Nueve dueños de pisos denuncian una presunta estafa de 129.673 euros en Zaragoza
La Policía detiene al dueño de una inmobiliaria por quedarse, presuntamente, con el dinero que le dieron para pagar los impuestos y gastos de notarías y registro.
El dueño de una inmobiliaria ha sido detenido por la Policía Nacional en Zaragoza como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil. El arresto se produjo este pasado miércoles después de que nueve personas propietarias de otras tantas viviendas lo denunciaran por haberse quedado, presuntamente, las distintas cantidades que le anticiparon para el pago de los gastos de notarías y la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del Gobierno de Aragón y la inscripción de su titularidad en el Registro de la Propiedad. En total, 66.660 euros a los que hay que sumar los 63.013 que tuvieron que desembolsar después para abonar lo que no había pagado el denunciado.
La denuncia contra Enrique Javier S. L. fue presentada el pasado mes de julio por el abogado de la Comunidad Autónoma de Aragón en nombre de la Dirección General de Tributos y por los afectados.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal iniciaron una investigación que culminó el pasado jueves con el arresto de Enrique Javier S. L., administrador único de su sociedad inmobiliaria. En principio, los hechos estaban relacionados con la liquidación de impuestos, actos jurídicos documentados e inscripción de tres inmuebles, pero luego averiguaron que podía haber más afectados.
La Policía averiguó que, al menos en nueve casos, todos ellos de compraventa de viviendas en las que no era necesario solicitar financiación ni hipoteca, el investigado pidió a los clientes un dinero anticipado en concepto de provisión de fondos para liquidar los mencionados impuestos y gastos. Sin embargo, según la información que aportó la Dirección General de Tributos, salvo en un caso, el sospechoso no inscribió ninguno de esos inmuebles.
Además, para que los denunciantes no sospecharan de sus maniobras les hizo creer que había hecho los trámites administrativos entregándoles una documentación que, según la Policía, había alterado previamente cambiando una serie de valores inapreciables para los legos en la materia. Entre ellos, por ejemplo, cambios en el número de código o del expediente, lo que podría constituir una falsificación en documento público.
Las víctimas se enteraron del engaño cuando fueron requeridas por la administración para que efectuaran los pagos. Al preguntarle al sospechoso, él responsabilizaba a las gestorías de la falta de pago y les facilitaba identidades falsas de trabajadores de esas oficinas, según concluyó la Policía. El detenido pasó el jueves a disposición judicial y, asistido por los abogados Luis Ángel Marcén y Carmen Sánchez, quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar.
