Zaragoza pide al ministerio que extienda a todo 2023 la bonificación del 30% al transporte

Otra de las alegaciones que ha dado a conocer la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento, Natalia Chueca, ha sido que los cien millones de euros previstos por el Gobierno sean ampliables en caso de que no sean suficientes.

Varios vecinos de Zaragoza esperaban ayer el autobús con la mascarilla puesta
Varios vecinos de Zaragoza espera el autobús.
Oliver Duch

El Gobierno de Zaragoza PP-Ciudadanos, ha presentado alegaciones a las subvenciones para el transporte público del Ministerio de Transportes, Medioambiente y Agenda Urbana (Mitma), en las que pide que la bonificación del 30% no se limite al último trimestre de 2022, sino que se extienda todo 2023 porque las previsiones de un elevado IPC se prolongarán más allá de diciembre de este año.

Otra de las alegaciones que ha dado a conocer la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido que los cien millones de euros previstos por el Gobierno de España sean ampliables en caso de que no sean suficientes.

A su parecer, esta cifra no cubrirá todas las necesidades y en tal caso el diferencial lo asumirían los ayuntamientos "con el consiguiente riesgo para las arcas municipales".

Ha calculado que en función de las ayudas de 2020 la parte de los cien millones que correspondería a Zaragoza oscilaría entre un 5% y un 12%. "Esperamos -ha subrayado- un mínimo del 10%".

Sobre la forma de pago, Chueca ha pedido que la entrega a cuenta en septiembre sea para los primeros gastos y tras el primer trimestre de bonificación previsto por el Gobierno de España se haga una liquidación en el primer trimestre de 2023 sobre los gastos reales y de esta forma "evitar sobrecostes a los Ayuntamientos", en caso de que la ayuda haya sido menor de la necesaria. 

Ley del Transporte Público

"Así los ayuntamientos no sumarían el riesgo de asumir un nuevo agujero en el transporte público porque primero habría que haber hecho los cálculo y luego hacer el anuncio de la subvención y no al revés, como ha hecho el Gobierno de España", ha explicado.

Una cuarta alegación recuerda la conveniencia de elaborar una Ley del transporte público para que el Gobierno central, ha dicho Chueca, "asuma el déficit de la movilidad urbana" y se tenga en cuenta y reconozca a los ayuntamientos que favorecen la movilidad sostenible como se hace en otros países de Europa.

En rueda de prensa, Chueca ha confiado en que el Mitma asuma estas alegaciones antes de aprobar el decreto que se publicaría el próximo 15 de julio.

La bonificación en los títulos de transporte, ya sean tarjetas multiviajes o abonos, se aplicaría al pasarlas por el dispositivo del autobús o tranvía el tiempo de duración y el viajero vería que el precio del viaje se ha reducido, y volvería a su coste habitual cuando venza la bonificación. Sería una reprogramación interna de los modos de pago del autobús y tranvía, ha señalado la consejera municipal.

En este punto, ha recordado que el Consistorio zaragozano en 2020 bonificó un 7% el precio del billete para % y dos años después se mantienen el cien por cien de los kilómetros y servicios con el mismo precio sin subir el billete, incluso con un IPC por encima del 10%. Una medida que ha comparado con los gobiernos del PSOE que aplicaron aumentos de hasta el 7%. 

Datos

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad ha ofrecido datos sobre la situación del transporte urbano de Zaragoza, que en 2020 registró un déficit de 24,1 millones de euros y se recibió una ayuda del Gobierno central de 23,5 millones; en 2021 el déficit fue de 12 millones y las ayudas no han llegado, aunque se han reclamado, y la previsión de este ejercicio de 2022 es de unos 10 millones de euros de déficit.

A todo ello se añade el aumento de los costes de la energía eléctrica, que ha sido del 95% en el último año, y de los combustibles un 50%.

Además, en las ayudas al transporte por carretera han quedado excluidos los autobuses urbanos, mientras que las líneas autonómicas han recibido hasta 900 euros por vehículo.

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