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La exalcaldesa de La Muela, Victoria Pinilla, podrá salir antes de prisión
La Audiencia de Zaragoza ha decidido sustituir algunas de las penas que le impuso por multas, lo que acortara la estancia de la exregidora en la cárcel de Zuera.
La exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla entró en la prisión de Zuera el 31 de mayo de 2022. Ingresó para cumplir una condena por seis delitos relacionados con la corrupción urbanística durante las dos décadas que estuvo al frente del Consistorio. Entre los seis sumaron 11 años y cuatro meses de prisión. El más castigado fue el de cohecho, con tres años. Por el resto recibió penas que no excedieron de dos. En concreto, el Tribunal Supremo fijó definitivamente las condenas en dos años de cárcel por blanqueo de capitales; dos delitos contra la Hacienda Pública castigados con 16 meses cada uno; otro de fraude a la Administración por el que se le impusieron 18 meses y otros 22 por un delito continuado de malversación de caudales públicos.
A pesar de que la suma de todos ellos superaba los 11 años, en ningún caso habría cumplido más de nueve por ser el triple de la más grave –como dispone el Código Penal–, que en su caso son los tres años que le impusieron por cohecho. Pero la ley vigente en el momento de cometer los hechos, invocada ahora por su abogado, el penalista Enrique Trebolle, ha permitido a María Victoria Pinilla tener la libertad al alcance de la mano. De hecho, prácticamente puede tocarla con la punta de los dedos si deposita los 58.500 euros que equivalen a un pago diario de 20 euros por cada uno de los 2.940 días que suman todas esas condenas de menos de dos años.
Una vez pagada esa cantidad y cuando Junta de tratamiento de la prisión de Zuera se reúna y decida que es apta para acceder al tercer grado, podrá salir en libertad condicional. En estos momento lleva cumplidos 27 meses de los tres años de la pena más grave.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que fue la encargada de juzgar y luego de ejecutar la sentencia que impuso a Pinilla, ha accedido a la petición de su abogado de sustituir las mencionadas penas por multas. Enrique Trebolle planteó esta solicitud, a la que se opuso la Fiscalía, argumentando que la exalcaldesa cumplía todos los requisitos que exigía el ya derogado artículo 88 del Código Penal, que disponía que los jueces podían sustituir por multas o trabajos en beneficio de la comunidad las penas inferiores a dos años.
Este beneficio lo pueden aplicar siempre que se cumplan una serie de condiciones, como que no se trate de un reo habitual, se carezca de antecedentes, no se haya vuelto a delinquir, se haya pagado la responsabilidad civil con un especial esfuerzo y cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se "infiera que el cumplimiento de aquellas (penas) habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social"
En cualquier caso, el tribunal –compuesto por el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, y las magistradas María Josefa Gil, Concepción Aldama y Soledad Alejandre– debe motivar su decisión. En el caso de María Victoria Pinilla, señala que "aun teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos", el "dilatado lapso de tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos" (antes de 2009), el buen comportamiento junto a "otras circunstancias" alegadas en la solicitud, "especialmente las afecciones graves de salud que viene padeciendo la penada" (tales como un cáncer de mama, hipertensión y problemas de corazón) la hacen apta para la medida.
Tiene también en cuenta que en los 15 años transcurridos Pinilla no ha vuelto a delinquir, la peligrosidad que la comisión de los delitos cometidos en su día ha quedado difuminada y que ha reparado económicamente el perjuicio cometido. La Audiencia fijó la responsabilidad civil en algo más de dos millones de euros, pero el Tribunal Supremo, que la absolvió de tres delitos -tráfico de influencias, uno de fraude de subvenciones y uno de fraude a la administración- la estableció definitivamente en unos 350.000 euros (unos 20.000 al Ayuntamiento de La Muela y, el resto, a Hacienda por el IRPF de 2005). La sentencia ordenó el decomiso del dinero y cuatro lingotes de oro intervenidos a la familia Pinilla durante la instrucción de la causa y el embargo de su patrimonio: un inmueble de Sotogrande, una finca de la República Dominicana, un local y ocho apartamentos.
