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Un pederasta confiesa en Zaragoza los abusos sexuales a la hija de su mejor amigo 

El acusado, para el que pedían entre 14 y 34 años de cárcel, reconoce los hechos y pacta una pena de 4 años.

El abogado Cristian Monclús conversaba ayer con el acusado en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza.
El abogado Cristian Monclús conversaba ayer con el acusado en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza.
Oliver Duch

El temor a ser condenado a una pena de entre 14 y 34 años de prisión, que eran las que pedían la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente, llevaron ayer a un pederasta a confesar que abusó sexualmente durante varios meses de la hija de su mejor amigo, una chica que por entonces tenía 13 años. El reconocimiento de los hechos harán inevitable el ingreso del acusado en la cárcel de Zuera, ya que nadie recurrirá la sentencia.

Pero el acuerdo alcanzado por la defensa con las acusaciones rebajará el castigo considerablemente, ya que la Audiencia Provincial le impondrá cuatro años por los abusos sexuales con penetración, otros cuatro meses por embaucar a la menor para que le enviara fotos desnuda y una multa de 3.600 euros por tenencia de pornografía infantil. Porque durante el registro de la vivienda del encausado, de 33 años, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional localizaron casi un millar de fotografías y vídeos de contenido pedófilo.

El tribunal ordenó ayer que el juicio se celebrara a puerta cerrada para proteger a la víctima, motivo por el que se identifica al condenado solo con sus iniciales, P. C. M., y se evita identificar el lugar donde ocurrieron los hechos. El hombre, al que asiste el letrado Cristian Monclús, había negado durante toda la fase de instrucción los abusos. De ahí que para lograr su confesión, la Fiscalía y el abogado de los denunciantes, Luis de Las Heras, tuvieran que admitir la atenuante muy cualificada de reparación del daño y la analógica de confesión. La primera, porque el pederasta ha abonado una indemnización de 36.000 euros, y la segunda, porque facilitó en su día la clave del teléfono en el que almacenaba los archivos pedófilos.

Los hechos que dieron lugar a la detención del condenado se produjeron entre 2018 y 2019, cuando, aprovechándose de la estrecha relación de amistad que le unía al padre, este empezó a cortejar a la menor. Como mantuvo siempre la Fiscalía y ha reconocido ahora el pederasta, hizo creer a la chica que estaba enamorado de ella, lo que le permitió aproximarse más a ella y empezar a someterla a tocamientos.

En el verano de 2019, la adolescente se trasladó a casa del padre para pasar el mes de vacaciones y coincidió que en la vivienda estaba de invitado el acusado de invitado. Aquello hizo que los abusos fueran incrementándose hasta que el hombre terminó obligándola a mantener relaciones sexuales completas.

Chantaje y denuncia

La situación se prolongó en el tiempo, principalmente, mediante chateos a través de la aplicación Line, donde el pederasta le seguía haciendo creer que estaba enamorado de ella y mantenían conversaciones de alto contenido sexual. Pero el hombre se quedaba a veces a dormir en casa del padre de la menor, de lo que se aprovechaba para mantener encuentros con la víctima. Durante este tiempo, el investigado decidió también chantajear a la chica, exigiéndole que le enviara fotografías suyas de carácter sexual. Y lo hacía diciéndole que de no hacerlo no podrían seguir manteniendo la supuesta relación amorosa.

Fue en octubre cuando la chica decidió contarle lo ocurrido a su madre y los dos progenitores presentaron una denuncia contra el ahora condenado. Los forenses que examinaron a la niña concluyeron que en julio de 2020 (cuando le faltaba poco para cumplir 15) aparentaba una edad menor a los 16 y mayor de 13, con lo que dedujeron que cuando ocurrieron los hechos no había duda de que aparentaba ser menor de 16, dato importante puesto que el Código Penal castiga cualquier relación sexual de un adulto con un menor de 16. La condena impedirá ahora al pederasta ejercer cualquier empleo, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo de ocho años.

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