Vivienda externaliza las ayudas a la rehabilitación para no perder 49 millones de la UE
Amplía el acuerdo con arquitectos y aparejadores ante el atasco de tramitación, que afecta a 3.300 de las 5.054 solicitudes.
La nueva directora general de Vivienda, Pía Canals, ha decidido externalizar la tramitación de las ayudas a la rehabilitación ante el monumental atasco en su resolución, que pone en peligro la percepción de los 49 millones de euros de la Unión Europea (UE) aún por repartir en Aragón.
Los funcionarios del servicio Arquitectura y Rehabilitación están ahora resolviendo las solicitudes presentadas hace once meses y aún tienen que hacer frente a más de 3.300 de las 5.054 acumuladas. Con la plantilla existente no se llegaría a tiempo a cumplir los hitos fijados a lo largo del próximo año para percibir la citada suma millonaria de Bruselas, por lo que Canals ha decidido ampliar la colaboración con los colegios de arquitectos y aparejadores.
Hasta ahora se encargaban de informar y asesorar de las ayudas de rehabilitación de edificios y viviendas a particulares y profesionales, pero asumirán la elaboración de "informes de idoneidad" sobre las solicitudes, que no serán vinculantes, con el fin de aligerar la carga de trabajo a los 22 funcionarios que se encargan de resolverlas. De este modo, la directora general dio por hecho que no solo se podrán cumplir los hitos establecidos por las autoridades comunitarias, sino llegar al próximo verano con todo el dinero asignado, 86 millones, seis meses antes de que expire el tercer plazo fijado. Los colegios recibirán por el nuevo encargo 135.000 euros.
La pretensión es llegar a respaldar la mejora de la eficiencia energética de un total de 4.635 viviendas repartidas por la Comunidad, además de las intervenciones en barrios completos, otra de las líneas de subvención, junto al de oficinas.
Por el momento, se han concedido y abonado 21 millones correspondientes a las líneas específicas de pisos, fundamentalmente para cambiar ventanas, y unas pocas de las destinadas a bloques y a financiar los costes de elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de los proyectos de intervención en edificios. Otros 15 millones están comprometidos en la línea destinada a la intervención en 16 barrios y 880.000 euros para la de oficinas.
El objetivo es conseguir que el consumo de energía no renovable se reduzca al menos un 30% cuando las actuaciones afecten a edificios y que la rebaja global mínima del gasto en calefacción y refrigeración sea del 7% en el caso de los pisos. La cuantía de las ayudas alcanza hasta el 80% del coste subvencionable, con unos límites en función del porcentaje del ahorro energético conseguido. Para las personas o familias vulnerables, llegarán hasta el 100%.
Con la línea de edificios, los fondos europeos podrán cubrir entre 6.300 y 18.800 euros, mientras que se limita hasta 3.000 euros para los propietarios o inquilinos de inmuebles. En este caso, el gasto por vivienda debe ser como mínimo de 1.000 euros y el importe de la subvención, hasta 40% del coste de la inversión.
Las 5.054 solicitudes presentadas suman 148 millones subvencionables, pero no hay dinero para cubrirlas. Como se preveía que pudiera darse esta situación, el anterior equipo de gobierno estableció que la resolución fuera por estricto orden de presentación y, como es preceptivo, entre las que cumplieran los requisitos. Canals señaló que hasta ahora se han concedido ayudas para mejorar la eficiencia energética para 1.159 viviendas.
