protesta
"Somos muy conscientes del perjuicio causado por la huelga pero Justicia no quiere evitarlo"
La letrada de la Administración de Justicia y vocal de la UPSJ Ana Igea justifica los motivos del colectivo para continuar el paro.
Ana Igea, letrada de la Administración de Justicia (LAJ), estaba este martes en su despacho del Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza cumpliendo con los servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Justicia. Sobre su mesa, una decena de demandas sin tramitar y los expedientes de los cerca de 80 juicios que se ha visto obligada a suspender con motivo de la huelga que secunda el colectivo. Vistas que, de momento, no han podido volver a señalarse, puesto que esta es una de las tareas de los LAJ y ella está en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. No sabe cuándo se podrán celebrar, pero estima que podría ser en el último trimestre de 2023 o principios de 2024.
Pero no solo son juicios. Los Juzgados de lo Social (en Zaragoza hay 8) tramitan procedimientos de despido, prestaciones de la Seguridad Social, incapacidades, impugnaciones de sanciones de trabajo o solicitudes del Ingreso Mínimo Vital no admitidas. En cuanto al resto de jurisdicciones, según los datos del colectivo, hasta ahora se han suspendido en Aragón unas 2.000 actuaciones, de las cuales 1.000 corresponden a juicios. Y en la cuenta de consignaciones (a través de la cual se pagan indemnizaciones, reclamaciones, etc) hay paralizados 618 millones de euros.
Como admite Ana Igea, que es también vocal de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes de la huelga indefinida, son "muy conscientes" del perjuicio causado al ciudadano con la suspensión de juicios y trámites. "Tenemos vocación de servicio público y no nos gusta esta situación. Son las consecuencias que tristemente tiene toda huelga, pero también es cierto que el Ministerio no ha querido negociar para evitar estos perjuicios", afirma.
Y las perspectivas no son buenas, teniendo en cuenta la fallida reunión del pasado 16 de febrero con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, entre otros. Precisamente este último convocó este martes al comité de huelga a una reunión de una hora y media el próximo viernes, lo que presumen poco tiempo para desatascar el conflicto, cuando el primer intento frustrado para alcanzar un acuerdo se prolongó 15 horas.
"Nosotros estamos dispuestos a mantener el pulso hasta el final", señala Ana Igea y recuerda que el cuerpo de letrados es minoritario (4.300 funcionarios) y ha sido un colectivo muy "parado" porque siempre se ha sacrificado "por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia". "Un buen ejemplo es que Aragón es referente en expediente electrónico y digitalización", apunta.
No obstante, parte de su actual situación la atribuyen a los sindicatos generalistas a los que acusan de no haber velado por sus intereses. "Nos deberían representar, pero no lo hacen. Incluso han actuado en nuestra contra. Representan al resto de funcionarios judiciales. Por eso, una de sus principales reivindicaciones es el derecho a una negociación colectiva propia. "No buscamos el enfrentamiento ni con los funcionarios, ni con las asociaciones judiciales, solo pedimos respeto y dignidad para nosotros", subraya.
Uno de los mayores obstáculos para el acuerdo, como Tontxu Rodríguez dejó claro en una entrevista con HERALDO, es la llamada ‘cláusula de enganche’ con las retribuciones de jueces y fiscales, a la que el secretario de Estado se negó de forma rotunda. "Tenemos claro que no somos jueces ni fiscales, pero desarrollamos funciones desde 2009 que antes eran atribuidas a los magistrados. Como consecuencia de eso pedimos que nuestro salario se incremente cuando suba el suyo en una manera proporcional", aclara.
"Los jueces responden de sus resoluciones, autos y sentencias. De todo lo demás, nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. No menospreciamos a nadie. Pero si ponemos encima de la mesa la responsabilidad de cada uno, la nuestra está ahí", afirma.
La vocal de la UPSJ niega categóricamente la acusación de Tontxu Rodríguez de que esta sea una huelga "política". "Nuestras reivindicaciones no son por capricho. En la reforma del 2009-2010 ya se establecía que se debía retribuir mejor a los LAJ al incrementarse nuestras funciones. Hemos esperado pacientemente, pero este año, al ver que el Ministerio no cumplía lo firmado en abril de 2022 y hacer cuatro jornadas de huelga, no había otra salida", manifiesta la letrada. Niega, igualmente, que se hayan cumplido los acuerdos. "Mienten. Solo han aceptado uno de los once puntos; subir de 30 a 100 euros la retribución de las entradas y registros simultáneas, un trabajo que es muy excepcional", afirma.
