La recaudación de la plusvalía remonta en Zaragoza tras el desplome sufrido en 2022

El Ayuntamiento ya ha ingresado 8,1 millones frente a los más de 5 de todo el ejercicio pasado

Dependencias de la agencia tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza en el Edificio Seminario.
Dependencias de la agencia tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza en el Edificio Seminario.
Francisco Jiménez

Tras un año 2022 en el que se generó un agujero de 26,4 millones de euros, la recaudación de la plusvalía remonta en Zaragoza. Según el servicio de contabilidad municipal, en el primer cuatrimestre el Ayuntamiento de la capital ha ingresado 8,1 millones de euros, por lo que si se mantiene la tendencia se podrían superar los 26 millones contemplados en el presupuesto de 2023.

La evolución de la plusvalía, un tributo que cobran los municipios por compraventas, donaciones o herencias de inmuebles, supone un respiro para las arcas municipales tras el cataclismo recaudatorio que se produjo el año pasado después de la sucesión de sentencias judiciales que pusieron en jaque el impuesto en sí. Esto derivó en un aluvión de reclamaciones de los ciudadanos que obligaron a los ayuntamientos a devolver cantidades ingentes de dinero a los ciudadanos.

Para entender lo ocurrido con la plusvalía hay que remitirse a 2017. En mayo de ese año, el Tribunal Constitucional decidió que este tributo no se podía cobrar si se producía una pérdida de valor. A esa decisión se sumó otra sentencia de 2019, por la que no había que pagar el tributo cuando la cuota superara la ganancia obtenida por el contribuyente. Finalmente, en octubre de 2021 el Constitucional anuló el modo de cálculo de la plusvalía y dinamitó el sistema de financiación local.

Esto obligó al Ministerio de Hacienda a adaptar de forma urgente el impuesto con el objetivo de poder seguir cobrando el impuesto. Pero no se pudo evitar que llegarán a los municipios miles de recursos de contribuyentes que querían recuperar un dinero que se les había cobrado indebidamente. Esta circunstancia ha supuesto un gran esfuerzo a los equipos de recaudación de tributos para organizar un proceso en el que estaban en juego millones de euros.

2022 estuvo marcado por las anulaciones y devoluciones hasta el punto de que se incumplieron por completo las previsiones municipales. El pasado ejercicio, en el que se habían presupuestado 31,5 millones de euros, solo se pudieron recaudar 5, con una caída de 30 millones de euros respecto al año anterior.

En total, el Ayuntamiento anuló derechos de cobro por un total de 17,6 millones de euros, una cifra sin precedentes. Este año se ha seguido devolviendo dinero por plusvalía, pero el ritmo es inferior: en los cuatro primeros meses se han cancelado recibos por valor de 3,5 millones.

Navarro: «Estamos al día»

"Nos hemos puesto al día con las devoluciones a los contribuyentes. Ahora estamos recaudando con el objetivo de cumplir lo presupuestado para este año", explicó la concejal de Hacienda, María Navarro. Según la responsable de las arcas municipales, la normalización del impuesto ha tenido un impacto directo en la litigiosidad, que ha bajado notablemente.

Una de las claves ha sido la nueva ordenanza de la plusvalía aprobada por el Ayuntamiento, que entre otros aspectos ha permitido generalizar la autoliquidación telemática. Según explicó Navarro, ya supone un 80% de los recibos. "Esto nos permite liquidar a tiempo. La nueva normativa ha dado sus frutos", afirmó la concejal.

Ante el agujero generado por la plusvalía, los ayuntamientos españoles han reclamado compensaciones. Hay que tener en cuenta que hasta hace unos años la plusvalía era el segundo ingreso en importancia del Ayuntamiento de la capital (en 2016 se llegaron a recaudar 75,8 millones de euros).

De hecho, los municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lograron introducir una enmienda en la reforma de la Ley de Haciendas Locales, actualmente en tramitación, para que los ayuntamiento recibieran dinero por las pérdidas

Pero esta modificación sigue atascada en el Congreso de los Diputados y parece difícil que vaya a salir adelante antes de las elecciones. En este contexto, el pasado mes de noviembre presentó una reclamación patrimonial por valor de 51,8 millones de euros. «El próximo gobierno tendrá que resolverlo. Debe haber una ley de plusvalía», dijo María Navarro.

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