El Ayuntamiento de Zaragoza desvincula su reclamación al Estado de 51 millones por las plusvalías de los últimos fallos del Supremo
La concejala de Hacienda, Blanca Solans, defiende que el Consistorio sufrió un "daño objetivo" y que por "reserva de ley" no podía legislar para evitarlo.
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, defiende que es "de justicia" reclamar al Estado en los tribunales el daño que causó a las arcas municipales, que valora en 51 millones de euros, por la "desidia" del legislador a la hora de regular las anomalías en las plusvalías (Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017. Desvincula el proceso iniciado por el Consistorio de recientes sentencias del Tribunal Supremo, en las que se rechazan los cuatro primeros recursos planteados por empresas y ciudadanos particulares que reclamaban una indemnización al Estado en concepto de responsabilidad patrimonial para recuperar el pago de la plusvalía municipal.
A diferencia de estos casos, donde la reclamación parte de personas físicas y jurídicas, el Ayuntamiento no interpone la reclamación patrimonial como un contribuyente más. Invoca, explica Solans, "que se ha visto obligado a la devolución de cantidades importantes como consecuencia de que recaudó unos tributos derivados de un impuesto con aspectos que el Tribunal Constitucional declaró nulo s de pleno derecho".
Para que haya un perjuicio económico, como defiende el Ayuntamiento, se debe demostrar que hay un daño y una consecuencia que deriva directamente de ese daño. En este caso, la concejala señala que es consecuencia directa de "la ausencia de legislación desde 2017". Algo que no ocurrió en los territorios forales, donde "como tenían competencias para hacerlo, modificaron sus normas" de manera que sus ayuntamientos no han tenido los problemas del resto.
Solo en el periodo comprendido entre 2021 y 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que devolver 8.840 autoliquidaciones: 1.120 en 2021, por valor de 4,4 millones; 4.126 de 2022 (por 19,3 millones) y 3.594 de 2023 (por 12,4 millones).
El Consistorio reclama en el recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Supremo los importes en concepto de plusvalía que ha dejado de percibir o que han sido devueltos como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación de la base imponible del impuesto.
A diferencia de lo que ocurre en los territorios forales, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene "reserva de ley". Así que "el anormal funcionamiento del legislador lleva al daño directo que son todas las devoluciones y la merma que el Ayuntamiento ha padecido, y es un impacto importante", explica Blanca Solans.
Otros ayuntamientos, como el de Madrid, buscan en el juzgado que el Estado repare el daño económico que les han causado. En el caso de Zaragoza, la concejala de Hacienda recuerda que hay una "merma importante de ingresos a las arcas municipales" al tratarse de unos recursos que son "necesarios para contribuir a sostener el gasto y el presupuesto".
Y ¿qué podría hacer el Ayuntamiento de Zaragoza con esos 51 millones de euros? "Sería una cantidad sumamente importante para mejorar el servicio público, invertir en infraestructuras, cualquier de las políticas municipales de gasto e inversión. Fue una merma importante", recuerda la concejala.
