahora es "primero, comprobar que cumplen; y en segundo lugar cómo lo hacen y, si es a través de subcontratas o cooperativas de trabajo asociado, ver también si se ajustan a la legalidad".
En todo caso, advierte, la Inspección de trabajo actuará cuando detecte incumplimientos, tal y como lo hizo, destacó, cuando se vio que a los ‘rider’ o repartidores se les obligaba a darse de alta como trabajadores por cuenta propia encubriendo relaciones laborales por cuenta ajena. Si se repiten o mantienen estas conductas, "la ITSS seguirá actuando con las empresas y con situaciones ya detectadas a las que recurren para no cumplir", afirma el director territorial de la Inspección.
Sin embargo, advierte, regularizar la situación de este colectivo de repartidores tardará al "ir las empresas a remolque de la nueva normativa", y encontrarse la Inspección de Trabajo, según García Oliver, en situación de ‘impasse’, tras haber sufrido un ciberataque en julio del que comienzan a recuperarse, haber finalizado el plan director por un trabajo digno –que ha concentrado sus esfuerzos los dos últimos años– y estar a expensas de que el Gobierno marque las líneas del nuevo plan estratégico para la Inspección hasta 2023.
Incertidumbre
Mientras tanto, la incertidumbre se apodera de bastantes ‘rider’ que no ven cambios significativos con la reciente ley. Una norma que recoge la "presunción de laboralidad" para aquellas personas que distribuyan "productos de consumo o mercancías" en empresas que funcionen "a través de una plataforma digital" y que obliga a la información y consulta a los sindicatos (artículo 64) por parte de cualquier compañía que use algoritmos para organizar el trabajo.
Rubén Ranz, responsable del área de digital en UGT, critica la actitud de las empresas. "Han aprovechado ese plazo transitorio que consensuamos desde mayo en que se aprobó la ley hasta agosto, en que entra en vigor, para ver cómo sortearla". Y menciona a Uber Eats, plataforma "que está subcontratando a sus repartidores a través de empresas del grupo Auro que tienen licencias VTC (vehículos de turismo con conductor)".
"Se han puesto ya denuncias", dice Ranz, e "Inspección no se va a poner de perfil, pero hacer cumplir a estas plataformas cuando han estado tiempo saltándose el Estatuto de los Trabajadores no se consigue de la noche a la mañana". "Falta voluntad por parte de estas empresas", subraya.
"Aunque no es fácil dado que no hay ningún tipo de transparencia por parte de estas compañías" - de las que ni siquiera existe un control de la cifra total de trabajadores que emplean-, Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y nuevas realidades del mundo del trabajo de CC. OO. advierte que "la ley se va a a cumplir". Eso sí, avisa, "se mantendrá la conflictividad" en este sector: "Puede haber problemas por presunta cesión ilegal de trabajadores o fraude por parte de algunas de estas plataformas que están subcontratando a los repartidores como es el caso, precisa de Uber Eats, o lo que piensa hacer Glovo que es laboralizar, es decir, hacer trabajadores por cuenta propia únicamente al 20% y para el 80% restante cambiar el modelo de autónomos".
"Todo sigue igual o peor"
Darwin Enríquez, que ha trabajado de repartidor para estas plataformas, ya que lo más usual para los ‘rider’ es estar activos en varias de ellas, denuncia que todo siga igual. "Es vergonzoso que el Gobierno lanzase esta ley el 12 de agosto a bombo y platillo para que sigamos en lo mismo". En su opinión, "debería presionar más a las empresas que están detrás de estas plataformas para que cumplan". Desengañado, ha dejado por un tiempo este trabajo "No se puede aguantar", dice. "Solo trabajas para pagar impuestos. Nos hicieron creer que esto iba a cambiar, que nos harían contratos, y sigue igual o peor".
Fernando A., un zaragozano que trabaja de ‘rider’, aunque antes estuvo de empleado en Galerías Primero y trabajó también de pastelero, asegura que sigue de repartidor porque no le sale otra cosa. "Me quiero quitar de autónomo porque pago 300 euros de Seguridad Social todos los meses, otro tanto de IRPF al trimestre, el mantenimiento de la moto y con lo que trabajas no lo sacas".
Aunque confía en que Glovo le de finalmente un contrato, este repartidor confiesa estar ya cansado de esperar. "Llevo cuatro años en Glovo. Antes el sistema de autónomos que tenían iba por puntuación de excelencia. Los de más antigüedad teníamos más horas para trabajar, las que queríamos, pero ahora como es conexión libre se nota que hay más gente trabajando y menos trabajo y ahí está el problema. Entre semana de cobrar 65 euros diarios estoy ganando 23". Aunque la empresa, señala, les convocó a una reunión para explicarles el nuevo sistema de autónomos y decirles que contrataría en función de la gente que fuera necesitando, a día de hoy, dice, nada ha cambiado en su situación ni en la de otros ‘rider’.
"Esto pinta mal", afirma Nery, un hondureño que trabaja de repartidor y que prefiere también no dar su apellido. "El Gobierno nos metió en esto y ahora nos deja vendidos. No mueve ni un dedo al ver que las empresas no están cumpliendo con lo que dice la ley". En mayo de 2017, recuerda, empezó a trabajar para Glovo y también lo hacía para Deliveroo y Uber Eats para sacarse algo más de dinero. "Ahora somos demasiados: en toda una mañana apenas te haces un par de pedidos de tres euros", se lamenta. "Glovo no va a contratar, Deliveroo ha dicho que se va de España y lo que está haciendo Uber Eats es subcontratar a la gente por diez o quince horas a la semana. ¿Quién vive de eso?" se pregunta, enfadado porque la ley no esté permitiendo regularizar un sector muy precario en condiciones de trabajo. "Ahora lo que estamos deseando la mayoría es que nos contraten aunque sea vía ETT para cobrar al menos 700 euros", reconoce.
"Lo que deberían hacer estas empresas como ha hecho Deliveroo es contratar a todos sus trabajadores", afirma Francisco, otro repartidor zaragozano , en este caso para Deliveroo, que lleva en este trabajo cuatro años aunque antes estuvo en la construcción. "Me quedé sin trabajo y tuve que ponerme de autónomo a repartir. El pasado 1 de septiembre nos llegó un correo de la Seguridad Social informándonos de la nueva situación. Qué menos que las empresas coticen por nosotros cuando estamos poniendo el medio de transporte, la moto, y la disponibilidad a todas horas", dice, en un sector, el del reparto a través de plataformas digitales, que "va a más". Antes, explica, el trabajo se concentraba en fines de semana, pero ahora en días laborales algo hay también. "Todas las plataformas tendrían que regularizar a sus empleados. No es justo que Glovo siga al margen de la ley y solo cambie mínimamente la aplicación", afirma.
Lo más sangrante, añade Enríquez, es que "el Gobierno esté haciendo la vista gorda y no actúe" contra el incumplimiento de la ley. "Hay muchos ‘rider’ que no trabajan en esto, pero tienen ‘cuentas alquiladas’ a extranjeros sin permiso de residencia que necesitan buscarse la vida, con lo que está permitiendo una forma de trabajar que abre las puertas al fraude y la sobreexplotación", denuncia. No puede ser que con una ley ya en vigor, añade "haya muchos repartidores aún sin derechos, expuestos a perder la vida en un accidente laboral como el del repartidor de Barcelona, que murió tras ser atropellado por un camión de la basura, y que la plataforma para la que trabajan pueda lavarse las manos", añade.
"No creo que la nueva normativa sea decisiva. Influirá más si hay mercado para todas las plataformas", asegura el abogado Ángel Moreno, responsable de Laboral en el despacho Garrigues en Zaragoza. Sobre si la reciente ‘ley rider’ servirá para regularizar a buena parte de los repartidores, responde taxativo que "no resuelve el problema" al "establecer únicamente una presunción de laboralidad" y, por tanto, dejar abierta "la posibilidad de probar que la empresa no cumple los requisitos que indica la norma para dicha presunción de laboralidad".
Por otra parte, argumenta el letrado, para que la ley sea realmente efectiva "será imprescindible la negociación colectiva". Será esta, advierte -pendiente aún de sentar ala mesa a empresas y trabajadores- la que "fije las condiciones laborales de estos repartidores por cuenta ajena ya que la normativa no regula condiciones de trabajo". A su juicio, "igual hubiera sido más apropiado regular este sector con una relación laboral de carácter especial y que la normativa laboral común solo se aplicará supletoriamente respecto a lo no regulado ya que hay algunos aspectos que hubieran requerido establecer particularidades distintas".
Para Víctor Bajén, economista y coordinador financiero de UPTA Aragón, la ley resulta a todas luces "insuficiente" pues determinadas plataformas ya están buscando otros modelos amparándose en el auto del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) de 22 de abril de 2020. Dicho auto determinó que no son trabajadores de reparto aquellos profesionales que tienen la facultad de "emplear subcontratistas o sustitutos -la intención de algunas plataformas es subcontratar con cooperativas, ETT o empresas de reparto-; aceptar o no las tareas ofrecidas o limitarlas unilateralmente; proporcionar sus servicios a otras empresas (hay plataformas que se están uniendo para facilitar esta labor) y fijar su propio horario". Si bien, precisa Bajén, la UE excepciona esta relación de servicios cuando la plataforma mantiene el control de reparto y la relación mercantil es ficticia. Sin embargo, "lo que se está viendo", dice, es "que las plataformas de reparto están creando nuevos modelos y muchas se niegan a la contratación directa y optan por la subcontratación de servicios de reparto".
Pese a que la ley se queda corta para regularizar a miles de repartidores, para Gutiérrez, de CC. OO., "supone un paso importante" por la "presunción de laboralidad que concede al trabajador. "Europa está discutiendo una directiva laboral sobre plataformas digitales que tiene muy en cuenta la ley ‘rider’ hecha en España", añade Ranz, de UGT.
Desde OSTA ven este Real Decreto "insuficiente" para regularizar a estos trabajadores mientras no se dote de más recursos a la Inspección y se derogue la reforma laboral. "Después de que las empresas hayan tenido tres meses para adaptarse y uno de su entrada en vigor, ¿qué ha cambiado realmente para los ‘rider’’?". Y la respuesta, según este sindicato, es que "alguna empresa ha optado por abandonar el Estado, Deliveroo, y otras, desoirán la legislación y tan solo contratarán a una parte de su flota. Alguna subcontratará ese servicio y otra creará su propio convenio de empresa".
