Los lanzamientos practicados por los juzgados por no hacer frente a las cuotas del alquiler muestran una tendencia alcista en Aragón y sus números superan ampliamente a los asociados a contratos hipotecarios. Según el estudio 'Los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', publicado el pasado mes por la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la Comunidad se llevaron a cabo en el segundo trimestre de 2022 un total de 267 desahucios: 69 derivados de las ejecuciones hipotecarias y 193 de ellos por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

"Los desahucios por alquiler están aumentando mucho, pero el verdadero problema está en el acceso al aquiler", advierte Concha Cano, abogada de la plataforma Stop Desahucios, al hablar de la situación que enfrentan cada vez más familias vulnerables que atienden desde esta agrupación. A su juicio, la pandemia de la covid-19 primero y la actual crisis económica derivada de la guerra de Ucrania después han agravado la ya de por sí complicada situación de muchas familias. "Nosotros tenemos bastante gente que se dedica a cuidar enfermos, a limpiar casas… gente que vivía de dinero negro. Con la crisis de la covid todo eso se ha acabado y no hay ingresos por esos lados. Hemos tenido familias que han pasado de malvivir con esos trabajos a no tener nada. Y ahora esta crisis que estamos teniendo va a agravar la situación mucho más", advierte esta abogada, que considera imprescindible volver a prorrogar la moratoria de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, y cuya última prórroga vence el 31 de diciembre de este año. 

Por otro lado, defiende que para parar esta lacra harían falta no solo ayudas económicas como plantea la nueva ley, sino más vivienda social, que es la "única posibilidad" que tienen las personas y familias vulnerables para poder alquilar. 

"El principal problema está en el acceso al alquiler, que no puden acceder. Ahora alquilar una casa es como hacer un 'casting'. Tú vas, dejas la nómina y te miran todo. Por eso toda esta gente vulnerable que vive de las ayudas sociales no puede alquilar una vivienda. Si los ingresos son de una ayuda social, directamente no entran dentro del mercado", asegura Cano, que ha comprobado de primera mano las dificultades que afrontan estas personas en el proceso. "Desde la plataforma, lo hemos intentando. Vas a una inmobiliaria, le dices tengo 900 euros de estas ayudas y te dicen que no… Por eso, las ayudas económicas que contempla la nueva ley no nos valen. Hace falta que el Gobierno o las CC. AA tengan vivienda social, que es la única posibilidad que tiene esta gente para poder alquilar", subrayan desde Stop Desahucios.

Sonia, madre de dos niños pequeños, a punto de ser desahuciada

Sonia (nombre ficticio) vive de alquiler con sus dos hijos menores de edad en un piso de Zaragoza desde antes de la pandemia. Entonces trabajaba en una tienda, lo que le permitió acceder a una vivienda de alquiler, pero ahora la situación es completamente distinta. "Mi realidad es que no tengo nómina ni posibilidad de encontrar nada... ya no solo por los precios, que están por las nubes, sino porque llevo en situación de desempleo mucho tiempo, intentando encontrar algo que me concilie la vida con los niños y el trabajo, pero no hay nada que encaje", afirma esta madre sola, que con 596 euros que percibe del Ingreso Mínimo Vital no puede afrontar todos los gastos. Ahora lleva ya tres meses sin pagar el alquiler de un piso que le cuesta alrededor de 500, y ha recibido una notificación del juzgado de que será desahuciada el próximo mes de diciembre. "He intentado que me actualicen el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero los tiempos burocráticos se hacen eternos cuando la necesidad de comer o de vivir es diaria de cada persona", lamenta a la espera de que la Justicia y los Servicios Sociales encuentren una solución a su caso.

Para ello, informan desde Stop Desahucios, es necesario que su abogado de oficio presente un escrito en el juzgado pidiendo la inclusión de esta familia en el Real Decreto-ley 37/2020 por vulnerabilidad, llevando toda la documentación pertinente. "Si realmente es vulnerable, en este momento es la única manera de que le paralicen el desahucio. Con este decreto, la mujer se quedará en casa y el propietario puede solicitar una compensación al Gobierno, prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020. Con esta medida, se hace menos daño a las partes. El problema es que mucha gente lo desconoce o no sabe que existe este decreto", concluye la portavoz de esta plataforma.