El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará al Estado por la vía judicial 51,8 millones por la plusvalía
El Gobierno de la ciudad ha aprobado iniciar los trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará al Estado por la vía judicial una indemnización de 51,8 millones de euros por el dinero que dejó de percibir por el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la plusvalía) con anterioridad al 10 de noviembre de 2021. Así lo ha decidido este jueves el Gobierno de Zaragoza, que ordenará a la asesoría jurídica municipal que inicie las actuaciones, pues el plazo para solicitarlo finaliza el 16 de enero. Para hacerlo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la desestimación expresa del Consejo de Ministros de la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por el "perjuicio causado al Ayuntamiento de Zaragoza" derivado de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (107.1, 107.2a, 107.4 y 110.4), aprobada por real decreto legislativo 2/2004.
El conflicto en el cobro de las plusvalías viene de muy largo. Hay que remontarse a mayo de 2017, cuando el Constitucional falló que no se podía cobrar el impuesto en las propiedades inmobiliarias donde se perdiera valor. Dos años después lo amplió a los casos donde se vendiera por un precio menor al que se había comprado. Al final, el Constitucional anuló el sistema de cálculo.
En noviembre de 2022, y en vista de que el Estado no tenía previsto cubrir a corto plazo las pérdidas por la plusvalía, el Gobierno de Zaragoza decidió formular ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública una reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 51,8 millones de euros. Esta es la cantidad que se estima que el Consistorio ha dejado de recaudar por las distintas sentencias dictadas por este impuesto. Hasta la fecha aún no se han pronunciado.
El junio de 2023, un informe de la asesoría jurídica concluía que procedía ejercer acciones interponiendo un contencioso-administrativo ante la sala de la Audiencia Nacional. En noviembre, el Consejo de Ministros desestimaba la demanda de responsabilidad patrimonial aportando varios motivos, entre los que figuraban que el Ayuntamiento incumplía el requisito de legitimación activa para interponer la demanda y la prescripción del plazo para demandar por responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por la sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional. Se rechazaba, además, al considerar que se incumplía el requisito de antijuridicidad en los perjuicios causados, pues se trata de un impuesto potestativo que el Ayuntamiento podría haber decidido no implantar, y por la falta de inactividad del legislador.
En el expediente que ha aprobado este jueves el Gobierno de Zaragoza se rebaten uno a uno estos argumentos. Concluye, además, que se ha producido una "actuación incorrecta por parte del Estado legislador, habiéndose incumplido la obligación de legislar, lo que justifica el daño antijurídico producido para el Ayuntamiento durante más de cuatro años". Existe, sostienen, "un nexo causal directo entre el daño sufrido por el Consistorio y la actuación del Estado legislador, que podría haber sido evitado si el legislador no hubiese aprobado una normativa reguladora del impuesto que en determinadas hipótesis podría resultar contraria a la Constitución al gravar manifestaciones de riqueza inexistentes".
Es posible cuantificar, además, un daño que es "efectivo, evaluable económicamente e individualizado". Según la información aportada por las Oficinas de Gestión Tributaria, los hechos imponibles devengados por las plusvalías con anterioridad al 10 de noviembre de 2021 se elevan a 51,8 millones.
A 30 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza había recaudado 30,3 millones de euros, por encima de los 26,2 recogidos en el presupuesto. En 2016 se llegó a alcanzar una recaudación efectiva de 57 millones de euros.
