Suspenden un juicio para valorar la capacidad del acusado de entender el proceso dirigido contra él

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordaron suspender el juicio que tenían previsto celebrar este jueves  contra un joven con discapacidad mental acusado de agredir sexualmente a una compañera del centro tutelado donde ambos residen.

El procesado llegó a la Audiencia de Zaragoza acompañado de quienes ejercen su tutela y se sentó en el banquillo de los acusados para responder por unos hechos ocurridos en 2021 por el que la Fiscalía le pide dos años de prisión.

Pero antes de comenzar su declaración, la representante del Ministerio Público expresó sus dudas de que el joven tuviera capacidad de comprender el proceso judicial en el que está inmerso y de asistir y defenderse en una vista oral, lo que supondría una falta de garantías y la posible nulidad del juicio.

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La razón de que se hubiera llegado a esa situación es que existe un primer informe forense elaborado en noviembre de 2021 y centrado en la "imputabilidad" del acusado que llegaba a la conclusión de que la tenía mermada pero no anulada. Sin embargo, en agosto de 2023 se efectuó una segunda valoración no ya sobre si es o no imputable, sino de si es capaz de entender el proceso al que se ve sometido. Y los forenses concluyeron que no.

El segundo informe entraba a medir su nivel de conciencia, memoria, atención, concentración, orientación espacio temporal, memoria, inteligencia y afectividad. Algunos de estos parámetros se habían valorado en el primero y se comprobó que habían empeorado en el segundo. El acusado está institucionalizado y su diagnóstico tiene pocas posibilidades de mejoría.

Con todo ello, tanto la fiscal como la acusación particular y la defensa solicitaron aplazar la vista para que sea valorado de nuevo y acordar si se puede celebrar el juicio, hacer un seguimiento del joven, o que se archive el asunto y se tomen medidas civiles, pero no penales. Finalmente, la sala decidió suspender el procedimiento para que se valore al encausado y se le informe semestralmente, aunque supeditado a que las partes decidan cuánto quieren prologar esta situación.