La mayoría de jueces y fiscales en Aragón, dispuestos a seguir la huelga del 16 de mayo
l Los ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, les pide responsabilidad como servidores públicos, mientras que los sindicatos de funcionarios anuncian 7 días de paro
Cuando aún no se sabe cómo se va a reparar el atasco causado en los tribunales por los dos meses de huelga de letrados y los funcionarios de Justicia están en pleno conflicto con el Ministerio –han fijado siete días completos de paro–, los jueces y fiscales han mostrado abiertamente su intención de ir a la huelga general el próximo 16 de mayo si no son atendidas sus reclamaciones. El duro escenario que se presenta para la ministra de Justicia, Pilar Llop, no tiene visos de corregirse, salvo que el Ministerio de Hacienda acuda a las reuniones con los respectivos interesados con una oferta económica en la mano.
La llamada a la huelga general de jueces y fiscales ha sido respaldada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (FV), el Foro Judicial Independiente (FJI), así como por la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Mientras, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales están dispuestos a seguirla, dado que comparten todas las reivindicaciones, pero condicionan la decisión al resultado de la reunión de la Mesa de Retribuciones, fijada para el 3 de mayo.
Esta cita debería haberse producido el pasado 26 de octubre, pero fue anulada unilateralmente por el Ministerio de Justicia, tal y como este martes explicaba la portavoz del Foro Judicial en Aragón, Elena Lumbreras. "En función de lo que ocurra decidiremos", señaló, aunque apuntó que en torno a un 75% de compañeros está dispuesto a parar.
Eduardo López Causapé, representante de Francisco de Vitoria en Aragón, coincidió en explicar en que esta mesa no se ha reunido desde 2008 cuando por ley debe hacerlo cada cinco años. El magistrado descartó que el detonante de la movilización sea el logro alcanzado por los LAJ y explicó que hace ya tiempo que habían acordado adoptar medidas de presión. De hecho, su asociación, en la asamblea anual celebrada en noviembre en Palma de Mallorca, ya decidió de forma mayoritaria sumarse a las medidas más duras, como la huelga, en el momento que los colectivos de jueces y fiscales lo plantearan. Y ha sido ahora.
Tercera huelga
El apoyo que se intuye mayoritario se plasmó también en las reuniones mantenidas la semana pasada en Zaragoza por magistrados de la APM para sondear a sus asociados: el resultado fue que un 70% estaría dispuesto a secundarla, según fuentes de la asociación. Las reivindicaciones pasan por una subida salarial, pero también por mejoras en las condiciones de trabajo.
De salir adelante, esta sería la tercera vez que jueces y fiscales salían a la calle, tras la huelga de 2018, con Rafael Catalá al frente del Ministerio y, tras el cambio de Gobierno, con Dolores Delgado como titular de Justicia.
La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pidió este martes a los convocantes que sean "conscientes de la responsabilidad" que tienen como servidores públicos, informó Efe. Y si Rodríguez llamaba a la calma, la ministra de Justicia, Pilar Llop, encendía los ánimos de los funcionarios de Justicia por su visita a la Feria de Sevilla mientras estaban en la calle reclamando sus reivindicaciones. La reacción a la falta de acuerdo fue endurecer las movilizaciones, pedir formalmente la dimisión de Llop y anunciar huelgas de jornada completa los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Los abogados del turno de oficio también se movilizan
Una concentración este jueves en Madrid será el inicio de la movilización que la abogacía española, especialmente la del Turno de Oficio, con el objetivo de reivindicar medidas que eviten la "quiebra" y "depauperación" del servicio del turno y la "significación" de la profesión. Tal y como plantean los convocantes, –14 asociaciones de distintas comunidades, como Zaturno, de Zaragoza, más el sindicato Venia–, a la concentración le seguirá un abanico de medidas que pretenden culminar en una huelga general. Una de las reclamaciones es la mejor retribución de un servicio fundamental para la ciudadanía, como es la defensa de los derechos fundamentales individuales y colectivos.
Los convocantes han creado la plataforma Abogacía y Turno de Oficio, que trasladará a los 83 colegios profesionales de España las medidas recabar su apoyo. "Trabajamos en unas condiciones de miseria y cuasi esclavitud que ni los colegios ni sus juntas con son capaces contrarrestar, y que, en los últimos diez años, han visto como empeoraban progresivamente", señala Bella Sánchez, delegada de Venia en Aragón.
