Zaragoza
Intervienen 11 patos sin etiquetado ni documento de trazabilidad en un restaurante de Zaragoza
La dueña del establecimiento y el encargado han sido investigados como presuntos autores de un delito leve contra la salud pública.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Zaragoza ha intervenido 11 patos destinados a consumo humano en un restaurante de la capital aragonesa. Estaban congelados, sin plumaje, metidos en bolsas de plástico sin etiquetado alguno y documento de trazabilidad.
Según ha informado este viernes el Instituto Armado, el pasado 5 de octubre el Seprona recibió una comunicación de los Servicios Veterinarios Oficiales del Servicio Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, poniendo en conocimiento que en un restaurante de Zaragoza capital se había observado a personas que introducían al local patos vivos.
Esa misma mañana un especialista del Servicio, junto a inspectores del servicio provincial del Departamento de Sanidad de la DGA, se personaron en el referido establecimiento a fin de realizar una inspección y comprobar la veracidad de los hechos. Así se entrevistaron con el encargado del establecimiento preguntándole si tenía almacenados productos o subproductos de pato y este les mostró un congelador situado en el comedor del restaurante.
"Mientras los inspectores comprobaban los productos contenidos en la cámara, el encargado se retiró a un almacén. Ante la sospecha de que su ausencia pudiera ser usada para la ocultación de alguno de los productos, el especialista del Seprona acudió al almacén, comprobando que esta persona estaba sacando patos congelados del interior de una cámara frigorífica y ocultándolos bajo una estantería", han explicado.
Tras inspeccionar la parte baja del armario, se lograron intervenir nueve patos y otros dos en el interior de la cámara frigorífica, todos ellos congelados, sin plumaje, metidos en bolsas de plástico sin etiquetado alguno, documento de trazabilidad o factura que amparase su legal procedencia.
Los patos intervenidos fueron declarados no aptos para el consumo humano por los Servicios de Sanidad, "existiendo un riesgo para la salud pública, siendo retirados por una empresa de gestión de residuos para su destrucción".
Durante la inspección, la dueña del establecimiento se personó en el lugar y reconoció que no tenía documento de compra por habérselos adquiridos "a un tercero del que desconocía su identidad".
Tal y como ha señalado la Guardia Civil, el 10 de octubre se procedió a la investigación de estas dos personas -un hombre y una mujer, de 49 y 52 años respectivamente- como presuntos autores de un delito leve contra la salud pública por productos alimentarios no aptos para el consumo.
