El anuncio de la decisión de Opel de paralizar el proyecto del nuevo Corsa y frenar el resto de inversiones para la planta de Figueruelas "está creando una alarma social que no está justificada", dice Javier Lezcano, de Acumagme. A expensas de que la ejecutiva del sindicato de cuadros al que pertenece analice pormenorizadamente este jueves lo que les ha dicho la compañía, Lezcano piensa que "no puede ser una decisión definitiva" la que Opel les ha trasladado sino una medida de presión para que la Administración y toda la sociedad se implique y llegar así a una situación de conflicto total que la representación de los trabajadores no quiere.

Sara Martín, la presidenta del comité de empresa, en el comunicado remitido a los medios, lo ha dicho bien claro. "La decisión tomada por unanimidad en el comité de empresa fue de suspender que no romper unas negociaciones en las que la empresa solo quiere hablar de sus propuestas. Esa suspensión está condicionada a que la dirección acepte sobre todo un plan industrial para las dos líneas y los 3 turnos".

En este sentido, insta a la empresa a que reconsidere la decisión tomada hoy  para así poder volver a la mesa de negociación y tratar de alcanzar un acuerdo de convenio "deseado por todos, que garantice las inversiones y el futuro de la planta y que a la vez sea compatible con unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras".

José María Fernando, secretario general de la sección sindical de CC. OO. en la planta de Figueruelas, confía también en que la dirección de marcha atrás. "Estamos todavía digiriendo la decisión que la compañía ha trasladado a la comisión permanente. Nos tomamos en serio la decisión que nos ha trasladado la empresa, pero hay que tomarla enmarcada en el ámbito temporal de una negociación". En cuanto a qué pasará ahora, José María Fernando avanza que cada sindicato va a analizar la decisión de la empresa y "ver si nos dejan solo la vía de la movilización o hay alguna otras salida". En el caso de CC. OO. la ejecutiva no se reunirá hasta el viernes.

Asimismo, adelanta que "mañana lo que trasladaremos a la DGA es que nuestra posición nunca ha sido inflexible o apriorística, sino razonable". En su opinión, a la empresa le costará mucho más argumentar la decisión que han tomado, según han dicho, por la inexistencia de un acuerdo de competitividad, que al propio comité de empresa. "Confíamos en que el Gobierno de Aragón entienda que es compatible defender nuestros puestos de trabajo con el mantenimiento de los salarios".

Juan Pardo, de OSTA, considera que "la negociación de este convenio empezó mal desde el principio porque empezaron con imposiciones y sin presentar ningún plan industrial y ahora nos vienen con esta decisión, que no es sino un chantaje".