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Dos acusados de agresión sexual se fugan antes de ser juzgados en la Audiencia de Zaragoza
Un tercero, sentenciado a 8 años por violar a una menor, podría haber huido a Canadá para no cumplir la pena
Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 54,6% en Aragón durante 2021 respecto a 2020, según datos de la Fiscalía, incremento que ya se venía detectando en años anteriores y que se ve reflejado en el número de juicios por violaciones o abusos sexuales que se celebran en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Las tres salas penales enjuician al mes una media de doce causas por este tipo de delitos. La mayoría de ellos se celebran y los acusados confían en que sus sentencias sean absolutorias. Pero últimamente se están detectando casos en los que los imputados no están dispuestos a afrontar una posible pena y deciden huir del país.
Así ha ocurrido con dos hombres que deberían haber respondido de sus acciones ante los tribunales: uno acusado de agredir sexualmente a una menor y el otro, de violar y maltratar a su mujer discapacitada. Un tercero está en paradero desconocido desde que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirmó la condena de 8 años de prisión por violar a una adolescente de 14.
La Audiencia de Zaragoza debería haber juzgado el pasado 19 de julio a Johnny Orlando E. B. como presunto autor de la agresión sexual sufrida por una menor, hija de unos amigos. El investigado había sido citado en tiempo y forma, pero al saber que se enfrentaba a una pena de 11 años se fugó. Tras no presentarse en la vista, ese mismo día el tribunal dictó una orden de busca y captura, que todavía no ha dado resultado. Lo que sí supieron los magistrados por la Guardia Civil es que había comprado una semana antes del juicio un billete de avión para Colombia.
Lo mismo ha hecho Gheorghe E., quien tendría que haber comparecido el pasado 24 de octubre ante el tribunal para responder por la presunta violación de su mujer, a la que también habría vejado durante mucho tiempo aprovechándose de su discapacidad física. El encausado se encontraba en libertad provisional por unos hechos que fueron denunciados en 2014 y, ante la posibilidad de recibir una condena de hasta 20 años de prisión, también ha decidido fugarse.
La Sección Primera ha dictado ya una orden de busca y captura para intentar localizarlo y sentarlo en el banquillo. Pero no será hasta que la Policía o la Guardia Civil den con el huido cuando se pueda volver a señalar la vista.
También está en paradero desconocido Moisés Chavarría Díaz, condenado por la Sección Tercera a 8 años de prisión por la violación de una chica de 14. La sentencia ha sido ratificada el 13 de octubre por el TSJA, pero fuentes jurídicas apuntan a que esta persona podría haberse marchado a Canadá. El fallo no es firme, puesto que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
No obstante, estas fuentes apuntan que cuando una pena es de suficiente gravedad, como lo es esta, tanto la Fiscalía o la acusación particular, o también de oficio la propia sala, puede citar al acusado a una vista para decidir si lo priva de libertad de manera preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.
Así lo hizo el pasado mes de junio la Sección Primera con el acusado Emi Pérez Novas, condenado a 14 años por violar a una niña de 11. El tribunal lo citó en la Audiencia para comunicarle el fallo y, al mismo tiempo, su ingreso en prisión preventiva. Su defensa recurrió la sentencia, pero la Fiscalía y la acusación particular entendieron que el acusado, a pesar de que tenía retirado el pasaporte y se presentaba cada viernes en el juzgado de su ciudad, no podía seguir libre a la espera de la decisión del TSJA, con el riesgo de abandonar el país.
El pasado septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó íntegramente la condena, dando la razón a la Audiencia.
Un condenado a 15 años se presentó al saber que era buscado
Las últimas fugas han puesto a prueba los reflejos de la Audiencia de Zaragoza. Y el mejor ejemplo sería lo sucedido esta semana, cuando se ordenó la busca y captura de un condenado que estaba en libertad provisional nada más saber que el Tribunal Supremo había declarado firme la pena de 15 años que se le impuso en 2019 por un delito continuado de agresión sexual.
Lo habitual en estos casos es citar al encausado a una comparecencia en la que se le comunica que tiene que ingresar en la cárcel. Sin embargo, dados los antecedentes, la Sección Primera optó esta vez por ordenar directamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedieran a la localización y arresto de Antonio Hernández Giménez. Sin embargo, no hizo falta ya que al saber de la decisión del Alto Tribunal se presentó voluntariamente el pasado jueves en el centro penitenciario de Zuera.
Los abogados no están del todo conformes con esta forma de proceder, ya que les obliga a asumir una función, que dicen, no es la suya. «Nos abocan a llamar a nuestros clientes para decirles que se presenten a toda prisa en prisión, cuando tienen todo el derecho a ser citados en tiempo y forma», comentaba esta semana un letrado.
