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Los sindicatos cifran en un 80% el respaldo a la huelga de funcionarios de Justicia en Aragón
La primera de las siete jornadas de paro general en los juzgados y tribunales ha obligado a aplazar numerosos juicios y trámites.
Los juzgados aragoneses han vuelto a funcionar hoy a medio gas. Tras una serie de paros parciales, los funcionarios de Justicia han secundado este jueves 4 de mayo su primera jornada de huelga general, lo que ha obligado a aplazar numerosos juicios y trámites. Las organizaciones convocantes, CC. OO., CSIF, STAJ y UGT han cifrado provisionalmente en un 80% el seguimiento de la protesta, que se ha escenificado a mediodía con una concentración frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el Coso zaragozano.
Los aproximadamente 1.300 trabajadores de la Administración de Justicia de Aragón (45.000 a nivel nacional) están llamados a siete jornadas de huelga, movilizaciones que afectan a los cuerpos de médicos y facultativos forenses, gestores procesales, tramitadores y auxiliares judiciales. Exigen la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), actualmente en el Congreso, porque a su juicio impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.
También reclaman una subida salarial digna -en línea con la aprobada para los letrados de la Administración de justicia (LAJ)- y el reconocimiento de las funciones que en la práctica vienen realizando desde hace ya más de 20 años.
“Este conflicto se inició más de un año pero ha llegado a provocar una huelga general producto de la intención de implantar sin negociación alguna de la LOEO. Y esto se ha agravado debido al aumento retributivo que han tenido los LAJ”, explicaba Ana Sanau, responsable del sindicato STAJ en Aragón. “Pero la nuestra no es solo una reclamación económica -añadía-, reclamamos la paralización de la nueva ley porque no se garantizan todos los puestos de trabajo, no se garantizan todas las retribuciones y se limita la movilidad voluntaria. Es decir, nos pueden mover de nuestro puesto de trabajo sin justificación”.
Las transferencias de Justicia en cuanto a medios materiales y personales fueron transferidas al Gobierno aragonés, pero los sindicatos sostienen que la negociación debe ser con Madrid. “Hay competencias exclusivas que siguen estando en manos del Ministerio de Justicia y afectan al ámbito nacional”, comentaba Sanau.
La portavoz de CSIF, Irene de la Riva, no podía concretar el número exacto de vistas suspendidas en esta primera jornada de huelga general, pero insistía en que han sido muchas. Aclaraba, en cualquier caso, que como medidas esenciales, se han mantenido los juicios penales con preso y todas aquellas actuaciones relacionadas con violencia de género, menores y discapacitados.
El representante de CC. OO., Joaquín García, se quejaba también de la falta de negociación de le nueva ley. “Pedimos también una retribución aparejada a la concedida a los LAJ, porque ellos no hacen el 90% del trabajo, ellos lo firman. Los que hacemos ese 90% del trabajo somos los cuerpos generales. Está muy bien que reclamen por responsabilidad, pero no por trabajo real, que lo hacemos nosotros”, decía.
Por parte UGT-Justicia en Aragón, Evangelina Jiménez, recordaba que la “reorganización” que plantea la LOEO afectará directamente al ciudadano, “porque serán menos personas las que atiendan a la gente”. Criticaba también al Gobierno central por negociar de forma distinta con jueces, fiscales y LAJ. “Parece mentira que a los funcionarios que realmente movemos los papeles no estén tratando de esta manera”, apostillaba.
