zaragoza
Al banquillo por un fraude que puede costarles 25 años de cárcel y casi 7,5 millones en multas
Los acusados son dos empresarios y tres testaferros a los que la Seguridad Social denunció por impago de cuotas.
Dos empresarios zaragozanos y tres personas a las utilizaron como testaferros para intentar sacar adelante su negocio se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza por un supuesto fraude a la Seguridad Social que podría costarles un total de 25 años de prisión y casi siete millones y medio de euros en multas. La Fiscalía acusaba también por estos hechos a una sexta persona que falleció hace solo unas semanas.
A lo largo del juicio, que comenzó este lunes con el interrogatorio de los investigados y continuará hasta el próximo jueves, el ministerio público y el letrado de la Tesorería de la Seguridad Social pretenden demostrar que Francisco Javier M. G. y José Javier R. O. tramaron un plan para despatrimonializar la mercantil Panificadora Luisa S. L. y dejar de pagar a sus acreedores.
De hecho, acusan a estos dos empresarios de instar un procedimiento concursal –que se calificó como culpable por sentencia del 16 de abril de 2015– para luego continuar explotando el mismo negocio de fabricación y reparto de pan a través de nueve sociedades adquiridas o creadas a tal efecto.
Y ¿cómo lo hicieron? Poniendo a disposición de estas nueve empresas todos los recursos con los que contaba Panificadora Luisa S. L.: capital, nave y máquinas, cartera de clientes, registro de sanidad, vehículos e incluso sus propios trabajadores.
Como señala la Fiscalía en su escrito de acusación, de esta forma, los acusados no solo obviaron las obligaciones contraídas hacia sus acreedores sino que eludieron también el pago de las cuotas a la Seguridad Social, por las que ahora les reclaman casi 450.000 euros (que se corresponderían con los impagos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, más los intereses legales).
Para llevar a cabo su plan, Francisco Javier M. G. y José Javier R. O. se habrían valido de otras tres personas: un cuñado del primero, Pedro M. B., y dos de sus trabajadores, María Yolanda C. A. y Jesús M. N. Los tres llegaron a figurar en algún momento como administradores de algunas de las empresas pantalla, de ahí que también se pida para ellos cárcel y multas millonarias.
Durante su declaración, los supuestos ‘firmones’ alegaron que sus nombramientos fueron puntuales y que no sabían que se estaba cometiendo un fraude. La única acusada manifestó que colaboró con los presuntos cerebros de la trama "simplemente por amistad", mientras que otro testaferro dijo haber cobrado «únicamente 200 euros» por figurar varios meses como administrador.
El acusado Javier R. O., para quien piden una multa de tres millones de euros, depositó antes del juicio 100.000 euros para que se aprecie la atenuante de reparación del daño.
