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La CHE quiere desalojar a trabajadores jubilados a los que cedió pisos gratis en Zaragoza
Algunos afectados, la mayoría octogenarios, alegan que no tienen otra vivienda. La Confederación Hidrográfica del Ebro trata de regularizar varias situaciones tras detectar abusos.
En la década de los 70 del siglo XX, los obreros que entraban a trabajar para el Canal Imperial de Aragón en Zaragoza tenían derecho a ocupar una de las viviendas que el organismo poseía y posee en la capital aragonesa. "También tenían derecho a leña en el invierno y a un trozo de huerto", cuenta Jesús S., hijo de uno de los inquilinos. Sus padres, de 84 años, llevan medio siglo viviendo en uno de los pisos de la calle Barón de la Linde, junto al canal y la avenida de San José, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Pero desde agosto están angustiados y preocupados porque recibieron una carta de la confederación en la que se les indicaba que disponían de ocho días para dejar el piso, pues ya no son trabajadores del organismo.
Como los padres de Jesús S., al menos una docena de residentes recibieron una misiva similar. La mayoría contestó con escritos alegando distintas razones para no abandonar las viviendas y algunos han acudido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) solicitando, como medida cautelar, que paralice el desalojo. «Para mis padres supondría un desarraigo total, todo su entorno de vida está aquí, y no tienen otro sitio donde ir», afirma Jesús S. Por su parte, la CHE elude pronunciarse sobre este asunto y alega que se encuentra todavía en los tribunales.
Acuerdo con Eugenio Nadal
La familia de Jesús S. vivió entre 1972 y 1990 en una casa unifamiliar en Barón de la Linde, pero la parcela fue derruida por las obras de prolongación de la avenida de San José y se la permutaron por otra en el actual número 3, donde todavía siguen. Nada se había acordado por escrito hasta que se produjo la permuta de la casa. En esa fecha hacía ya tres años, en 1986, que la empresa pública del Canal Imperial de Aragón había sido absorbida por la CHE. Los trabajadores dejaban firmado a partir de entonces por escrito que la vivienda se les entregaba hasta que se jubilaran.
Sin embargo, los afectados mantienen que hubo un pacto verbal entre el comité de empresa y el entonces presidente del organismo, Eugenio Nadal, para mejorar las condiciones. En concreto, para que pudieran seguir en los pisos los empleados ya jubilados, y para que las viudas de los fallecidos no se vieran en la calle. También se acordó que serían los descendientes los que devolvieran las llaves de la casa una vez fallecidos el empleado y su cónyuge. La única pero importante condición para todo ello era que hubiese siempre pisos disponibles para los obreros en activo.
"Cuando el trabajador fallecía, echaban a la calle a la viuda y los hijos. Nadal dijo que no se echaría a ninguna más. Tampoco se quitó el piso a los que se jubilaban porque había algunos vacíos. Y así se fueron quedando", detalla Jesús S. y corrobora Juan, otro de los afectados. Pero la situación ha cambiado y, en estos momentos, entre los candidatos al desalojo hay una mujer que se ha quedado viuda recientemente y tiene a dos hijos viviendo con ella, uno de ellos estudiando.
El pacto se había mantenido tácitamente a lo largo de los años y los inquilinos (tanto en activo como jubilados)han llevado a cabo obras de mantenimiento y mejoras en sus respectivos pisos. La CHE ha hecho lo propio con tejados, desagües y otros elementos comunes de los edificios.
Pero hace un tiempo que el organismo de cuenca detectó que se estaban produciendo abusos y se propuso acabar con ellos. Lo primero que hizo, según cuentan los residentes, es pedir declaraciones de renta y buscar información en el catastro para saber si los inquilinos contaban con propiedades en cualquier parte de España. El objetivo era conocer la situación actual de cada uno y saber si es o no de vulnerabilidad para decidir si pueden seguir viviendo allí.
Paralizado por la pandemia
Al parecer, hay quien sí cumple los requisitos y quién, por diferentes circunstancias, no. En 2019, la confederación envió distintos requerimientos a las personas que, de acuerdo con su criterio, entiende que ya no tienen derecho a esa vivienda. Los trámites se paralizaron a consecuencia de la pandemia hasta el 8 de agosto de este año, cuando la administración los reactivó. En esa fecha un grupo de residentes recibió un escrito en el que se les notificaba que tenían ocho días de plazo para abandonar los pisos y entregar las llaves.
La mayoría recurrió la decisión y tiene intención de acudir a la vía contencioso-administrativa, ya que considera que, como los padres de Jesús S., no tiene otro sitio donde ir. Sin embargo, se da la circunstancia de que hay gente que posee una casa en el pueblo porque la ha heredado, pero ni siquiera es habitable. Ante circunstancias como esta, algunos piensan plantear a la CHE otras alternativas, como la posibilidad de pagar un alquiler hasta que fallezcan y, de esta forma, se cumplan los acuerdos que fueron pactados con los trabajadores y el organismo de cuenca hace más de treinta años.
