zaragoza
La DGA envía dos requerimientos al Ayuntamiento por la operación Romareda
Pide que se le entregue la documentación del expediente en 20 días hábiles porque dice que debe contar con la aprobación del Ejecutivo autonómico. El Consejo Provincial de Urbanismo enviará otro porque aseguran que la modificación del PGOU "no puede considerarse menor".
Poco más de un mes para las elecciones y la operación Romareda sigue tensando la delgada cuerda entre las dos principales instituciones de Aragón. La DGA ya lo advirtió y finalmente ha cumplido: acaba de enviar un primer requerimiento al Ayuntamiento de Zaragoza por la licitación de la construcción y explotación del futuro campo de fútbol. Alega que el Ejecutivo autonómico debería haberle dado el visto bueno a los pliegos antes de que se hicieran públicos y da al gobierno municipal un plazo de 20 días hábiles para hacerle llegar la información del expediente. No será, en todo el caso, el único que se presente, ya que el Consejo Provincial de Urbanismo acordó el pasado viernes enviar otro instando al Consistorio a cumplir la Ley de Urbanismo y presentar el texto refundido del PGOU.
El primer requerimiento se apoya, entre otras cuestiones, en el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, que establece que, en caso de enajenación de bienes inmuebles, "deberá incorporarse la autorización o toma de conocimiento del departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales con carácter previo a la publicidad de la licitación". Y considera que el derecho de superficie, que es el modelo que se ha impulsado para el futuro estadio a petición del Real Zaragoza, que quería poder explotarlo durante 75 años, es "un derecho real limitativo del dominio" público "equiparable a los actos de enajenación".
En concreto, el Ejecutivo autonómico hace referencia al artículo 186 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que dice que toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles "habrá de comunicarse a la Diputación General de Aragón, y si su valor excediera del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación, requerirá la aprobación de la Administración de la Comunidad Autónoma".
El Gobierno de Aragón ya había transmitido en varias ocasiones sus dudas sobre la regularidad de la operación, abriendo incluso la puerta a un recurso ante los tribunales, que supondría la paralización del proceso y pondría en peligro los ajustados plazos para llegar a tiempo al Mundial de Fútbol de 2030. En lo que respecta a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el consejero de Vertebración, José Luis Soro, llegó a hablar incluso de un contencioso, aunque aseguró que "en ningún caso" el recurso judicial llegaría antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.
Si pasados los 20 días hábiles el Ayuntamiento no remite la información exigida, la DGA continuará el procedimiento habitual, que podría acabar en un contencioso. En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico justifican que el Gobierno de Aragón debe velar por la legalidad, como ocurre con el resto de consistorios de la Comunidad.
Este no será, en todo caso, el único requerimiento. El Consejo Provincial de Urbanismo aprobó el pasado viernes "por unanimidad y sin la presencia del representante del Ayuntamiento", que no acudió a la sesión, requerir al consistorio "que cumpla con la ley de urbanismo y presente el texto refundido del PGOU antes de seguir adelante con el proyecto de la nueva Romareda".
El Gobierno aragonés insiste en que la modificación "no puede considerarse menor" y en que la decisión debería pasar por el propio Consejo para su aprobación. "Este requerimiento busca el entendimiento entre administraciones, realizar los trámites bien para evitar un futuro litigio. De hecho, si el Ayuntamiento hubiese presentado ya el texto refundido del plan general en la sesión celebrada el viernes se podría haber aprobado ya la modificación pretendida", asegura.
