La Policía detiene en Zaragoza a un condenado por fraude fugado desde 2021

El arrestado, dueño de una panificadora, fue arrestado en una vivienda donde permaneció oculto todo este tiempo sin realizar apenas salidas al exterior para no ser detectado. 

El juicio contra Francisco Javier Mendoza y el resto de acusados se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza en febrero de 2020.
El juicio contra Francisco Javier Mendoza y el resto de acusados se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza en febrero de 2020.
Aránzazu Navarro

La Policía Nacional ha detenido a Francisco Javier Mendoza García, un zaragozano de 69 años que estaba reclamado por la Justicia para cumplir prisión por delitos de  estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. 

El empresario zaragozano estaba siendo buscado desde 2021, cuando se le perdió la pista tras recibir una condena de la Audiencia Provincial de cuatro años de prisión por un fraude a la Seguridad Social de 662.775 euros. Sobre él pesaba otra sentencia condenatoria de un año y medio de cárcel por un delito de insolvencia punible que luego el Tribunal Supremo rebajó a nueve meses. No obstante, estaba reclamado por las autoridades judiciales para cumplir las dos.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía indicaron ayer que creen que durante todo este tiempo ha permanecido sin salir apenas de su vivienda de Vía Hispanidad para no ser descubierto. Por esa razón, los agentes del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Delicias encargados de buscar a esta persona han tenido que llevar a cabo una ardua y larga investigación para dar con su paradero. Sobre todo, añadieron estas fuentes, porque encontraban trabas continuas por parte de la familia del huido a la hora de facilitar algún dato de dónde podía estar. Los policías establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a sus allegados, localizándolo finalmente el pasado 12 de abril en la mencionada vivienda.

Francisco Javier Mendoza fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza en diciembre de 2018 y en marzo de 2020 y las dos causas estaban relacionadas con su actividad con la Panificadora Luisa S. L., empresa que compró a sus antiguos propietarios por 2.350.000 euros a través de una de sus numerosas mercantiles, en este caso Riveramila S. L. Para financiar la compra contrató un préstamo hipotecario con Bankinter por 2,2 millones. 

El préstamo se fue pagando de forma regular hasta 2012, fecha en la que dejó de abonar las cuotas con un capital pendiente de 1,2 millones, y el banco ejecutó bienes de los avalistas. A pesar de ello, abrió sucursales de la panificadora en Madrid pero, finalmente, todo fue a peor y en 2014 fue declarada en concurso de acreedores calificado como culpable.

Tal y como determinó el tribunal, no solo ocultó la situación de insolvencia a sus acreedores y proveedores sino que dispuso de 1,3 millones de las cuentas a favor de la sociedad Riveramila que él administraba. Por estos hechos fue condenado a un año y medio de cárcel, pena que el Tribunal Supremo rebajó después a nueve meses de cárcel y seis meses de multa.

Francisco Javier Mendoza volvió a sentarse en el banquillo de los acusados en marzo de 2020 por un delito de fraude a la Seguridad Social de 662.777 euros. En esa ocasión, la Audiencia lo condenó a cuatro años y un día de prisión y una multa del doble de la cantidad defraudada.

El tribunal concluyó que el imputado tramó un plan para despatrimonializar la panificadora Luisa S. L. y dejar de pagar a sus acreedores. Lo hizo poniendo a disposición de nueve empresas pantalla –en las que no figuraba como administrador, aunque era en realidad quien las dirigía– todos los recursos con los que contaba Panificadora Luisa S. L.: capital, nave y máquinas, cartera de clientes, registro de sanidad, vehículos e incluso sus propios trabajadores. El detenido ya está en prisión.

En el fallo, los magistrados de la Sección Primera también condenaron a su cuñado como cómplice, pero luego este fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al concluir que no quedó probada la existencia de una responsabilidad criminal en su conducta ni que colaborara con el principal acusado.

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