La plusvalía genera en Zaragoza 14 millones de euros de enero a julio tras el desplome de 2022
El Ayuntamiento recupera la recaudación de este tributo pese a haber tenido que devolver 6 millones a lo largo de 2023 .
Pese a las incertidumbres de tipo jurídico en las que se ha visto envuelta la plusvalía en los últimos años y después del desplome recaudatorio de 2022, el Ayuntamiento de Zaragoza recupera los ingresos que obtiene gracias a la plusvalía. En los siete primeros meses de 2023 ya ha logrado un total 14 millones de euros, el 53% de lo previsto para todo el año, por lo que este ejercicio ya no habrá agujero presupuestario con este tributo.
La plusvalía, también conocida como impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la cobran los ayuntamientos cuando se trasmite una propiedad inmobiliaria (compraventas, herencias, donaciones, usufructos...). Para calcular la cuota, se utiliza el valor catastral del suelo y se tiene en cuenta el tiempo de tenencia del bien.
Para entender lo ocurrido con la plusvalía hay que remitirse a 2017, cuando el Tribunal Constitucional decidió que este tributo no se podía cobrar si se producía una pérdida de valor. Otra sentencia de 2019 concluyó que no había que pagar el tributo cuando la cuota superara la ganancia obtenida por el contribuyente.
En octubre de 2021 el Constitucional anuló el modo de cálculo de la plusvalía y dinamitó el sistema de financiación local. Aunque el Ministerio de Hacienda adaptó la ley para que se siguiera cobrando el impuesto, un aluvión de recursos de los contribuyentes puso a prueba los servicios tributarios de los municipios.
27,8 millones en 2022
El impacto en Zaragoza fue notable. En 2022, se procedió a la devolución de 4.121 recibos por 19,33 millones de euros y se anularon otros 610 que sumaban 8,49. En total, 27,8 millones de pérdida de recaudación. El Ayuntamiento solo pudo ingresar por este tributo 5 millones, la cifra más baja desde que hay registros. «El año 2022 sufrió un impacto más directo por las devoluciones y anulaciones de plusvalías. En 2023, la situación está más encauzada», dijo la concejal de Hacienda, Blanca Solans.
Tras limpiar gran parte de los recibos indebidamente cobrados, esta dinámica se ha relajado en 2023, aunque se hayan devuelto 6 millones. El contexto también es distinto. «Ahora ya hay un nuevo escenario, con mayor seguridad jurídica», declara.
Pero el impacto de las sentencias del Constitucional no se ha disipado por completo. Según explica la responsable municipal, en este momento el Ayuntamiento tiene pendientes 452 solicitudes de rectificación previas al 26 de octubre de 2021, fecha en la que se dictó la sentencia del Constitucional que eliminó el sistema de cálculo. En total, esto supone 3,1 millones de euros.
En este sentido, el Tribunal Supremo fijó doctrina el pasado julio al cerrar la vía judicial a todos aquellos contribuyentes que no hubieran reclamado con carácter previo al 26 de octubre. Hay que tener en cuenta que hasta el 25 de noviembre no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este contexto, la Asesoría Jurídica Municipal contabiliza un total de 51 procesos judiciales relativos a la plusvalía por valor de 3,2 millones de euros. Puede que haya pleitos que se vean afectados por la decisión del Supremo respecto a los plazos, pero Blanca Solans no pudo determinar aún en qué medida.
Compensaciones
El Ayuntamiento de Zaragoza, como la mayoría de los municipios, siempre ha defendido la necesidad de que el Gobierno central articule fórmulas para compensar a la plusvalía perdida. El marco normativo depende del Estado, que en opinión de Solans abocó a los ciudadanos a acudir al Constitucional por no haber resuelto antes la controversia con este tributo.
En su momento, el Consistorio zaragozano presentó, en vía administrativa, una reclamación por valor de 51,8 millones de euros para que se compensaran las pérdidas ocasionadas. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llegó a cuantificarlas en toda España en 2.000 millones de euros.
De hecho, sigue pendiente en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Haciendas Locales que debería haber habilitado estas compensaciones. Solans explicó que la reclamación de Zaragoza no obtuvo respuesta, por lo que ahora deberá analizar la Asesoría Jurídica municipal los pasos que hay que dar para recuperar esos ingresos.
La venta de suelo sigue lejos de cumplir las previsiones
La ejecución presupuestaria de los ingresos del Ayuntamiento de Zaragoza se ha topado este año con un problema: el bajo nivel de la venta de suelo público. En total, se habían cuadrado las cuentas con 30,3 millones de euros, pero a estas alturas del ejercicio solo han entrado en las arcas municipales 4,9.
La clave del mal rendimiento que está teniendo este capítulo de ingresos es una partida de 15 millones de euros que incluyó el gobierno municipal en el actual presupuesto. Esa era la cantidad que esperaba obtener de la venta de los 20.000 metros cuadrados de aprovechamientos sobrantes de la operación Romareda, que están inscritos en el Registro de la Propiedad pero todavía pendientes de que se les adjudique un suelo.
Esta partida ha sido duramente criticada por el PSOE, que considera que su inclusión en las cuentas fue una forma de cuadrar artificialmente el presupuesto y que a final de año generará un ‘agujero’. Urbanismo dijo que aún hay margen para vender el suelo.
El Ayuntamiento devolverá 163.000 euros de IAE
Tras una sentencia pionera que obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a devolver parte del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a empresas que se vieron afectadas por los cierres de la pandemia de la covid, el Área de Hacienda empieza a hacer cuentas. De momento, ya estima que tendrá que reintegrar 163.000 euros.
Según fuentes municipales, en este momento hay 5 reclamaciones de devolución del IAE por 25.000 euros, procedentes del sector de la hostelería, y otras 19 de salones de juego, que suman 138.000 euros
La decisión judicial adoptada aceptó la reclamación de un empresario de salones de juego, que acudió a los tribunales después de que la Junta de Reclamaciones Económico Administrativas del Ayuntamiento rechaza su petición de que se le reintegraran 37.532 euros. La jueza que dictó el fallo sostiene además que no hay que presentar «especial prueba» para la reclamación, dado que el cierre de la actividad deriva de la ley.
