tribunales
Acusan a una empresa de mentir para ganar el contrato de ayuda a domicilio de Zaragoza
La antigua adjudicataria, Clece, y la Fiscalía piden en el juicio penas de 3 años y medio de cárcel para tres ejecutivos por presunta falsedad y estafa.
La adjudicación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Zaragoza de 2021 hasta la fecha está bajo sospecha. La Fiscalía y la empresa multinacional Clece, que había prestado el servicio con anterioridad, consideran que las adjudicatarias People Plus Innovation S. L. U. (PPI) y Optima Facility Services S. L. (OPS) –ambas del mismo grupo– aportaron un documento falso para probar su solvencia técnica, requisito necesario para obtener el contrato. Así lograron el del llamado lote tres, que abarca los barrios de Las Fuentes, San José y Torrero, por importe de 6.000.396 euros. Como fueron dos anualidades, la cantidad ascendió a 12.328.247 euros.
Las acusaciones mantienen que presentaron un certificado, con fecha 15 de abril de 2019, relativo a servicios prestados por OPS a la mercantil Hestia Alliance por 2.235.367 euros supuestamente firmado por Sergio P. M. en calidad director técnico de esta última. Así, con esos 2,2 millones presuntamente simulados alcanzaban la cifra de 5,1 millones de contratación que acreditaban la solvencia técnica.
El documento, según las acusaciones, fue presentado por Miguel Ángel V. M., representante legal de OPS y PPI, en "connivencia" con los también encausados, hermanos Ignacio y Alejandro C. B., administrador único y apoderado de las mercantiles, respectivamente.
Clece, como explicó su delegado para Aragón, Jorge Rafael T. S., "sospechó" de las empresas que se presentaban puesto que tenían una experiencia en el mercado "muy limitada" y la tenían catalogada como prestataria de "pequeños servicios" en el sector. Por lo tanto, no la consideraban tan potente como para optar a un contrato como el de Zaragoza.
![Sanitarios de Summa 112 en Mejorada del Campo (Madrid)...EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MAD..28/12/2023 [[[EP]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2023/12/29/sanitarios-de-summa-112-en-mejorada-del-campo-madrid.jpeg)
Por esa razón, Clece (del grupo ACS) se dirigió a la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), patronal del sector, para que trasladara al consistorio sus "dudas" sobre PPI y OPS. A raíz de la comunicación, el Ayuntamiento les requirió que certificaran su solvencia técnica, como admitió ayer la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, Azucena Ayala.
"La superaba con creces"
"PPI la presentó y cumplía. Acreditó la relación de servicios entre octubre de 2018 y 2019 y superaba la solvencia técnica con creces", manifestó ante el tribunal. Explicó que se le adjudicó el contrato y que ha estado prestando Servicio de Ayuda a Domicilio desde entonces hasta 2023 y en estos momentos están prorrogados los tres lotes hasta diciembre de 2024. Recordó que se presentaron seis recursos especiales –tres contra los pliegos y tres contra la adjudicación– y fueron rechazados o inadmitidos por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa).
La sorpresa llegó cuando en la instrucción judicial el supuesto director técnico de Hestia Alliance, Sergio P. M., declaró que la firma del documento no era suya y, el gerente, que el logo de la empresa tampoco es el que figuraba. Por lo tanto, el juez decretó la apertura de juicio oral contra los tres acusados por falsedad en concurso con un delito de estafa.
La Fiscalía reclama la nulidad del contrato y exige que se condene a las empresas PPI y OPS al pago de una multa de 200.000 euros, así como que se les inhabilite durante 4 años para obtener subvenciones. Para los tres acusados solicita penas de tres años y medio de cárcel y sendas multas de 5.400 euros. El Ministerio Público deja al criterio del tribunal de la Sección Sexta la valoración de los daños y perjuicios y lucro cesante derivados de la declaración de nulidad a favor de Clece por los servicios que habría percibido de haber continuado con la prórroga correspondientes.
Los encausados rechazaron tener nada que ver con la elaboración del documento supuestamente falso y con la participación en el proceso del concurso al contrato de Zaragoza. Atribuyeron toda la responsabilidad, si es que la hubiera, a Ignacio C. L., padre de los dos hermanos, fallecido por Covid en noviembre de 2020, a quien definieron como un hombre "hecho a sí mismo", "líder absoluto" y persona "carismática" que levantó un gran grupo empresarial que actualmente cuenta con 10.500 empleados y factura 190 millones de euros al año.
Recordaron que cuando el padre enfermó nombraron administrador único a Ignacio C. B. por si se producía un desenlace luctuoso, como así sucedió. Y antes de que esto ocurriera, indicaron, ninguno de ellos tenía poderes para participar en concursos públicos de la cuantía del de Zaragoza. Sus respectivos abogados solicitaron la absolución, además de defender la solvencia de las empresas PPIy OPS y su trayectoria en el sector.
