Un juzgado por narcotráfico de Zaragoza implica a su familia en un delito de blanqueo de capitales
“He metido a mis hermanos en un lío y les pido perdón”, afirmó durante el juicio Héctor S. G. que cuenta con tres vehículos a nombre de un hermano y un cuñado que fueron adquiridos a través de cuentas de su hermana.
No es lo más habitual, pero en este caso está ocurriendo así. Héctor S. G. afronta de forma separada una causa por tráfico de drogas y otra por blanqueo de capitales. En la primera ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía para asumir una condena de seis años de prisión en la que se ha tenido en cuenta una atenuante por consumo de drogas. De la segunda se celebró este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio oral en el que aparece como acusado junto a dos de sus hermanos y un cuñado a cuyos nombres figuran los vehículos que él acostumbraba a emplear y que la investigación apunta a que habrían sido adquiridos con dinero obtenido con la venta de estupefacientes. Los cuatro se enfrentan a una pena de tres años de cárcel.
El 20 de diciembre de hace tres años la Guardia Civil detuvo a Héctor S. G., de 49 años, cerca de Calatayud dentro de la Operación Lacero que incluyó otros siete arrestos. Se había puesto en marcha en junio de 2020 y sirvió para desmantelar una organización criminal. En los registros posteriores, en uno de los automóviles de Héctor S. G. se encontraron 51 kilos de ‘speed’.
En el análisis de sus finanzas entre 2020 y 2021, según apuntó la Fiscalía, aparecen unos ingresos no justificados de 97.000 euros que contrastan con los 79.825 euros que el informe patrimonial elaborado por la Guardia Civil afirma que ganó entre 2013 y 2021. La desproporción hizo que las pesquisas enfocasen a su patrimonio, tanto a sus viviendas como a los vehículos que empleaba.
A este respecto se le contabilizaron seis entre automóviles, motos y quads con un valor conjunto de unos 100.000 euros. Se le decomisaron una motocicleta Yamaha TMAX, una ‘pick up’ Toyota Hilux y una furgoneta Peugeot Traveller con las que había sido visto con asiduidad durante la investigación a pesar de que de ninguna de ellas es su titular. La moto y la camioneta figuran a nombre de su hermano David S. G. mientras que el propietario sobre el papel de la monovolumen es su cuñado Antonio S. L.
Héctor S. G. durante el juicio cargó con toda la responsabilidad. “He metido a mis hermanos en un lío y les pido perdón. Ellos no tienen nada que ver”, afirmó. Ellos, por su parte, manifestaron no saber nada de los negocios ilícitos del que es su hermano pequeño.
Las versiones dadas por todos coincidieron. La defensa de Héctor S. G., a cargo del abogado Enrique Trebolle, se basó en la cronología de lo hechos. El acusado, de profesión albañil, afirmó que hasta octubre de 2021 no había tenido contacto con el tráfico de estupefacientes. Por ello, insistió en que todas sus adquisiciones fueron previas a esa fecha y efectuadas en gran medida a través de trabajos no facturados y ahorros.
La Yamaha fue comprada el 19 de junio de 2019. Por entonces, Héctor S. G. se estaba separando, circunstancia con la que se justificó que el propietario legal de la moto sea su hermano David. No quería que su nueva moto se viese afectada por el divorcio. La Peugeot Traveller la adquirió en agosto de 2020. En este caso se aduce que su cuñado trabajaba en Stellantis y que para poder beneficiarse de los descuentos a los que tienen derecho sus empleados era necesario que se pusiese a su nombre.
Por último, la Toyota Hilux se asegura que fue la aportación que quería hacer al negocio de reformas que él y su hermano tenían previsto abrir. Cuando compró el vehículo en junio de 2021 la nueva sociedad aún no había sido constituida por lo que se optó por que la inscribiese David como vehículo de la empresa que ya tenía y en la que Héctor estaba a nómina desde 2019.
Tanto con la Peugeot Traveller como con la Toyota Hilux quien hizo las transferencias bancarias en sus compras fue Antonia S. G., la hermana de Héctor S. G. Para la adquisición de la furgoneta se empleó una cuenta en la que los titulares eran ella y su marido Antonio S. L., mientras que para la ‘pick up’ se utilizó otra en la que también figuraba ella además de otra hermana. La peculiaridad de esta última libreta es que es la que utiliza David S. G. para el día a día de la gestión de su empresa aunque él no sea su titular.
Trebolle solicita para Héctor S. G. la absolución y de manera alternativa una pena de cinco meses con la eximente incompleta por el consumo de drogas. Por su parte, la abogada Carmen Cifuentes pide para sus representados -los dos hermanos y el cuñado- la absolución al entender que cuando pusieron los vehículos a su nombre no sabían que el dinero podía tener una procedencia ilícita y que les dijo que provenía de créditos bancarios.
