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Incertidumbre sobre el nuevo proceso para licitar la zona azul de Calatayud

La Audiencia Nacional requiere que se deje sin efecto la adjudicación de 2018 pero al mismo tiempo pide la nueva convocatoria sea "sin perjuicio de que se mantenga la vigencia y efectos del contrato existente"

El servicio de zona azul de Calatayud incluye casi 700 plazas de aparcamiento y un canon anual de 82.000 euros
El servicio de zona azul de Calatayud incluye casi 700 plazas de aparcamiento y un canon anual de 82.000 euros
MACIPE

La última adjudicación del servicio del aparcamiento regulado en la vía pública de Calatayud, conocido como zona azul, sigue deambulando por las instancias judiciales casi cinco años después de su formalización. Ahora es la Audiencia Nacional la que en un auto, fechado en octubre de este año, acuerda requerir al Ayuntamiento para que convoque "un nuevo procedimiento sin que se justifique el mantenimiento del contrato vigente hasta su resolución". La concesión se rubricó en enero de 2018 por un plazo de 10 años a la empresa Dornier, que abona un canon anual de 82.000 euros.

Sin embargo, en el documento que redactan tres magistrados de la sección seis de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se puntualiza que "procede que el Ayuntamiento convoque dicho procedimiento sin perjuicio de que se mantenga la vigencia y efectos del contrato existente hasta que se produzca la nueva adjudicación". En los fundamentos de derecho sí sostiene que "es indudable que la ejecución conlleva la anulación con efectos desde que la misma se acuerda".

El detonante de que se anulase la adjudicación de la zona azul se remonta a 2020, cuando la propia Audiencia Nacional sentenció, estimando un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que una de las cláusulas de los pliegos "vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad". Se trata de la exigencia a las empresas concurrentes de una experiencia previa de tres años en la gestión de contratos con un mínimo de 1.000 plazas en tres municipios diferentes.

En este extremo, la sala, en su último auto, subraya que en el nuevo proceso "se observen las condiciones establecidas" en la sentencia firmada hace ya dos años. Fuentes municipales concretan que los servicios jurídicos del Consistorio han solicitado una aclaración del auto que especifique si el nuevo proceso se tiene que sacar de forma inmediata o esperar hasta que acaben los 10 años, en 2028.

Desde el PSOE, Víctor Ruiz, ha recordado que en febrero de 2021 su grupo presentó una moción para instar al Ayuntamiento a cumplir con la sentencia de 2020 y que ante esta situación remitirán el expediente al Tribunal de Cuentas. "Se está cometiendo una negligencia del equipo de gobierno por no aceptar la sentencia y se están hurtando derechos a la nueva posible adjudicataria, que puede haber perdido dos años", apunta.

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