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El Gobierno prohíbe la 'venta a pérdida' y las promociones engañosas e insiste en que los precios no subirán
El Gobierno ha aprobado este martes en consejo de ministros mediante un Decreto-Ley un paquete de medidas para aliviar la crisis del campo.
El Gobierno ha aprobado este martes en consejo de ministros mediante un Decreto-Ley un paquete de medidas para aliviar la crisis del campo, y con las que esperan eliminar "la venta a pérdidas en toda la cadena" y las promociones de carácter engañoso.
"Se prohíbe la destrucción de valor en cada elemento de la cadena, ni la industria ni la distribución podrá vender por debajo del precio que haya costado producirlo, con la excepción de productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario", ha afirmado Planas, quien ha insistido en que no se producirá un incremento de precios al consumidor.
"El Gobierno cree que eso es posible. Si cada uno asume su responsabilidad en el marco de la cadena es perfectamente posible que los precios no se incrementen y que, al mismpo tiempo, pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos", ha afirmado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Planas ha afirmado que el Gobierno ha respondido en un "tiempo récord de tres semanas" a las exigencias urgentes de los agricultores y ganaderos, cuyas reivindicaciones "tienen razón de ser y tienen que ser atendidas".
"Agricultores y ganaderos se han movilizado en pro de unas legítimas reivindicaciones de unos precios justos, que han tenido respuesta con una mesa de diálogo agrario, buena parte de estas reivindicaciones tienen razón de ser y tienen que ser atendidas", ha afirmado Planas.
"El Gobierno es un gobierno de diálogo y acción, que ha escuchado buenos argumentos y por eso les damos respuesta con este real decreto", ha señalado el titular de Agricultura, quien ha destacado, entre los factores que han ocasionado el problema de los precios, la volatilidad en la oferta y la demanda, la creciente competencia internacional y la situación climática, a lo que se suma la atomización frente a la industria y distribución a la hora de negociar los precios.
Planas ha recordado que existen "desequilibrios" entre los agricultores y el resto de los eslabones de la cadena -industria, supermercados y consumidores- y viven una situación "más desfavorable", debido en parte a la "atomización del sector primario".
"Si cada uno asumimos nuestra responsabilidad en el marco de la cadena, creo que es posible que los precios al consumidor no se incrementen y que al mismo tiempo exista una mejor retribución para agricultores y ganaderos", ha insistido.
El ministro ha citado ejemplos concretos, como la venta del litro de leche por debajo de los 60 céntimos -"imaginen las dificultades que tiene un ganadero para ser rentable con esa cifra"- o las promociones de algunos supermercados que entregan un litro de aceite de oliva virgen extra a cambio de comprar dos cajas de detergente, una práctica "que devalúa el producto y que no puede ser admitida".
Para atajar esta crisis en el campo, el Gobierno ha modificado la Ley de la Cadena Alimentaria para obligar a incluir en los contratos que firman los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original, de forma que el precio nunca pueda ser inferior a ese importe.
Sólo habrá dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen (es práctica habitual reducir su precio para venderlo y evitar el desperdicio alimentario) y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste.
El cálculo de los costes precisamente vendrá determinado por "vendedores y compradores" en función de una serie de factores -el gasto en salarios, fertilizantes, semillas, energía, etc.- e índices estadísticos oficiales, según ha señalado Planas.
Además, a partir de ahora se prohíben las "promociones de carácter engañoso" de cara al consumidor y se califica como "falta grave y muy grave" que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar una venta entre los eslabones del sector.
El paquete incluye otras novedades, como permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y se amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que controle los alojamientos destinados a temporeros.
También recoge una bonificación dirigida a los empresarios agrícolas para incentivar la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos.
El Gobierno no ha cuantificado el coste de estas medidas de tipo fiscal, aunque ha asegurado que tendrán poco impacto debido a que el número de beneficiarios será limitado en comparación con toda la población trabajadora en España.
"Ésta es nuestra respuesta a las peticiones de los agricultores y ganaderos. Hemos mantenido un diálogo que se ha concretado en 18 reuniones durante las últimas semanas con organizaciones agrarias, cooperativas, industria, distribución y consumidores", ha resaltado Planas.
