Piden 5 años de cárcel para un empresario de Zaragoza que no daba de alta a sus empleados
La Fiscalía lo acusa de pagar las nóminas en mano para no cotizar y le reclama 81.173 euros. La Audiencia juzga también a un peón al que presuntamente utilizó como testaferro.
Un control de alcoholemia de la Policía Local sacó a la luz por casualidad en 2020 la presunta trama fraudulenta por la que ayer se juzgó en la Audiencia de Zaragoza al empresario de origen nicaragüense Roberto M. T. y a su presunto testaferro, un joven de su misma nacionalidad identificado como Julio César M. M. La Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social los acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la Seguridad Social, por los que piden para cada uno de ellos hasta cinco años de cárcel y una multa de 160.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, les exigen también el abono de forma conjunta y solidaria de 81.173 euros, cantidad que supuestamente defraudaron a las arcas públicas al no dar de alta a los empleados de las sociedades de las que eran administradores.
El principal acusado dirigía una mercantil llamada Instala 2 que se dedicaba a hacer trabajos de conservación y mantenimiento de viviendas. Por casualidad, una patrulla de la Policía Local de Zaragoza dio el alto un día a una de sus furgonetas en un control de alcoholemia. Y aquello permitió comprobar a los agentes que uno de los empleados se encontraba en situación irregular en España. Los municipales informaron a la Policía Nacional para que Extranjería iniciara los trámites de expulsión. Pero esta ‘carambola’ sirvió para destapar otras presuntas irregularidades. Entre otras, pagos en mano a algunos trabajadores para no tener que cotizar por ellos.
"Me dijo que solo iba a ser por tres días"
La Tesorería General de la Seguridad Social llevó a cabo una inspección y descubrió que el administrador de Instala 2 había constituido en abril de 2018 una segunda sociedad llamada Asisplus Security, en la que puso después como administrador al otro acusado.
«Yo trabajaba como peón en Instala 2. No tenía ninguna formación, antes solo había trabajado en Burger King. El jefe –por Roberto M. T.– estuvo mucho tiempo tratando de convencerme de que fuera el administrador único de Asisplus. Me dijo que solo iba a ser por tres días, que era todo legal. Yo firmé el documento, pero no aporté ninguna cantidad de dinero y seguí trabajando como peón, puesto que el administrador real de las dos empresas era él», declaró Julio César M. M., al que defiende el letrado Héctor Saz.
Los magistrados de la Sección Tercera no tuvieron ocasión de escuchar la versión del principal acusado, ya que este se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, su abogado, Javier Osés, considera que no cometió ningún delito, por lo que solicitó su libre absolución.
