Preacuerdo para que la concesionaria del bus de Calatayud mantenga el servicio

El equipo de gobierno se compromete a que se aprueben las compensaciones por pérdidas antes de final de año

Autobús urbano de Calatayud
Autobús urbano de Calatayud
Macipe

La concesionaria del bus urbano de Calatayud –la bilbilitana Hermanos Martínez (Hermasa)– y el Ayuntamiento de la localidad han alcanzado un principio de acuerdo para que en el próximo pleno del día 28 se apruebe el pago de las compensaciones a la empresa por las pérdidas de 2022 y las generadas a raíz de la pandemia. Dicho entendimiento llega después de que la compañía advirtiese en un comunicado de que los vehículos no saldrían a la calle a partir del 1 de enero si no se avanzaba en el abono.

Ayer, tras un encuentro entre ambas partes, la concesionaria aseguró que dará "un voto de confianza" a las palabras del equipo de gobierno del PP tras conocer que ya se ha incluido la propuesta en el orden del día. Sin embargo, también señaló que las cantidades que se les tienen que transferir "todavía no están cerradas", ya que además del pago de desequilibrio del ejercicio anterior, cifrado en unos 15.000 euros, queda pendiente la indemnización fijada a raíz de un estudio sobre la reducción del número de usuarios por la pandemia y por el incremento del coste de los carburantes en los últimos meses.

Según admitía el alcalde, José Manuel Aranda, la voluntad de entendimiento es "mutua" y lleva a pactar que la cantidad a abonar por dicho análisis, detraídas las indemnizaciones anuales, será de "unos 40.000 euros". De la misma forma, reconocía que el pago de los 15.000 euros "no estaba contemplado en los presupuestos" del presente curso.

En abril de 2022, un año antes de cumplirse la década de vigencia de la concesión, la empresa ya comunicó su intención a los responsables municipales –entonces PP y Cs– de "resolver el contrato y abandonar la gestión, puesto que con la covid-19 se alteró por completo el equilibrio de las prestaciones y resultaba antieconómico seguir prestando el servicio". En febrero de 2023, el pleno, con el ‘no’ de PSOE y PAR, la abstención de Vox y el ‘sí’ de PP y Cs, aprobó la prórroga forzosa con la actualización de precios con el IPC.

Reducción de frecuencias

Socialistas y aragonesistas criticaron entonces que, teniendo en cuenta la advertencia de la empresa, no se hubiera agilizado la redacción de unos nuevos pliegos y que esa falta de previsión la pagase la mercantil. Después de 10 meses, Aranda dejaba entrever que todavía estaba pendiente la redacción y aseguraba que la próxima licitación recogerá algunos cambios. Entre ellos, una reducción de frecuencias –calificada de "concentración de horarios", especialmente sábados y domingos–, basada en criterios de "rentabilidad, eficiencia y eficacia", dado que la única línea urbana de bus en la ciudad es utilizada, principalmente, por personas mayores o sin transporte privado para acceder al hospital Ernest Lluch y, en verano, para llegar a la ciudad deportiva.

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